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El poder real de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha descansado en el miedo. Pero para infundirlo ha sido clave durante décadas tener el control de las armas, por un lado, y a la justicia por el otro.
En efecto, cuando la Constitución le impedía a Ortega postularse en 2011 a un segundo mandato, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le permitió que buscara la reelección. Cinco años después, cerca de otro proceso electoral presidencial, el mismo tribunal sacó del juego político a su principal rival político, Eduardo Montealegre, cuando le quitó el Partido Liberal Independiente.
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“Los magistrados salientes son cooperadores necesarios que contribuyeron políticamente a la consolidación del régimen”, dijo una fuente bajo condición de anonimato. Después de 2018, cuando el orteguismo vivió su mayor crisis con miles de personas protestando en las calles, el caudillo tampoco dudó en acudir a los tribunales para judicializar la persecución a los opositores.
Para Alexandra Salazar, presidenta de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) —un organismo independiente que ha representado a los presos políticos nicaragüenses— los magistrados no imparten justicia, porque solo validan las órdenes partidarias en el mejor de los casos; en el peor, ni siquiera intervienen.
“Los magistrados jugaron un rol fundamental en toda la pérdida de institucionalidad y el control absoluto en que se encuentra todo el aparataje del Estado, fueron quienes permitieron la continuidad en el poder de Ortega a través de las reelecciones; que Murillo pudiera reelegirse vicepresidenta. Todo este control de constitucionalidad que debieron de cumplir… fue servido ante un interés político”, afirmó la defensora de derechos humanos.
Luego siguió la radicalización. Ortega y Murillo impusieron un sistema político totalitario en Nicaragua, que fue dejando víctimas a su paso. Por ejemplo, el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua contabilizó al 2 de diciembre al menos 62 reos de conciencia en todo el país. Pero un estudio de la OEA en 2020 logró determinar que fueron encarceladas en los primeros dos años de la represión al menos 1,614 personas. La cifra siguió aumentando.
Para garantizar su prolongación en el poder, los jueces, fiscales y policías de Ortega encarcelaron en 2021 a todos sus posibles competidores en las votaciones de ese año y persiguieron a periodistas, activistas, líderes de la sociedad civil y empresarios. Después harían lo mismo con la Iglesia católica.
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Pese a los servicios prestados a sus jefes, el sistema político ha terminado engullendo a los magistrados judiciales. Desde noviembre, la Asamblea Nacional ha recibido las renuncias de un grupo de magistrados que gozaron de la confianza de Ortega. El caso más destacado fue el de Marvin Aguilar García, quien dimitió el 3 de diciembre.
Aguilar García fue vicepresidente de la CSJ. Conforme a fuentes judiciales, este funcionario ejerció el poder a lo interno de la institución en nombre del partido. Es decir, de Ortega y Murillo que dirigen el país desde febrero bajo la figura de “copresidentes”. La ascensión a “presidente en funciones” del exmagistrado había ocurrido tras el desalojo de su oficina en octubre de 2023 de la doctora Alba Luz Ramos, titular al menos en papel de este poder del Estado.
Magistraturas sin independencia
La nueva Constitución define que la CSJ está integrada por diez magistrados y han renunciado casi todos, excepto Ramos y Juana Méndez. La primera ha sido una feroz defensora de Ortega en el contexto de las denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen. La segunda es aquella jueza que declaró prescrita en diciembre de 2001 la causa de violación contra el dictador, tras la denuncia realizada por su hijastra, Zoilamérica Narváez, un caso en que su madre la llamó “mitómana” y se hizo del lado del agresor.
Pero el sostenimiento de las últimas dos magistradas sandinistas en la CSJ es motivo de dudas. Lo único firme es que la salida del vicepresidente Aguilar, argumentando motivos de salud, representa la caída de una de las fichas más notables del engranaje represor. Aguilar había sido encumbrado como el principal operador político en la institución, tras la salida de Rafael Solís, el padrino de bodas de Ortega y Murillo, que denunció la instauración de una “monarquía absoluta” al abandonar su cargo en 2019.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, que sancionó a Aguilar en 2020, el funcionario era el secretario del Consejo de Liderazgo Sandinista. Coordinaba la persecución contra la oposición democrática. En su carta de renuncia, a diferencia de Solís, el exmagistrado Aguilar argumentó motivos de salud y agradeció la oportunidad de “fortalecer el órgano judicial”. “Me retiro con la satisfacción del deber cumplido”, agregó.
