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CONTENIDO EXCLUSIVO.Un “grupo de fans de Daniel Ortega”, en palabras del ex magistrado judicial Sergio Cuarezma, se reunieron por la tarde del 19 de octubre de 2009 en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, utilizando el membrete y sello de la Sala Constitucional, emitieron un documento para que Ortega pudiera reelegirse en las elecciones de 2011, a pesar de que le estaba prohibido en la Constitución Política de Nicaragua.
El documento al que se refiere Cuarezma es la sentencia 504 de la Sala Constitucional, conocida como la sentencia de la reelección, la cual declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución, que prohibía la reelección, para Ortega y 105 personas que en ese entonces eran alcaldes, a pesar de que la única manera en que eso podía suceder era a través de una reforma constitucional realizada en la Asamblea Nacional y no a través de una sentencia judicial.
Antes de la emisión de esa sentencia, y desde que Ortega regresó al poder en enero de 2007, el dictador estuvo intentando conseguir los 56 votos para reformar la Constitución, alegando que la original, elaborada en 1987, no prohibía la reelección, sino que la prohibición fue introducida en las reformas de 1995 violentando el derecho de los nicaragüenses a ser elegidos a cualquier cargo público.
La forma en que seis magistrados judiciales afines a Ortega conformaron la Sala Constitucional para emitir la sentencia 504, la rápidez con que la elaboraron, pero principalmente lo que significaba reformar la Constitución vía judicial para darle la reelección a Ortega, hacen que esta sentencia fue considerada como “un golpe de Estado” a la Constitución y una de las piedras angulares con las que Ortega construyó la dictadura que hoy rige a Nicaragua en medio de sangre y dolor para el pueblo.
Se produjo en un momento en el que Ortega acababa de retomar el poder después de gobernar “desde abajo” 16 años y en el FSLN se hablaba de un relevo de liderazgo. La esposa de Ortega, Rosario Murillo, pretendía ser la sucesora, pero la vieja guardia del partido, los combatientes históricos, se oponían ferozmente, lo cual había producido un ambiente muy tenso y peligroso en el seno del partido rojinegro.
La forma más viable de acabar con esos problemas era logrando la reelección de Ortega, pero como no podían eliminar el obstáculo de la prohibición en la Asamblea Nacional, finalmente optaron por hacerlo vía judicial, a como anteriormente lo había logrado en Costa Rica el expresidente Óscar Arias.
La revista DOMINGO reconstruye en este artículo qué pasó aquella tarde en que los magistrados sandinistas emitieron la sentencia 504 y todos los sucesos que rodearon a la misma.
Una Corte “empatada”
Sergio Cuarezma era en ese entonces magistrado judicial por los liberales. Desde 2012 está alejado de la vida pública y política, pero en 2010 brindó una entrevista a la académica Amelia Brenes Barahona en la que explica que si la Sala Constitucional de la Corte hubiera sido conformada legalmente para elaborar la sentencia 504 no se hubiera logrado porque la votación hubiese quedado en un empate, tres magistrados sandinistas a favor de eliminar la prohibición de la reelección y tres magistrados liberales a favor de que se mantuviera la prohibición.
Eran días en que, producto del pacto entre Ortega y Arnoldo Alemán, la Corte era dirigida por ocho magistrados liberales y ocho sandinistas, lo que se repetía en las cuatro salas, las cuales estaban conformadas cada una por tres liberales y tres sandinistas.
Aquella tarde del 19 de octubre de 2009, en la Corte existía un acuerdo en el que el horario de trabajo estaba establecido entre las 8:00 de la mañana y las 1:00 de la tarde, con el fin de ahorrar energía.
Era un lunes, día en que se reunía la Sala Penal. A la Sala Constitucional le correspondía reunirse los días miércoles. Por esa razón, y porque al mediodía se había producido un apagón y no había energía, poco después de las 1:00 de la tarde ya no se encontraban en la Corte ninguno de los tres magistrados liberales que conformaban la Sala Constitucional. Tampoco estaban sus suplentes.
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Sergio Cuarezma se había ido al mediodía. Iván Escobar Fornos se fue a a las 1:15 de la tarde. Damisis Sirias se encontraba fuera de Nicaragua ese día.
Por la noche, Escobar Fornos escuchó por la radio que los magistrados sandinistas habían emitido una sentencia ordenando al poder electoral que emitiera un documento afirmando que sí iban a admitir como candidato presidencial en 2011 a Daniel Ortega.
En declaraciones recogidas por diversos medios, Escobar Fornos expresó: “Como a las 1:15 de la tarde me fui (de la Corte) porque la luz se fue y los módulos son oscuros. Además, ya habían concluido las horas laborales y no esperaba ninguna notificación, pues las reuniones de Sala son los miércoles y convocan a través de las secretarías. Me di cuenta de la notificación por la radio y no hice caso porque jamás me imaginé que pasara eso”.
