El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha señalado que jueces, autoridades del Sistema Penitenciario Nacional y el director de la Policía, Francisco Díaz, cometieron crímenes de lesa humanidad al ordenar actos de tortura contra opositores detenidos arbitrariamente desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018. La represión, lejos de disminuir, ha evolucionado a lo largo de los años, consolidando un sistema de persecución que sigue operando con métodos cada vez más sofisticados.
“Además, el Grupo tiene motivos razonables para creer que se han perpetrado desapariciones forzadas de varios meses durante la cuarta fase de la represión como parte del ataque sistemático y generalizado, las cuales constituyen, prima facie, un crimen de lesa humanidad”, señala el informe publicado ayer y que será presentado el próximo viernes 28 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Grupo asegura que también cuenta con razones fundadas para considerar que estos delitos, incluidas las desapariciones forzadas, así como la acumulación de actos graves, ilícitos y prohibidos que resultan en la violación de derechos humanos fundamentales, continuaron cometiéndose de manera deliberada en el marco de una política discriminatoria durante el período abarcado por el informe.
“Estos actos constituyen, en principio, el crimen de lesa humanidad de persecución por razones políticas”, señala.
El informe destaca que fiscales, jueces, policías y autoridades penitenciarias se aseguraron de que estos actos permanecieran ocultos, impidiendo a las víctimas el acceso a sus familias, abogados y recursos legales.
Procesos de detención arbitraria
El GHREN señala a la Policía, a las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional y a grupos paramilitares como responsables de cometer actos de tortura, violencia sexual y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas de forma arbitraria.
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El informe expone que en la mayoría de los casos documentados, las personas arrestadas arbitrariamente fueron llevadas primero a comisarías departamentales y posteriormente trasladadas a centros de detención en Managua, en particular a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (“el viejo Chipote” en 2018 y “el nuevo Chipote” desde 2019) y a la delegación del Distrito III en Managua (desde 2023).
No obstante, algunas personas fueron llevadas a lugares de detención secretos. Luego de las audiencias, los hombres suelen ser enviados al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, y las mujeres a La Esperanza. El GHREN señala que un número importante de opositores fueron recluidos en “la 300”.
Francisco Díaz ordenó tratos discriminatorios
El informe indica que el director de la Policía, Francisco Díaz, y uno de los subdirectores de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional —cuyo nombre no se menciona— dieron instrucciones a los directores de las prisiones del país para que aplicaran un trato discriminatorio a los detenidos por motivos políticos. En muchos casos, esto significó que fueran sometidos a actos equivalentes a malos tratos e incluso tortura.
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Además, menciona que los jueces, siguiendo órdenes de la pareja gobernante transmitidas en 2018 a través de la fiscal general, Ana Julia Guido, y a partir de 2019, a través de los secretarios políticos en la Corte Suprema de Justicia, desestimaron las denuncias presentadas por la defensa sobre los actos de tortura.
La Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional y el Ministerio del Interior ordenaron a los directores de las prisiones que ignoraran las resoluciones de hábeas corpus, incluidas aquellas que permitían la realización de evaluaciones médicas forenses y el acceso a información sobre las condiciones de detención.
La Fiscalía y la Policía
El Grupo de Expertos señaló que el Ministerio Público y la Policía actuaron en complicidad para demorar la presentación de detenidos con evidentes signos de tortura ante las autoridades competentes, permitiendo así que las pruebas físicas de los malos tratos se atenuaran con el tiempo.
El informe también indica que los tribunales penales desoyeron de manera sistemática las denuncias de la defensa sobre torturas y tratos inhumanos bajo custodia. Por su parte, el Tribunal de Apelaciones de Managua rechazó o dilató repetidamente las solicitudes de habeas corpus, impidiendo evaluaciones médicas forenses y el acceso a información sobre las condiciones de detención.
