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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo propuso como nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a tres de sus fichas más destacadas del engranaje judicial, con el que se ha ensañado en los últimos años con los presos políticos: la fiscal general Ana Julia Guido y los exmagistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez.
Guido fue incluso sancionada en 2020 por Estados Unidos. Con Rothschuh y Rodríguez ocurrió lo mismo en 2023. Ella ha sido señalada por dirigir una institución encargada de fabricar casos contra opositores, mientras los últimos participaron en el despojo de la nacionalidad a centenares de expresos políticos y a críticos del régimen.
La propuesta del Ejecutivo fue enviada a la Asamblea Nacional, justo cuando se oficializaron las renuncias de los magistrados liberales José Manuel Martínez Sevilla, Virgilio Gurdián y el sandinista Armengol Cuadra López. En la misma, se han conocido a otros posibles candidatos.
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Las otras fichas propuestas
Entre estas nominaciones destacan Shura Bonilyn Welcome Crawford, del Distrito Penal de Juicio de Bluefields; José Manuel Fuertes Toledo, secretario político departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Boaco; el exmagistrado de Apelaciones Ernesto Rodríguez Mejía, quien despojó de su nacionalidad a 94 nicaragüenses el 15 de febrero de 2023.
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Además de las sanciones impuestas por Estados Unidos, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), señaló a la Fiscal Guido Ochoa como un funcionario clave en la persecución política a través de la fabricación de casos judiciales.
Según el GHREN, Guido Ochoa recibía órdenes directas de Ortega y Murillo, o bien transmitidas por Néstor Moncada Lau, el asesor presidencial en temas de seguridad. Los expertos menciona que la fiscal supervisaba las acciones coordinadas de investigación entre la policía y los fiscales, tanto en Managua como en otros departamentos del país. Además, ella transmitía instrucciones de carácter político a fiscales y jueces con relación a las personas que debían ser enjuiciadas.
Fichas del Tribunal de Apelaciones
Ernesto Rodríguez, como presidente del TAM a partir de 2021, transmitía órdenes del magistrado Marvin Agular junto con la jueza Karen Chavarría para procesar a presos políticos.
Rodríguez fue quien presidió la lectura de las resoluciones judiciales emitidas por jueces de distrito penal de Managua contra 94 opositores para despojarlos de su nacionalidad. Tras la lectura, declaró que los acusados ejecutaban y continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz y la soberanía, y que «no se les puede considerar ciudadanos nicaragüenses».
Fue sancionado por Estados Unidos el 19 de abril de 2023 por estar implicado en graves abusos de derechos humanos.
En el caso de Rothschuh es magistrado y presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua desde 2021. Es señalado de despojar de su nacionalidad a 222 nicaraguenses presos políticos a quienes acusó de ser traidores de la patria.
Por estas razones, según el GHREN, Rodríguez Mejía y Rothschuh Andino son señalados como magistrados de alta jerarquía que utilizaron sus posiciones en el Tribunal de Apelaciones de Managua para ejecutar órdenes políticas directas emanadas de la Presidencia y la Vicepresidencia, asegurando la fabricación de casos y la privación arbitraria de la nacionalidad y bienes de cientos de opositores, consolidando así la instrumentalización del sistema judicial.
Cinco «renuncias» en noviembre en la CSJ
El pasado 20 de noviembre, la Asamblea aceptó las “renuncias” de dos magistradas del FSLN en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Yadira Centeno González y Ellen Joy Lewin Downs. En cartas separadas, con fecha del 18 de noviembre, ambas alegaron “motivos de salud”. Pero estos cambios fueron vistos por analistas como parte de una reconfiguración de este poder del Estado, en el marco de la sucesión dinástica de Rosario Murillo.
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Las misivas de Centeno González y Lewin Downs fueron leídas en el plenario y aprobadas de forma unánime por los 91 diputados sandinistas. Con estas salidas, quedan oficialmente vacantes cinco de los diez cargos de magistrados que establece la nueva Constitución, vigente desde febrero, la misma que nivela a nivel jerárquico a Murillo con Ortega, elimina la independencia de los poderes del Estado y da paso a un fortalecimiento del aparato represor.