Maquinaria orteguista
Para que la sentencia de la reelección fuera posible, no solo los magistrados judiciales estuvieron trabajando en ello.
Cuatro días antes de que se firmara la sentencia, el jueves 15 de octubre de 2009, las lluvias causaban estragos en Nicaragua y el Ministerio de Salud (Minsa) informaba de 15 personas muertas de leptospirosis. Y los adultos mayores cumplían dos días en huelga de hambre demandando pago de pensiones.
Con un cielo nublado, un joven abogado de cabello lacio corto, parado a punta de gel, vestido de ropa formal aunque sin corbata, y quien después sería nombrado juez, llegó a las 4:30 de la tarde al Consejo Supremo Electoral (CSE) para solicitar que se le aplicara a Daniel Ortega el principio constitucional de igualdad incondicional de todo ciudadano nicaragüense y así se le permitiera ser candidato presidencial en las elecciones de 2011.
Se trataba del abogado Eduardo Mejía, asesor de la bancada del FSLN en la Asamblea Nacional, representante de cinco mujeres de los CPC que querellaron a LA PRENSA por injurias y calumnias, y quien después fue nombrado juez en Managua.
Un día después, el 16 de octubre, a las 11:45 de la mañana, el CSE rechazó la solicitud de Mejía argumentando que lo prohibía el artículo constitucional 147.
A las 1:00 de la tarde de ese mismo día, viernes, Mejía presentó en el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) un recurso de amparo en contra de la resolución del CSE. Y a las 4:10 de la tarde, la Sala Civil Dos, integrada por dos sandinistas y un liberal, mandó a tramitar el recurso y 10 minutos después, a las 4:20, el recurso ingresó en la Secretaría de la Corte.
Sábado y domingo la Corte descansó, pero el lunes 19 de octubre ocurriría la reunión del “grupo de fans” de Daniel Ortega: Francisco Rosales (ya fallecido), Rafael Solís, Ligia María Argüello (ya fallecida), Yadira Centeno, Armengol Cuadra y Juana Méndez, todos ellos magistrados judiciales obedientes a Daniel Ortega.
Como un rayo
La sentencia tiene 25 páginas y cita a más de 100 sentencias y leyes que forman la jurisprudencia constitucional de Nicaragua. Además, es un fallo que cobija a 106 personas, los 105 alcaldes sandinistas más Daniel Ortega.
Sin embargo, 90 minutos fueron suficientes para que Francisco Rosales redactara la sentencia 504.
A las 10:30 de la mañana de aquel lunes 19 de octubre de 2009, ya se habían personado mediante escritos el abogado Eduardo Mejía; la procuradora nacional constitucional, Georgina Carballo y los magistrados electorales Roberto Rivas, Marisol Castillo, José Miguel Córdoba, José Luis Villavicencio, René Herrera (ya fallecido), José Bosco Marenco (ya fallecido) y Emiliano Enríquez Lacayo.
Al mediodía, cuando aún estaban los magistrados liberales en la Corte, la Sala Constitucional dio por radicado el recurso de amparo presentado por el abogado Mejía y le concedió intervención de ley a las partes y luego se pasó a la sala para estudio y resolución.
Según explicaron los magistrados orteguistas, se convocó a sala a los magistrados liberales, incluidos a los suplentes Antonio Alemán y Gabriel Rivera, pero ellos no se presentaron y tuvieron que llamar a los magistrados Yadira Centeno, Armengol Cuadra y Juana Méndez, sandinistas.
Al día siguiente, cuando llegaron a sus oficinas, los magistrados liberales encontraron debajo de las puertas las citatorias para presentarse a la Sala Constitucional. El entonces presidente de la Corte, magistrado liberal Manuel Martínez, explicó que las habían colocado después de que ellos salieron de la Corte. Las notificaciones no tenían fecha ni hora de emisión.
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A las 4:30 de la tarde de ese 19 de octubre, se reunieron los seis magistrados sandinistas para resolver el recurso de amparo y a las 5:00 de la tarde ya tenían la sentencia firmada, declarando inaplicable para Ortega el artículo 147 de la Constitución que prohibía la reelección.
Desde media hora antes había sido convocada una conferencia de prensa y los periodistas fueron testigos de lo qué pasó.
La entonces periodista de El Nuevo Diario, Martha Vásquez, relató: “El ambiente se volvió tenso, pues los magistrados sandinistas entraban y salían de la sala, sin iniciar de una vez. El magistrado Rafael Solís recibió una llamada del magistrado Manuel Martínez y se retiró para atenderla, y por su semblante y tono de voz estaba claro que no hubo discusión aparente. Incluso, por un segundo, se dio un corte de energía eléctrica y la magistrada Juana Méndez gritó y se río como en un momento de jolgorio. Las caras sonrientes de los magistrados fueron notorias durante la conferencia, pero el cansancio era evidente en el rostro del magistrado Solís”.
