Propuestas de magistrados de la CSJ. De izquierda a derecha: Octavio Rothschuh, Ana Julia Guido, Ernesto Rodríguez, Shura Welcome y José Manuel Fuertes. LA PRENSA.
Repudio a nuevas fichas de la CSJ: «Cúpula de mafia coloca a sus incondicionales»
Ana Julia Guido, Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez propuestos como magistrados de la CSJ, debido a su rol en la persecución contra opositores. Juan Sebastián Chamorro: "Nombramientos los está haciendo Murillo"
La designación de la fiscal general Ana Julia Guido y los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez, como candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) provocó rechazo entre víctimas de la persecución estatal al tratarse de fichas con amplio historial en violaciones de derechos humanos.
Los tres funcionarios han sido señalados por Estados Unidos y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU (GHREN) por su rol directo en la fabricación de casos judiciales, el despojo masivo de nacionalidad y la persecución contra presos políticos.
La propuesta enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional ocurre en medio de la reconfiguración total del sistema judicial para adecuarlo a la estructura de poder definida por la nueva Constitución sandinista que subordina todos los poderes a la pareja dictatorial.
Para el economista y exdiputado, Enrique Sáenz, el mensaje es que el régimen solo confía en quienes han demostrado lealtad absoluta para ejecutar su agenda represiva. Sáenz fue despojado de su nacionalidad por Rodríguez bajo órdenes de la dictadura Ortega Murillo el 15 de febrero de 2023.
“Evidentemente la cúpula de la mafia en el poder sigue empeñada en colocar en cargos públicos, desde alcaldías hasta magistraturas, pasando por ministerios y cargos intermedios, a los sirvientes más fieles. Para la población no hay mayor cambio porque los sustituidos también eran sirvientes incondicionales. Lo único que varía es el grado de confianza que depositan en ellos los cabecillas de la mafia en el poder”, dijo Sáenz.
Uno de los despojados de su nacionalidad por resolución leída por Rodríguez en 2023, Juan Sebastián Chamorro, afirmó que los nombramientos constituyen un premio directo a quienes ejecutaron las decisiones más arbitrarias del régimen.
“A Octavio Rothschuh lo están premiando por esa posición vergonzosa que tuvo al quitarnos la nacionalidad y por mostrarnos en aquella audiencia de 2022 como ‘prueba de vida’. Se le veía la cara de vergüenza porque era una audiencia totalmente fuera de procedimiento. Lo están premiando por ese servilismo incondicional”, expresó.
Chamorro subrayó que Ana Julia Guido ha sido una operadora política del régimen desde hace años y que Rodríguezcarece de seriedad en la CSJ. Para él, la movida confirma quién controla realmente el aparato judicial.
“Creo que lo que está haciendo Murillo —no Ortega, sino Murillo— es colocar a la gente con la que va a trabajar de aquí en adelante. La renuncia de estos magistrados sirve para dejar la mesa limpia. Están poniendo a personas serviles a ella en una Corte que, según su propia Constitución, ya es un órgano adscrito a la copresidencia o a la codictadura”, refirió.
Juan Sebastián Chamorro, economista y excandidato presidencial. LA PRENSA
“Nombran a criminales de lesa humanidad”
El defensor de derechos humanos y también víctima de despojo de nacionalidad por parte de Rodríguez, Danny Ramírez, calificó los nombramientos como una afrenta directa a las víctimas de persecución política.
“Indignación. Eso es lo que siento ante el nombramiento de tres personas que están claramente identificadas como criminales de lesa humanidad. Ellos forman parte de la ejecución del ataque generalizado y sistemático contra la población nicaragüense. Han orquestado la persecución política, que también es un crimen de lesa humanidad”, señaló.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo propuso el martes como nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a tres de sus fichas más destacadas del engranaje judicial, con el que se ha ensañado en los últimos años contra los presos políticos: la fiscal general Ana Julia Guido y los exmagistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez.
