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La elección de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de los cuales tres tienen antecedentes de violaciones a derechos humanos, es una ofensa de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las víctimas de la represión, según abogados de derechos humanos consultados por LA PRENSA.
La decisión legislativa culmina la reconfiguración total del sistema de justicia para adecuarlo a la arquitectura de poder diseñada por la nueva Constitución sandinista, que subordinó todos los órganos del Estado al Ejecutivo. El resultado es una Corte al servicio directo de la pareja dictatorial con la figura de Murillo encumbrada por su marido.
«Esto es muy ofensivo para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en Nicaragua. (A los nuevos magistrados) Se les recompensa por su lealtad a la dictadura. Esto solo refuerza la idea de que el régimen autoritario mantiene a todas las personas bajo control y sin libertad. Eso se llama totalitarismo», sostuvo Paulo Abrāo, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en declaraciones a LA PRENSA.
Abrāo encabezó la misión que investigó la represión violenta cometida por el régimen de Ortega contra ciudadanos nicaragüenses en 2018. El abogado brasileño dijo que la dictadura de los Ortega Murillo le da la espalda a la comunidad internacional con el único interés de mantenerse en el poder en un «gobierno paria internacional».
En febrero, la nueva Constitución permitió nivelar jerárquicamente a Ortega y Murillo como «copresidentes», fortaleció el aparato represivo, aumentó a seis años el período presidencial-antes era de cinco- y eliminó la independencia de todos los poderes del Estado, incluido a la justicia. El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, que ha investigado la situación de Nicaragua, llevó el caso en octubre a la Asamblea General y pidió acciones ante La Haya.
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«Ya son magistrados», celebra Murillo
Los elegidos son Ana Julia Guido Ochoa, Shura Bonilyn Welcome Crawford, José Manuel Fuertes Toledo, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía y Octavio Ernesto Rothschuh Andino. Murillo dijo en su alocución a inicios de la tarde que estos funcionarios «ahora son magistrados de la Corte Suprema de Justicia». Una celebración discreta, expresada durante una serie de anuncios del oficialismo, entre capacitaciones, feriados nacionales, emprendimientos y manipulación religiosa. «Vamos adelante compañeros, agradecidos al Padre Celestial con tanta bendición», afirmó.
Antes de la intervención de Murillo, los magistrados fueron ratificados en un procedimiento exprés por una comisión parlamentaria controlada por el Frente Sandinista. La Asamblea, en términos generales, cumplió con el guion del Ejecutivo. El dictamen afirmó que los candidatos no presentaban inhabilidades, a pesar de las sanciones internacionales y los señalamientos documentados por organismos de derechos humanos.
Entre los ascendidos se encuentra la exfiscal general Ana Julia Guido, sancionada por Estados Unidos en 2020 por la fabricación de causas judiciales contra opositores. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) documentó que recibía instrucciones directas de Ortega y Murillo, o a través del asesor Néstor Moncada Lau, el asesor presidencial para temas de seguridad.
También fueron premiados los magistrados de apelaciones Ernesto Rodríguez y Octavio Rothschuh, sancionados en 2023 por ejecutar el despojo masivo de la nacionalidad de centenares de opositores. Según el GHREN, ambos garantizaron la fabricación de casos y la privación arbitraria de la nacionalidad y de los bienes de cientos de críticos del régimen.
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Premios a la lealtad
La designación de cinco nuevos magistrados, tres de ellos bajo sanciones internacionales y con antecedentes documentados de abusos, confirma el rumbo del régimen. A consideración del abogado especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, la CSJ se convierte en un engranaje más del proyecto totalitario de Ortega y Murillo y cualquier persona que disienta del poder queda fuera de toda protección.
«Estos nombramientos son un premio, sin lugar a dudas, a la lealtad de los jueces que fueron una extensión de la política de represión y persecución que ha implementado el régimen», expresó Pineda.
No obstante, señaló que la administración de justicia cotidiana puede seguir existiendo, pero únicamente para quienes no tienen intereses contrapuestos al régimen.
«No es que se mate toda la justicia. Lo que ocurre es que se cierra cualquier espacio de justicia independiente en el país», afirmó.
Dictadura ya no necesita pactos
A criterio de Pineda, la dictadura consumó el desmantelamiento de la CSJ que surgió a raíz del pacto entre Ortega y el caudillo liberal Arnoldo Alemán en el año 2000, con el que se repartieron cuotas en los poderes del Estado, lo que a su vez, provocó la decadencia en la democracia del país.
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«Los magistrados que fueron retirados representaban arreglos políticos heredados del pacto Alemán Ortega. El régimen ya no necesita esos acuerdos y por eso hay un cambio de página. Para algunos de ellos, esta salida puede haber significado un alivio. Muchos funcionarios no tienen la opción real de renunciar sin ser catalogados como traidores o sin exponerse a represalias», puntualizó Pineda.
Los nuevos nombramientos coincidieron con la salida de los magistrados liberales Manuel Martínez Sevilla y Virgilio Gurdián, así como el sandinista Armengol Cuadra. Días antes, quienes renunciaron alegando «motivos de salud» fueron las ahora exmagistradas Yadira Centeno y Ellen Joy Lewin Downs.
Según la Constitución, que instala la copresidencia de Murillo, la Corte Suprema de Justicia está integrada por diez magistrados. Los otros serían los sandinistas Marvin Aguilar, Juana Méndez, Armando Juárez, Gerardo Arce Castaño y Alba Luz Ramos. En este último caso, aunque no se ha informando de ninguna renuncia, su oficina fue desalojada desde finales de octubre de 2023.
