El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) ha señalado que las múltiples violaciones a los derechos fundamentales de los nicaragüenses se han facilitado por diversos factores que permitieron al gobierno instrumentalizar a los Poderes el Estado. El mandato de este Grupo de Expertos se extendió por dos años más en la reciente sesión de la Organización de las Naciones Unidas el pasado 3 de abril.
“Las violaciones y abusos a los derechos humanos que se han venido perpetrando desde abril de 2018 no son un fenómeno aislado, sino el producto de un proceso dinámico de desmantelamiento de la separación de poderes y de las garantías democráticas; de una fuerte concentración del poder en las figuras del Presidente y la Vicepresidenta de la República; y de la confusión entre el Estado y sus instituciones, y el partido de Gobierno”, señaló el Primer informe del Grupo de Expertos, publicado el 6 de marzo del presente año.
Además, este informe documentó los actos violatorios que se vienen cometiendo en los últimos casi cinco años de crisis sociopolítica y cómo han aumentado la represión en el plano civil, como el ultrajar a más de 300 personas su nacionalidad nicaragüense.
Daniel Ortega y Rosario Murillo
El GHREN destaca que tiene motivos para creer que sin las acciones de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo “las violaciones y abusos sistemáticas a los derechos humanos y los crímenes documentados en el presente informe, no se habrían realizado o se habrían realizado de una manera significativamente diferente”.
El informe señala que las decisiones para cometer actos represivos contra la ciudadanía nicaragüense que se opone al régimen dictatorial fueron directamente dadas en “El Carmen”, lugar donde se encuentra la casa de los dictadores y la casa del partido Frente Sandinista.
“Así, la pareja presidencial, las altas autoridades y funcionarios del Estado, y otras personas afines al Gobierno participaron en la comisión de crímenes y graves violaciones y abusos a los derechos humanos, como parte de una política discriminatoria de perseguir, silenciar a toda persona y desarticular de manera sistemática a toda organización cívica o política que mantenga posturas diferentes a la del Gobierno, o que sea percibida como crítica o adversaria del mismo”, indican.
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El informe destaca que el desmantelamiento de la institucionalidad democrática en el país eliminó la línea divisoria entre lo institucional y lo paraestatal, indicó que esto es “a menudo difuso”. Múltiples cargos de funcionarios del Estado que ejercen cargos públicos en simultaneo utilizan forman parte de las estructuras gremiales del Frente Sandinista, creando un solapamiento de las acciones arbitrarias.
Acceso a la justicia en terceros países
Las víctimas tienen el derecho indeclinable a la justicia y a como destaca el Grupo de Expertos, en Nicaragua estas violaciones permanecen en la impunidad por lo que los afectados han recurrido a terceros países en busca de justicia. Esto se debe al principio de universalidad que han aplicado los Estados, invocando la jurisdicción penal universal en la lucha contra la impunidad por crímenes atroces.
Aunque el gobierno de Nicaragua es consiente que tiene que acatar normas del ordenamiento jurídico, garantizar la no impunidad de dichos delitos, así como la no repetición de los mismos. Esto se debe a que el Código Penal del derecho internacional respecto a la no aplicación de amnistía o absoluciones de delitos que atenten contra el orden internacional.
El primer informe presentado por el Grupo de Expertos fue realizado sin la cooperación del Estado de Nicaragua, a como es costumbre cuando se trata de organismos de derechos humanos nacionales o internacionales, alegando que es un acto de “intervencionismo”.
El 10 de junio de 2022, los Miembros del GHREN solicitaron oficialmente una reunión entre la Representante Permanente de la República de Nicaragua ante la Oficina de las Naciones Unidas, esta carta no fue ni contestada por parte del gobierno nicaragüense. En noviembre de 2022 se realizó el segundo intento por parte del grupo de DDHH, pero este fue ignorado.
“El 28 de diciembre de 2022, el GHREN también envió cartas a la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, a la Directora Nacional de la Defensoría Pública, a la Fiscal General de la República de Nicaragua, al Director del Instituto de Medicina Legal, a la Ministra de Gobernación, al Director General del Sistema Penitenciario Nacional, y a la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, solicitando información sobre aspectos de relevancia para la implementación de su mandato. De nuevo, el GHREN no recibió respuesta ni información alguna”, indica el informe.