Danny Ramírez, abogado e integrante de Calidh. Foto: Cortesía.
Guido fue incluso sancionada en 2020 por Estados Unidos. Con Rothschuh y Rodríguez ocurrió lo mismo en 2023. Guido ha sido señalada por dirigir una institución encargada de fabricar casos contra opositores, mientras los últimos participaron en el despojo de la nacionalidad a centenares de ex presos políticos y críticos del régimen.
Todos son conocidos por su lealtad política. Antes de ser fiscal general, Guido se desempeñó como subdirectora de la Policía. En 2019 fue famosa la fotografía de Rothschuh participando en la celebración del 19 de julio, junto a otros judiciales identificados con el régimen.
Según publicaciones periodísticas, Ernesto Rodríguez es matagalpino. Hijo de Salomé Mejía, dirigente histórica de la asociación de maestros Anden. Un documento de la Dirección de Carrera Judicial, fechado en noviembre de 2012, revela que fue el último expediente de 13 candidatos para ocupar el cargo de juez cuarto y quinto de Distrito Penal de Juicio de Managua. Obtuvo un puntaje de 80.65. «Será escogido para magistrado solo por su lealtad a la dictadura y no por competencia», comentó una fuente.
La propuesta del Ejecutivo fue enviada a la Asamblea Nacional, justo cuando se oficializaron las renuncias de los magistrados liberales José Manuel Martínez Sevilla, Virgilio Gurdián y el sandinista Armengol Cuadra López. En la misma, se han conocido a otros posibles candidatos.
Entre estas nominaciones destacan Shura Bonilyn Welcome Crawford, del Distrito Penal de Juicio de Bluefields; José Manuel Fuertes Toledo, secretario político departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Boaco; el exmagistrado de Apelaciones Ernesto Rodríguez Mejía, quien despojó de su nacionalidad a 94 nicaragüenses el 15 de febrero de 2023.
Además de las sanciones impuestas por Estados Unidos, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), señaló a la fiscal Guido Ochoa como un funcionario clave en la persecución política a través de la fabricación de casos judiciales.
Según el GHREN, Guido Ochoa recibía órdenes directas de Ortega y Murillo, o bien transmitidas por Néstor Moncada Lau, el asesor presidencial en temas de seguridad. Los expertos mencionan que la fiscal supervisaba las acciones coordinadas de investigación entre la Policía y los fiscales, tanto en Managua como en otros departamentos del país. Además, ella transmitía instrucciones de carácter político a fiscales y jueces con relación a las personas que debían ser enjuiciadas.
Fichas del Tribunal de Apelaciones
Ernesto Rodríguez, como presidente del TAM a partir de 2021, transmitía órdenes del magistrado Marvin Aguilar junto con la jueza Karen Chavarría para procesar a presos políticos.
Rodríguez fue quien presidió la lectura de las resoluciones judiciales emitidas por jueces de Distrito Penal de Managua contra 94 opositores para despojarlos de su nacionalidad. Tras la lectura, declaró que los acusados ejecutaban y continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz y la soberanía, y que «no se les puede considerar ciudadanos nicaragüenses».
Fue sancionado por Estados Unidos el 19 de abril de 2023 por estar implicado en graves abusos de derechos humanos.
En el caso de Rothschuh es magistrado y presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua desde 2021. Es señalado de despojar de su nacionalidad a 222 nicaragüenses presos políticos a quienes acusó de ser traidores de la patria.
Por estas razones, según el GHREN, Rodríguez Mejía y Rothschuh Andino son señalados como magistrados de alta jerarquía que utilizaron sus posiciones en el Tribunal de Apelaciones de Managua para ejecutar órdenes políticas directas emanadas de la Presidencia y la entonces Vicepresidencia, asegurando la fabricación de casos y la privación arbitraria de la nacionalidad y bienes de cientos de opositores, consolidando así la instrumentalización del sistema judicial.
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