Nueve meses después de la entrada en vigor de la nueva Constitución, que subordinó a los poderes del Estado a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, el régimen avanzó en el desmantelamiento del antiguo poder judicial. Este jueves 20 de noviembre, la Asamblea Nacional —controlada por el régimen— aceptó las “renuncias” de dos magistradas del FSLN en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Yadira Centeno González y Ellen Joy Lewin Downs. En cartas separadas, con fecha del 18 de noviembre, ambas alegaron “motivos de salud”.
Las misivas fueron leídas en el plenario y aprobadas de forma unánime por los 91 diputados sandinistas. Con estas salidas, quedan oficialmente vacantes cinco de los diez cargos de magistrados que establece la nueva Constitución, vigente desde febrero.
Hasta este momento, los magistrados que la dictadura mantiene oficialmente en sus cargos son los sandinistas Marvin Aguilar, Armengol Cuadra, Gerardo Arce, Armando Juárez y Juana Méndez.
Renuncia «en combo» de dos magistradas de la CSJ. LA PRENSA.
Purgas
En 2023, la dictadura emprendió el desmantelamiento de la CSJ, que estaba bajo control del partido de gobierno, para dar lugar a una nueva estructura. En ese contexto, en octubre de ese año se informó incluso del supuesto desalojo de Alba Luz Ramos (expresidenta de la institución) y de Yadira Centeno de sus oficinas para su posterior traslado al Chipote.
Desde entonces, Ramos no ha vuelto a aparecer en actividades oficiales de Ortega, a las que solía asistir. No existe una renuncia oficial ni una disposición de la dictadura que la separe del cargo. Antes, la dictadura encarceló al antiguo vocero de la CSJ, Roberto Larios, y luego lo expulsó del país junto a 221 expresos políticos, el 9 de febrero de 2023.
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Antes de la oficialización de diez magistrados en el poder judicial en febrero, la CSJ llegó a tener 16 magistrados que fueron elegidos en abril de 2014. Pero tres murieron, otros tres «renunciaron» y el Legislativo subordinado a Ortega no volvió a convocar a ninguna elección. En 2022, uno de los casos más sonados de dimisiones fue el de Ileana Pérez, quien alegó también «problemas de salud» para irse, mientras se filtró a los medios de comunicación que había sido interrogada en la Dirección de Auxilio Judicial.
Reducción de la CSJ
Las purgas redujeron la operatividad de la CSJ y abrieron el camino a las reformas constitucionales, mediante las cuales el Ejecutivo se atribuyó la facultad de “coordinar” a los otros poderes del Estado. En esa misma norma, el régimen elevó a Rosario Murillo al mismo nivel jerárquico de Daniel Ortega con el cargo de “copresidenta” y, al mismo tiempo, fortaleció su aparato represivo.
De ese equipo de represores forman parte tanto la Policía como el Ejército. Y ahora también entra en escena la nueva Procuraduría General de Justicia (PGJ), un superministerio que absorbió al Ministerio Público y quedó bajo el mando de Wendy Morales. El régimen creó la PGJ bajo el argumento de una supuesta “lucha contra la corrupción”, aunque la corrupción es precisamente una de las características de la Administración Ortega Murillo, cuestionada durante décadas a nivel internacional.
La procuradora Morales asume incluso la autoridad de los magistrados. El 2 de septiembre de 2025, ella representó a la CSJ en la entrega de una placa de reconocimiento al jefe del Ejército, el general Julio César Avilés Castillo, durante el acto por el 46 aniversario de esa institución.
Resultado del pacto con Alemán
El desmantelamiento de la CSJ inició su recorrido desde 2000, cuando el pacto entre los caudillos Daniel Ortega y el expresidente Arnoldo Alemán permitió que se repartieran los poderes del Estado como botín político.
Según el libro «Así se vota en Nicaragua», del politólogo José Antonio Peraza, el acuerdo contempló la destitución de los 12 magistrados entonces vigentes y la ampliación de la CSJ a 16 magistrados, nueve para el Partido Liberal Constitucionalista -del caudillo Arnoldo Alemán- y siete para el Frente Sandinista.
Sin embargo, cuando Ortega retornó al poder en 2007, empezó el desbalance bipartidista a favor de los sandinistas, que acumularon más magistrados en el Poder Judicial.
Desmantelamiento del sistema de justicia
El abogado Yader Valdivia, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, dijo a LA PRENSA que el desmantelamiento de la CSJ es la agonía de la estructura antigua de este Poder del Estado que surgió a raíz del pacto de Alemán, aunque es enfático que desde el retorno de Ortega al poder, el acceso a la justicia venía mermando.
«Al depender del Ejecutivo, los cambios de magistrados y jueces, la carrera judicial y toda la estructura fue eliminada y ahora responde a intereses partidarios. La reducción del número de magistrados no obedece a mejorar el acceso a la justicia ni la administración judicial, sino a un mayor control del régimen sobre una estructura subordinada al Ejecutivo», dijo Valdivia.
Según el especialista, con el control de la dictadura al Poder Judicial nadie puede emprender una acción legal acompañada de su abogado y ejercer su derecho a la defensa.
Sistema sin garantías para los ciudadanos
El 27 de febrero de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) señaló que la nueva Constitución sandinista, vigente desde el 19 de febrero, estableció un modelo autoritario y eliminó los artículos 33 y 34, que contenían principios fundamentales del debido proceso y garantías judiciales mínimas.
“La eliminación de estas garantías fundamentales del debido proceso es motivo de profunda preocupación, especialmente en un contexto donde nuestra oficina sigue documentando patrones de detenciones arbitrarias y violaciones a los principios del debido proceso”, advirtió Sánchez durante el evento Nicaragua: nueva arquitectura constitucional, legislación represiva y su impacto para los derechos humanos, realizado en el marco del 58° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza.
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Según la ONU, la reforma constitucional socava gravemente la independencia judicial y debilita aún más las garantías de un juicio justo. “La aplicación de esta reforma genera una grave incertidumbre jurídica. Los cambios introducidos en la Constitución no solo restringen garantías fundamentales del debido proceso y limitan el acceso a la participación política, sino que también institucionalizan estructuras de control”, añadió Sánchez.
