La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) mencionó ayer al menos tres aspectos de la nueva Constitución sandinista que considera altamente preocupantes debido a la vulneración de derechos humanos que conllevan estos cambios.
El pasado 19 de febrero entró en vigor la nueva Constitución sandinista, que la dictadura impuso. Aunque el régimen la promovió como una reforma parcial, modifica más de 100 artículos, transforma el Estado, elimina el equilibrio de poderes y otorga un control absoluto a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El representante adjunto de la Oficina Regional de la Oacnudh, Andrés Sánchez Thorin, señaló que uno de los cambios más alarmantes es la eliminación de los artículos 33 y 34, que establecían principios fundamentales del debido proceso y garantías judiciales mínimas.
“La eliminación de estas garantías fundamentales del debido proceso es motivo de profunda preocupación, especialmente en un contexto donde nuestra oficina sigue documentando patrones de detenciones arbitrarias y violaciones a los principios del debido proceso”, advirtió Sánchez durante el evento Nicaragua: nueva arquitectura constitucional, legislación represiva y su impacto para los derechos humanos, en el marco del 58° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.
Detenciones arbitrarias
Sánchez explicó que los nuevos artículos incluyen la obligación de respetar el debido proceso y la prohibición de detenciones arbitrarias, pero omiten elementos esenciales, como el derecho a conocer los cargos penales, el plazo máximo de 48 horas para presentar a una persona detenida ante un juez, la publicidad de los juicios y el derecho a una defensa adecuada.
“La ausencia de estas salvaguardas en la nueva norma fundamental del país podría incrementar el riesgo de que más personas sean víctimas de violaciones a sus derechos, además de exponerlas a detenciones arbitrarias sin garantías procesales”, agregó.
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Eliminación de la prohibición de la tortura
Sánchez también destacó como alarmante la derogación del artículo 36 de la Constitución, que garantizaba expresamente la prohibición de la tortura.
“Ahora solo se menciona de manera genérica el derecho a la integridad física, psíquica y moral. ¿Por qué es preocupante? Porque se ha documentado que la tortura ya era una práctica en los centros de detención de Nicaragua, incluso cuando estaba expresamente prohibida por la Constitución”, explicó.
Según Sánchez, la Oacnudh ha registrado múltiples casos de tortura desde 2018. “Si con una prohibición explícita las autoridades no han podido garantizar su erradicación, su eliminación podría enviar un mensaje muy peligroso, promoviendo aún más la impunidad y contradiciendo por completo las garantías de no repetición”, advirtió.
Constitución provoca retroactividad y vacío legal
Otro de los puntos señalados por Sánchez es la aplicación inmediata de la nueva Constitución, lo que, a pesar de que se menciona la no retroactividad de las leyes, genera un vacío legal y altera el orden constitucional e institucional del país.
“Un ejemplo de esto es la reciente firma de decretos por parte de una copresidenta, a pesar de que no ha habido una elección para dicho cargo. Esto se ha justificado con base en la nueva figura creada por la reforma constitucional. Sin embargo, la Ley Electoral aún no ha sido modificada para integrar esta figura, lo que contradice el principio de legalidad y refuerza la concentración de poder sin base constitucional”, subrayó.
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Además, advirtió que las elecciones, originalmente previstas para noviembre de 2026, podrían retrasarse hasta 2027 sin que hasta el momento se haya anunciado un proceso de reforma electoral transparente y participativo.
Falta de separación de poderes en la nueva constitución
A estos cambios se suma la eliminación de la separación de poderes. La Presidencia ahora coordina el Poder Legislativo y el Poder Judicial, lo que socava gravemente la independencia judicial y debilita aún más las garantías de un juicio justo.
“La aplicación de esta reforma genera una grave incertidumbre jurídica. Los cambios introducidos en la Constitución no solo restringen garantías fundamentales del debido proceso y limitan el acceso a la participación política, sino que también institucionalizan estructuras de control”, añadió Sánchez.
Derechos ciudadanos subordinados a la ideología del régimen en la nueva constitución
Aunque Sánchez no lo mencionó en su disertación, especialistas consultados anteriormente por LA PRENSA advirtieron que la nueva Constitución sandinista subordina los derechos ciudadanos a los llamados «principios fundamentales» en al menos 12 artículos.
Estos principios, que en teoría deberían garantizar el funcionamiento democrático del Estado y el respeto a los derechos humanos, han sido reinterpretados en favor del Gobierno, eliminando valores esenciales como la justicia y la dignidad. Como consecuencia, derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libre organización y la manifestación pública quedan supeditados a la adhesión a estos principios, lo que otorga al régimen un amplio margen de discrecionalidad para restringir libertades bajo el argumento de preservar la paz o la seguridad.
El artículo 5 de la Constitución garantizaba el pluralismo político, asegurando la libre organización y participación de todos los partidos en los procesos electorales y en la vida económica, política y social del país. Sin embargo, en la nueva Constitución promovida por el sandinismo, esta garantía ha sido eliminada y sustituida por un vago concepto de “pluralismo cultural y social”, lo que deja fuera el principio de competencia política y restringe la diversidad ideológica en la nación.
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La dictadura reacciona con represalias y ordena la salida del Consejo de DD.HH.
La vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció que el canciller Valdrack Jaentschke notificó al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Jürg Lauber, la decisión de Nicaragua de retirarse del organismo internacional, tras rechazar un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos (GHREN) que señala la responsabilidad de la Policía, el Ejército y los dictadores Ortega y Murillo en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
“Por tal razón, Nicaragua transmite su decisión de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y sus mecanismos satélites”, declaró Murillo.
El miércoles, el GHREN presentó un informe en el que detalló la cadena de mando en la represión de las protestas de 2018. Según el Grupo de Expertos, enviaron al menos 16 misivas al régimen para obtener información sobre los casos investigados, pero no recibieron respuesta.
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El informe profundiza en las instituciones y personas responsables de los principales patrones de violaciones de derechos humanos, abusos y crímenes de lesa humanidad perpetrados en el país desde abril de 2018. Entre las instituciones responsables, menciona al Ejército de Nicaragua y la Policía.
A pesar de que el Ejército de Nicaragua ha afirmado públicamente que su papel durante las protestas se limitó a la protección de bienes estratégicos y ha negado su participación en la represión, el informe del GHREN asegura que obtuvo información creíble de que el Ejército participó en la represión utilizando armas letales en coordinación con la Policía y grupos paramilitares.
