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Como represalia por el rechazo de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a los candidatos que proponía el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para asumir la Secretaría General (SG), la dictadura suspendió por primera vez en la historia el pago de sus obligaciones ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) en 2024, antes de salirse del organismo, lo que puso en grave riesgo la operación de la instancia, cuya sede está en Managua, según documentos oficiales del Parlamento Centroamericano (Parlacen) a los que tuvo acceso LA PRENSA.
La medida, a criterio de un especialista consultado bajo condición de anonimato, también pudo deberse a que el régimen sabía que la CCJ no emitiría una opinión consultiva a su favor para presionar al resto de países del SICA a aceptar los candidatos a la SG propuestos por la dictadura de los Ortega Murillo.
A Nicaragua le corresponde proponer candidatos para la SG del SICA para el período 2022-2026. En noviembre de 2022 resultó electo Werner Vargas, pero renunció un año después sin conocerse los motivos. Desde entonces, el régimen Ortega Murillo ha presentado al menos cinco ternas, incluyendo al canciller Valdrack Jaentschke, que los países del SICA rechazaron, aseverando que no reúnen las cualidades necesarias para el cargo.
Según la Opinión de Valoración sobre la ejecución presupuestaria de 2024 de la CCJ, presentada el 23 de octubre de 2025 por la Comisión de Macroeconomía y Finanzas del Parlacen, en poder de este diario, en la sesión de Corte Plena del 26 de julio de 2023 se aprobó el presupuesto para el funcionamiento de la CCJ para 2024, por un monto de 2.16 millones de dólares, similar al presupuesto del año anterior.
Impagos por no colocar candidatos en el SICA
Sin embargo, este presupuesto se cumplió solo en un 68.71 por ciento, puesto que Nicaragua, uno de los tres países que aportan a la CCJ —organismo regional que forma parte del SICA—, no pagó sus cuotas, lo que obligó a la instancia a “implementar medidas de emergencia en 2023 que también se mantuvieron en el año 2024”, incluyendo despidos y la suspensión de cuotas de seguros de vehículos. El documento señala categóricamente que esta situación se debió a la crisis generada por la SG del SICA.
“Esta situación presentó un nuevo reto para la Corte y, según el informe, este retraso en el pago se originó por no haber sido nombrado el candidato propuesto por el Estado de Nicaragua para el cargo de Secretario General del SICA”, señala el documento.
Fuentes consultadas por LA PRENSA confirmaron que Nicaragua tampoco ha pagado la cuota que le corresponde para el año en curso en el Parlacen.
CCJ no reaccionó como el régimen esperó
Ante el rechazo de la terna encabezada por el canciller Denis Moncada Colindres, que el régimen presentó ante los países del SICA para el cargo de la SG el 11 de noviembre del año pasado, el 29 del mismo mes el también canciller de la dictadura, Valdrack Jaentschke, amenazó mediante una misiva a los cancilleres de Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana con tomar medidas ante el rechazo de la terna.
El 10 de diciembre, Jaentschke presentó a la CCJ una “solicitud de opinión consultiva” como respuesta al rechazo, señalando que los países del SICA estaban “obstruyendo” la elección del nuevo secretario general.
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Aunque se desconoce la resolución de la opinión consultiva de la CCJ, los magistrados tenían 60 días para responder. El 18 de marzo de este año, el régimen Ortega Murillo anunció su retiro de la CCJ alegando que no se habían cumplido los propósitos originales de su creación como órgano judicial de carácter regional.
La decisión ocurrió el mismo día en que la Asamblea Nacional aprobó la renuncia de la sandinista Juana Méndez a su cargo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, mientras Gustavo Porras, presidente del Legislativo, anunció que Méndez era candidata al cargo de presidenta de la CCJ. Esta medida se dio a conocer horas después de que la dictadura no lograra imponer a sus candidatos en la presidencia del SICA, entre los que destacaban los sandinistas Denis Moncada, Arling Patricia Alonso y Johanna Vanessa Flores.
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Apuros económicos
Según el artículo 32 del Protocolo de Tegucigalpa y los artículos 41 y 42 del Convenio de Estatuto de la CCJ, cada país debe aportar partes iguales a la instancia. De tal manera que El Salvador, Honduras y Nicaragua aportan un total de 2.162 millones de dólares, es decir, 720,946.61 dólares cada país, fondos destinados a sus operaciones. Sin embargo, el presupuesto de la Corte también puede incluir ingresos por donaciones.
Debido a la falta de pago de Nicaragua, la CCJ implementó medidas de emergencia en 2023 y 2024, como la no renovación de la flota vehicular para magistrados y funcionarios, suspensión de la partida de mantenimiento de vehículos, suspensión de la cuota del seguro de la flota vehicular, cancelación de plazas de conductores y eliminación de la cuota de combustible.
Además, se congeló la partida de viáticos, se redujo el horario de trabajo para economizar el consumo de servicios básicos y no se repusieron las plazas administrativas que fueron canceladas por renuncias en años anteriores.
Esta tendencia se relaciona con la falta de pago de las cuotas por parte de dos Estados miembros (primero El Salvador, que se puso al día el año pasado y Nicaragua), lo que obligó a la Corte a aplicar medidas administrativas de emergencia que permitieron generar ahorros sustanciales para garantizar la sostenibilidad y funcionamiento de la institución en 2024, así como preparar fondos para 2025.
No obstante, la Comisión de Macroeconomía y Finanzas del Parlacen recomendó a la CCJ no suspender el pago de las cuotas de seguro y del servicio de mantenimiento de la flota vehicular, advirtiendo que dicha medida puede acarrear graves consecuencias en caso de accidentes o robo de vehículos.
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El Salvador solventó a la CCJ en 2024
El informe menciona que la CCJ pudo solventar el déficit causado por Nicaragua gracias al pago de cuotas pendientes de El Salvador correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022. “Esta situación permitió compensar la falta de recursos por el no pago de Nicaragua”, dice el documento.
En total, El Salvador entregó el año pasado 1.60 millones de dólares a la CCJ por cuotas atrasadas de tres años.
La CCJ también logró superar el déficit —y sobrepasó el presupuesto aprobado alcanzando 2.32 millones de dólares en ingresos— mediante ingresos financieros no detallados, venta de activos no corrientes en desuso y “otros ingresos”. La institución señala que esto le permitió solventar el déficit y “preparar fondos para 2025”.
Del presupuesto de 2.16 millones de dólares, el 46.31 por ciento se destinó al pago de sueldos de cargos permanentes, equivalentes a un millón de dólares, aunque solo se pagaron 780,623.78 dólares. La CCJ asevera que, aunque el porcentaje del presupuesto destinado a salarios parezca alto, las funciones del organismo requieren la contratación de profesionales especializados.
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Diputado sandinista dice que todo está bien
Finalmente, la Comisión de Macroeconomía y Finanzas del Parlacen —cuyo vicepresidente es el diputado de la dictadura José Antonio Zepeda López— dar su visto bueno firmó las conclusiones del informe que señala que la gestión financiera de la CCJ refleja “un manejo responsable de los recursos asignados”, pese a que fue el propio régimen de Ortega y Murillo quien desestabilizó el presupuesto de la Corte.
Las conclusiones del informe no incluyen ninguna recomendación a Nicaragua por el incumplimiento de sus obligaciones con la CCJ, cuando aún formaba parte del organismo.