Como fichas de dominó
En la práctica, pese a la retórica de Aguilar, se comportan como fichas del poder ejecutivo. Cuando les toca ejercer el poder lo hacen, y cuando se van lo hacen sin ofrecer mayores explicaciones. Además de Aguilar, hasta ahora han dimitido los magistrados sandinistas Yadira Centeno, Ellen Joy Lewin Downs, Armando Juárez, Armengol Cuadra, y también los liberales Manuel Martínez y Virgilio Gurdián.
Estos dos últimos funcionarios liberales fueron heredados del esquema de repartición de cargos, impuesto por Ortega y Arnoldo Alemán en 1999. Con el paso del tiempo, el caudillo sandinista fue tomando ventaja y consolidó su poder, pero luego vendría una reconfiguración a lo interno del poder judicial, aparentemente ordenada por Murillo.
Tras repasar la lista, tan solo uno falta para completar los diez magistrados. Ese puesto quedó vacante desde la renuncia de Ileana Pérez en octubre de 2022. Su abrupta salida fue atribuida entonces por sectores críticos a la misma purga de Murillo.
“Los magistrados contribuyeron al deterioro institucional al nivel de Estado de Nicaragua y desaparecieron al Poder Judicial. Hoy es un apéndice del Ejecutivo: no toma decisiones propias, ni apegadas a derecho”, insistió la fuente citada anteriormente, desde el anonimato.
La influencia sandinista en las decisiones judiciales era evidente desde hace años. De acuerdo con declaraciones en 2014 del ahora exmagistrado Martínez al medio digital Confidencial, el FSLN superaba el control del 70 % de la estructura en ese tiempo. Los magistrados sustitutos son ahora nuevamente sandinistas con antecedentes de perpetradores de abusos de derechos humanos.
LA PRENSA recuerda por lo menos diez escándalos protagonizados por los magistrados salientes: desde subordinación a directrices políticas, casos de narcotráfico, nepotismo, entre otros, hacen parte de esta galería que recordamos para mantener viva la memoria histórica.
Nicaragua ocupa el puesto 172 de 180 países en el Índice de Transparencia Internacional, tan solo por detrás de Venezuela en el continente americano, según el índice más reciente en 2025.
La reelección ilegal
Hasta 2010, cuando Ortega recibió el aval de la Corte Suprema de Justicia, la Constitución prohibía la reelección continua y en dos períodos (artículo 147). El caudillo había sido presidente entre 1984 y 1990, por eso también le era aplicable. Sin embargo, los magistrados allanaron su continuidad en el poder con una sentencia que luego el Consejo Supremo Electoral aceptó sin miramientos.
Conforme el relato publicado por Domingo sobre la elaboración de la sentencia 504, los magistrados sandinistas integraron fuera de horario laboral la Sala Constitucional el lunes y no el miércoles como lo hacían entonces. El recurso fue interpuesto por un asesor de la bancada del FSLN, Eduardo Mejía. Entre los magistrados firmantes estuvo Solís (quien renunciaría en 2019), Armengol Cuadra, Juana Méndez y Francisco Rosales (falleció en 2021). En 2014, con la Asamblea bajo control, el oficialismo eliminaría el artículo y daría paso a la reelección para siempre.
El decreto 03-2010
Sin acuerdos con la oposición para nombrar funcionarios, Ortega se sacó de la manga el decreto 03-2010 con el cual los prolongó en sus cargos. La CSJ no dio lugar tampoco a un recurso en ese sentido, aprovechando la ausencia de los liberales. La Sala Constitucional era presidida por el magistrado Francisco Rosales, pero entre los firmantes de aquella sentencia en 2010 estaban nuevamente Cuadra, Méndez, Solís, Yadira Centeno y Ligia Molina (ya fallecida).
Solís y Cuadra fueron señalados públicamente de usurpar sus cargos, sin embargo, cerraron filas entonces para su conveniencia y la del sistema instaurado por Ortega.
La eliminación de opositores
Hubo sentencias contra los opositores, como ocurrió en 2016 cuando quitaron el Partido Liberal Independiente a Eduardo Montealegre para entregárselo a Pedro Reyes, justo a unos meses de las votaciones presidenciales que acabarían con otra reelección. En enero del año siguiente, Murillo se convertiría formalmente en vicepresidenta.
