El reporte sobre prácticas de derechos humanos en los países durante el 2023, realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, señala que en Nicaragua no hay cambios significativos en materia de los derechos fundamentales y mencionan algunas de las violaciones a estos derechos cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., indicó que el informe presenta una descripción fáctica y sistemática de la situación de los derechos humanos en aproximadamente 200 países y territorios.
«Al mismo tiempo, el informe muestra que los gobiernos están extendiendo sus abusos más allá de sus propias fronteras. Nicaragua: intenta presionar y castigar a los activistas exiliados confiscando sus bienes. Tayikistán: trabaja con otros países para devolver por la fuerza a defensores de los derechos humanos, abogados y periodistas que han huido al extranjero», remarcó Blinken.
El informe señala que entre los temas significativos de derechos humanos en Nicaragua resalta la «represión transnacional, contra individuos ubicados en otro país»; amenazas de violencia contra periodista y el inhabilitar a los ciudadanos para cambiar su gobierno pacíficamente, mediante elecciones libres y justas, entre otros.
Según el informe, los exiliados en Costa Rica y otros lugares alegaron acoso y represión política de parte de simpatizantes y parapoliciales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que cruzaron la frontera para «atacar a los exiliados», así como por funcionarios de Inteligencia de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica.
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El informe remarca que el gobierno no ha dado pasos para identificar y castigar a funcionarios que han cometido violaciones a los derechos humanos.
Ejecuciones extrajudiciales
En los delitos contra la integridad de las personas mencionan que cuentan con numerosos reportes de que el gobierno y su agentes cometieron ejecuciones arbitrarias, incluyendo ejecuciones extrajudiciales durante el año, las cuales son difíciles de confirmar porque el gobierno se rehusó a realizar investigaciones oficiales.
«El 19 de junio el conocido miembro de la oposición Santiago Rivera Muller fue asesinado a tiros en Trojes, en la frontera con Honduras. (…) Personas cercanas a Rivera dijeron que había recibido amenazas de muerte en las semanas anteriores a su muerte y consideraban que lo habían asesinado por motivos políticos. Rivera fue el cuarto excontra asesinado en Trojes desde el 2019», indica el informe.
Asimismo, el informe menciona los asesinatos en la Costa Caribe por temas de tierra y recursos naturales de los territorios indígenas.
Como ejemplo señalan que el 11 de marzo ocupantes ilegales mataron a tiros a cinco indígenas mayangnas e hirieron a otros dos en un ataque en Wilu, Sauni As.
El informe detalla además que el gobierno cometió violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada, tortura y tratos crueles e inhumanos durante el 2023.
