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Las «renuncias» de las magistradas Yadira Centeno y Ellen Joy Lewin Downs, quienes alegaron problemas de salud, pusieron fin a un sistema en que Daniel Ortega era quien moldeaba en solitario a la Corte Suprema de Justicia, el órgano superior que se repartió con su socio político Arnoldo Alemán durante años y que llegó a dominar en su totalidad, mientras consolidó su dictadura.
La nueva Constitución sandinista entró en vigor en febrero de este año y puso a Rosario Murillo al mismo nivel jerárquico de su esposo al nombrarla «copresidenta», pero además facultó a la Presidencia bicéfala para proponer el nombramiento de futuros magistrados. Este sistema ha sido sido clave en el pasado para los intereses políticos de Ortega, incluido la persecución de opositores desatada a partir de 2018.
El máximo tribunal de justicia debería estar integrado por diez miembros, pero había ocho hasta las renuncias recientes. Actualmente continúan en sus cargos Juana Méndez Pérez, Armengol Cuadra López, Armando Juárez y Gerardo Arce Castaño, al igual que Marvin Aguilar García —de quien se rumoró que había caído en desgracia—, pero reapareció en agosto de este año juramentando a 25 abogados y notarios públicos.
«Comiendo los alfiles sin prisa»
Además de la renuncia de Centeno y Lewin Downs, extraoficialmente se ha informado sobre la salida desde octubre de 2023 de Alba Luz Ramos, antigua presidenta de la CSJ. Eso deja a la institución con cinco vacantes, según el nuevo diseño planteado en la carta magna.
“Lo que está pasando en el Poder Judicial es un buen indicador de la purga que se está haciendo. Esto es parte del proceso de sucesión política y la dictadura se ha ido comiendo los alfiles uno por uno, sin prisa, pero tampoco sin pausa. Aunque ahora, parece que el acelerador se incrementa”, consideró el politólogo José Antonio Peraza, quien no descarta que la decisión de la reconfiguración judicial recaiga directamente en Murillo.
Peraza explicó que las disputas internas entre Ortega y Murillo provocaron la permanencia de esas vacantes hasta el nuevo contexto, en que la balanza se inclina hacia ella.
El fin de la repartición Ortega-Alemán
El empoderamiento de Murillo acabó con el esquema de repartición de cargos que benefició a Ortega y Alemán en el año 2000. Entonces, se repartieron cuotas de poder en los distintos órganos del Estado, incluido el poder judicial.
En 2014, todas las magistraturas eran del FSLN. La última designación de magistrados de la CSJ ocurrió en 2022, cuando Ortega y Murillo reeligieron a Ramos como presidenta y a Marvin Aguilar como vicepresidente, mientras mantuvieron al menos cinco vacantes de los 16 cargos que en ese momento estaban previstos en la Constitución. Finalmente, la carta magna de la «copresidenta» daría lugar a un nuevo esquema de poder. Los magistrados ejercerán por un período de seis años.
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A partir de estas renuncias y cambios forzados, la gran duda para los analistas es quién asumirá los cargos necesarios para completar el nuevo esquema.
“Ellos van a proponer a quien quieran y la Asamblea va a aprobar a quien quiera”, sostuvo Peraza. Pero insiste en que esas vacantes prolongadas nunca han representado un problema para la dictadura.
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El terremoto de 2023 aceleró el colapso
En 2023, la dictadura inició el desmantelamiento de la estructura judicial que ya controlaban. Así dieron paso al nuevo diseño institucional. En ese contexto, en octubre de ese año se reportó el supuesto desalojo de Alba Luz Ramos y Yadira Centeno de sus oficinas, con un posterior traslado a las oficinas de la Dirección de Auxilio Judicial en el Chipote.
Desde entonces, Ramos no ha aparecido en actividades oficiales de Ortega, a las que solía asistir. No existe una renuncia oficial ni un decreto que la separe del cargo. Otros cambios importantes a lo interno de la CSJ han sido la «renuncia» de la magistrada Ileana Pérez en 2022 y el encarcelamiento del antiguo vocero de la CSJ, Roberto Larios. Este último fue desterrado del país, junto a otros 221 presos políticos, el 9 de febrero de 2023.
“El sistema que nació del pacto hace rato colapsó. Lo que pasa es que este es un sistema clientelar, donde los funcionarios son como sanguijuelas que lo que hacen es lucrarse del Estado”, señaló Peraza.
Estocada final al acceso a la justicia
El absoluto control del poder judicial de la familia dictatorial tiene un impacto directo en la ciudadanía, que enfrenta un sistema completamente alineado a los intereses del régimen, incluso en casos que no tienen índole política.
“El acceso a la justicia para los nicaragüenses no existe. Si antes ya era limitado por la subordinación del poder judicial, ahora, al erradicar por completo la independencia judicial y subordinarlo al Ejecutivo —que además es una dictadura que ha politizado todo—, prácticamente no hay justicia”, consideró el abogado Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