Había un antecedente. En 2008, el Consejo Supremo Electoral quitó también el ALN a Eduardo Montealegre, en una clara repetición de la manipulación de las instituciones que Ortega ha realizado para cumplir sus objetivos políticos. Ese mismo año, el tribunal electoral también arrebató la personería jurídica al entonces Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
El caso del falso magistrado
El magistrado Marvin Aguilar se destacó por su cercanía con Ortega. En 2014, estalló el caso de un reo que se hacía pasar por él desde la cárcel y ofrecía negociar indultos a cambio de dinero. Al estafador se le conoció públicamente como el falso magistrado y llamó la atención de los analistas no por la supuesta mentira, sino porque la gente le creía. Según los expertos, eso evidenciaba una especie de efecto derrame en la población del sistema de tráfico de influencias que existe en el sistema institucional de Nicaragua.
La rebaja de penas a los de Sinaloa
La magistrada Juana Méndez fue protagonista de un escándalo en una sentencia que benefició a narcos. Eso ocurrió en septiembre de 2009. La Sala Penal rebajó las penas a miembros del cártel mexicano, pasando de 22 años a 12 cuando mucho. Entre los narcos había mexicanos, guatemaltecos y tres nicaragüenses. Los otros firmantes de la sentencia fueron Solís y Cuadra. Este último y Méndez acusaron a LA PRENSA de “amarillista”.
El licor como “atenuante” de una violación
En julio de 2011, la CSJ rebajó la pena de ocho a cuatro años a Farrington Reyes, con el argumento de que no se demostró violencia y lo que ocurrió fue “bajo un estado de arrebato por alcohol”. La ponente de la sentencia fue la magistrada Juana Méndez, según las crónicas de la época.
La CSJ en “familia”
Una investigación de LA PRENSA evidenció en 2009 las redes familiares de los magistrados a lo interno del poder judicial. Al menos siete de ellos lo admitieron cuando fueron consultados entonces. El mayor campeón de esta práctica fue entonces Cuadra. Eso fue rechazado por Manuel Martínez, el presidente en aquel momento. “No hay nada que investigar, nadie tiene la facultad de investigarme a mí, ni destituirme, ni cosa que se le parezca”, aseguró el liberal.
Ramos satisfecha con el “trabajo del poder judicial”
La magistrada Alba Luz Ramos, quien era la presidenta de la CSJ en 2018, se pronunció a favor del trabajo judicial, pese a las violaciones de derechos humanos que empezaron a crecer a medida que la dictadura perseguía a los opositores y a la sociedad civil. “Cerramos el 2018 con la satisfacción del deber cumplido”, dijo.
Ramos había tenido en mayo de 2018 un evento, en que hizo una defensa férrea de Ortega. Lo observaban como víctima de una campaña mediática. “Si aquí hay un terremoto van a protestar, porque el gobierno es culpable del terremoto”, agregó.
La defensora Alexandra Salazar recordó que la obediencia política se evidenció además en la celebración de audiencias y resoluciones inexistentes, como aquella en que se juntaron los procesos judiciales de las 222 personas presas políticas desterradas. “Todos los procesos se encontraban en distintas etapas procesales y en algunos casos ya estaban en ejecución de sentencia ante diversos jueces, tribunales, e incluso en casación. Todos los casos fueron resueltos en una sola sentencia y audiencia en que comparecieron jueces y magistrados. Este acto es nulo absolutamente y no tiene fundamento alguno”, agregó Salazar.
Salazar mencionó también que muchos juzgados han permanecido sin jueces durante todo este tiempo de la barrida (purga) en el poder judicial.
Persecución a organismos no gubernamentales
En este sentido, la persecución fue dirigida antes que el régimen iniciara el cierre masivo de los organismos no gubernamentales. Alcanzó la cifra de más de 5,000 ONG clausuradas entre 2018 y 2025.
El magistrado Armando Juárez, recientemente “renunciado” de la CSJ, logró su nombramiento en 2014, luego que se destacó en la Fiscalía por su papel en el hostigamiento a la sociedad civil y al periodismo independiente en 2008, representados por el periodista Carlos Fernando Chamorro y el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco).
Los escándalos del hijo de Rosales
Durante años, los hijos del magistrado Francisco Rosales estuvieron involucrados en escándalos. En 2023, otro reportaje de Domingo documentó el caso de Daniel Rosales Frixione, quien drogado arrolló a un matrimonio y su hijo de 20 meses de nacido.
Rosales Frixione tiene dos hermanos. Según aquel relato, todos le crearon problemas a su padre el magistrado, porque se veían “involucrados en pleitos en bares”. Pero Daniel fue condenado a 26 años en julio de aquel 2023. En conjunto, la situación de los hijos del magistrado Rosales es recordada como uno de los episodios más bochornosos y lamentables a lo interno del poder judicial, según fuentes consultadas. Otro.
