El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo deportó a 222 ex presos políticos hacia Estados Unidos, para luego despojarlos de su nacionalidad, pero en las cárceles nicaragüenses aún mantiene a 37 privados de libertad y el mismo dictador indicó que estaban por “otras razones”, no “políticas”.
En las mazmorras del régimen todavía permanecen 37 privados de libertad, entre ellos diez que se encuentran desde antes del estallido de la crisis sociopolítica de abril de 2018. Para el abogado Carlos Guadamuz esta es una demostración de fortaleza.
“Debe dar señales a sus bases que todavía conserva para mostrar algún signo de fortaleza que en estos momentos evidentemente está debilitado por el reciente contexto que no le favorece”, dijo el abogado y también defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca +.
El abogado hace referencia al destierro de 222 presos políticos ocurrido el 9 de febrero, que fue catalogado como un acto de buena fe por parte del régimen dictatorial. Esta acción representó el aumento del abuso de poder del Ejecutivo sobre el poder Judicial.
La noticia se dio a conocer a través de la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua, leída por el magistrado orteguista Octavio Rothschuh. “Los sentenciados que por diversos ilícitos violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional atentando contra el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, perjudicando el interés supremo de la nación, por consiguiente se ordena la deportación inmediata y ya afectiva de 222 personas”. Además, los ultrajaron de su nacionalidad.
Ortega afirmó que la idea del destierro fue de Murillo. “Me dice Rosario, y ¿por qué no le decimos al embajador que se lleve allá a todos estos terroristas?’ Decile vos, le digo, tal vez lo escuchan allá”, relató en un acto público realizado seis horas después del arribo de los 222 ex presos políticos a suelo estadounidense.
Presos políticos, una herramienta de la dictadura
En los primeros meses de la protesta cívica del pueblo nicaragüense contra las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, las detenciones ilegales, secuestros y las capturas arbitrarias se convirtieron en una de las principales acciones restrictivas de parte del poder represivo.
Organismos defensores llegaron a contabilizar más de 200 privados de libertad en todas las cárceles del país. Con una controversial Ley de Amnistía, en junio 2019 Ortega liberó a más de 56 prisioneros que se encontraban en distintos centros carcelarios.
Sin embargo, incumplió dicha ley porque todavía permanecieron más de 80 personas en prisión. La propuesta de ley llevada a cabo por el parlamento controlado por el Frente Sandinista afirmó que se aprobaba “amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha”.
“El gobierno de Daniel Ortega mantiene su constante falta de voluntad por resolver la grave crisis de derechos humanos y poner fin a la represión. Es lamentable que centenares de personas en Nicaragua hayan sido detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica y que, a más de un año del inicio de la crisis, decenas de ellas sigan encarceladas. Todas estas personas deberían estar ya en libertad y sin cargos”, afirmó en ese entonces Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Los que no liberó
Según el Mecanismos para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en su informe del mes de febrero de 2023, quienes todavía permanecen en las cárceles del régimen son 37 opositores, diez de ellos se encuentran detenidos por conflictos previos a la crisis de abril de 2018. Y recientemente monseñor Rolando Álvarez fue apresado.
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Recientemente fotos del religioso fueron exhibidas a través de los medios de comunicación oficialistas, no se tuvo noticias de él en 43 días luego de que fuera confinado en La Modelo, al negarse a ser “liberado”.