La vocera de la dictadura, Rosario Murillo, anunció que el canciller Valdrack Jaentschke notificó al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jürg Lauber, que Nicaragua se retira del organismo internacional, tras rechazar un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos (GHREN) que señaló la responsabilidad de la Policía, el Ejército y los dictadores Ortega y Murillo en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
“Por tal razón, Nicaragua transmite su decisión de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, dijo Murillo.
El miércoles, el GHREN presentó un informe en el que detalló la cadena de mando en la represión a raíz de las protestas de 2018. Sin embargo, el Grupo de Expertos asegura que envió al menos 16 misivas al régimen para obtener información alrededor de los casos que se investigaron, pero no recibió respuestas.
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Comunicación enviada por Nicaragua. LA PRENSA
Comunicado de Jaenstchke descalifica al GHREN
El comunicado leído por Murillo acusó al Consejo de Derechos Humanos de tener «doble rasero», al igual que señala que tanto el Consejo como el GHREN politizan los derechos humanos.
“El informe del autodenominado Grupo de Expertos que Nicaragua no reconoce, al igual que los informes anteriores, declaraciones, comunicados, son una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos usándolos como pretextos para injerencia en los asuntos internos de los Estados y para irrespetar la soberanía nacional”, dijo Murillo.
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Dictadura asegura que el Consejo entorpece el progreso de Nicaragua
En su alocución, Murillo aseveró que estas medidas del Consejo entorpecen el progreso del país al desprestigiar al régimen.
“Estos mecanismos se constituyen como no solamente en verdaderos métodos y plataformas políticas para desprestigiar la labor de nuestro gobierno, sino que también son un obstáculo para el desarrollo económico y social del pueblo nicaragüense”, dijo Murillo.
Responsabilidades del Ejército
El GHREN presentó el miércoles 26 de febrero un nuevo informe en el que profundiza en las instituciones y personas responsables de los principales patrones de violaciones de derechos humanos, abusos y crímenes de lesa humanidad perpetrados en el país desde abril de 2018. Entre las instituciones responsables, menciona al Ejército de Nicaragua y la Policía.
Pese a que el Ejército de Nicaragua aseveró públicamente que su papel durante las protestas se limitó a proteger bienes estratégicos, negando su participación en la represión, el informe del GHREN asegura que obtuvo información creíble de que el Ejército participó en la represión utilizando armas letales en coordinación con la Policía y grupos paramilitares.
El GHREN señala que el 20 de abril de 2018 se celebró una reunión en la que participaron oficiales en activo del Comando de Operaciones Especiales y de las Direcciones de Doctrina y Enseñanza, Inteligencia y Contrainteligencia Militar, Personal y Cuadros. En dicha reunión se afirmó que el país enfrentaba un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales. Además, menciona que el jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, Bayardo Rodríguez, leyó una orden presidencial en la que se instaba a los jefes de las distintas unidades militares a “neutralizar” a los implicados en las manifestaciones.
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“El Grupo estableció que el Presidente y la Vicepresidenta ordenaron a la Policía Nacional, al Ejército Nacional y a los grupos armados progubernamentales que reprimieran violentamente las manifestaciones como parte de una estrategia diseñada para conservar el poder a toda costa”, señala el informe.
De esta manera, el comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés, ordenó la participación de militares en la represión de las manifestaciones, pese a no tener competencia en materia de seguridad pública, mientras que el entonces subdirector de la Policía y actual primer comisionado, Francisco Díaz, permitió que agentes policiales utilizaran fuerza letal contra los manifestantes.
Vigilancia
Entre los hallazgos el Grupo menciona que el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) interceptó comunicaciones de forma ilegal, mientras que instituciones como el Ministerio de Salud (Minsa) utilizaron los censos para perseguir a disidentes, y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) identificó cuentas bancarias a embargar como represalia.
La estructura, según el GHREN, está compuesta principalmente por miembros del Ejército Nacional, Policía Nacional, Ministerio del Interior, Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Ministerio de Salud (Minsa) y grupos paramilitares, y emplea centros de cómputo instalados en cada municipio.
El GHREN comprobó que la Policía dispone de un centro de información e inteligencia, el cual reporta al comisario responsable de la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial y se utiliza para identificar y obtener información sobre opositores con el fin de vigilarlos, amenazarlos y acosarlos.
“La Dirección de Información para la Defensa del Ejército tiene acceso ilimitado a este centro. Personal de la Dirección de Auxilio Judicial —que depende de la misma Subdirección— y del Sistema Penitenciario Nacional también recaban información durante los interrogatorios”, señala el informe.