Sobre la actuación de los magistrados liberales aquel lunes 19 de octubre de 2009, una fuente anónima que trabaja con los magistrados sandinistas explicó lo que ocurrió en aquel momento:
“Ya se había hablado desde el viernes (16 de octubre de 2009) que se iba a discutir la sentencia el lunes. Les llegó la notificación (a los liberales) para la reunión. Iván (Escobar Fornos) se fue sabiendo que había reunión para no estar presente. Manuel Martínez hizo lo mismo. Sergio Cuarezma ni siquiera llegó a la Corte ese día porque sabía que se iba a discutir la sentencia y Damisis Sirias estaba fuera del país”, dijo.
Otra vez el caudillo
El CSE acató de inmediato la sentencia 504 y al día siguiente, martes, Daniel Ortega dijo que la sentencia era inapelable y estaba “escrita en piedra”.
Desde un inicio se sospechó que los magistrados liberales pudieron estar coludidos con los sandinistas para que se emitiera la sentencia 504. Ocurrieron entonces varios hechos en los que los liberales hacían ver a la población que ellos no habían sido partícipes de esa sentencia de la reelección.
En la Corte, los magistrados liberales se negaron a integrar Corte Plena, creando una crisis interna que duró meses, tanto que los magistrados orteguistas integraron a conjueces para sustituir a los magistrados liberales, a quienes no les quedó más remedio que volver a las salas para evitar ser suplantados.
Los magistrados liberales tenían otro problema que los dejaba en entredicho. Apenas nueve meses antes, en enero de 2009, ellos habían hecho casi lo mismo con otra sentencia en la que sobreseyeron definitivamente a su caudillo Arnoldo Alemán, quien durante ocho años estuvo procesado y hasta condenado por delitos de corrupción supuestamente cometidos durante fue presidente.
Los liberales emitieron esa sentencia de libertad definitiva a Alemán, aprovechando la ausencia de dos magistrados sandinistas. Producto de la sentencia de la reelección, también hubo crisis en la Asamblea Nacional y los 47 diputados opositores tuvieron que ir a sesionar a un hotel de Managua para anular la sentencia de la Corte, lo cual no se logró.
Además, los opositores se negaron a elegir cargos en los poderes del Estado y en enero de 2010 Ortega emitió el decreto 3-2010 mediante el cual él prorrogaba en sus cargos a todas las autoridades a quienes se les había vencido sus periodos sin que la Asamblea hiciera los nuevos nombramientos, lo cual desató otra crisis política en el país.
En septiembre de 2010, casi un año después de la sentencia 504, los magistrados sandinistas conformaron una Corte Plena utilizando a conjueces para suplantar a los magistrados liberales, quienes se negaban a integrar salas con los magistrados a quienes se les habían vencido los periodos, Rafael Solís y Armengol Cuadra.
En el seno de los sandinistas se había iniciado una discusión sobre la necesidad de que la sentencia 504 fuera ratificada por todo el pleno de la Corte y no quedara solo como una sentencia de la Sala Constitucional.
En la Corte Plena en la que integraron a los conjueces, igualmente obedientes a Ortega, los magistrados sandinistas emitieron una sentencia número 6, de Corte Plena, en la que ratificaban a la sentencia 504 y de esa manera el artículo 147 de la Constitución, que prohibía la reelección, ya no era aplicable solo a Daniel Ortega y los 105 alcaldes sandinistas, sino para todo los ciudadanos nicaragüenses, porque la sentencia adquiría un carácter erga omnes, es decir, que beneficia a todas las personas y no solo a quienes habían recurrido de amparo.
Finalmente, Ortega se reeligió en 2011 mediante un fraude electoral en el que se asignó 63 diputados en la Asamblea Nacional, votos suficientes para reformar la Constitución Política sin necesidad de negociar con otras fuerzas política. Las reformas las hizo en 2014 y en ellas eliminó del artículo 147 el párrafo que decía que el presidente de la República no podía ser reelecto para otro periodo inmediato.
Nuevamente un caudillo había pasado encima de la Constitución Política para perpetuarse en el poder. Así lo había hecho José Santos Zelaya en 1896 y los Somoza entre 1937 y 1979.
En su entrevista en 2010 a Amelia Brenes Barahona, el entonces magistrado Sergio Cuarezma, explicó algo que en la actualidad se entiende mejor, que Ortega hizo todos sus desmanes con la complicidad de la empresa privada, la misma de la cual se divorció en abril de 2018.
Cuarezma dijo: “Enfocados en el objetivo de proporcionar, aunque en apariencia de legalidad, a su líder político que pueda reelegirse, (los magistrados sandinistas) emitieron un documento extraño parecido al malleus maleficarum, seis personas, algo así como un grupo de fans del presidente Ortega, decidieron reformar la Constitución Política y sin valorar las consecuencias sacan al país del cauce democrático y lo reencausan a superadas y anquilosadas políticas de confrontación de los años ochenta, de la década perdida, tratando de cambiar las reglas de la democracia y con este acto inician un proceso de desmantelamiento del Estado democrático de Derecho, dirigido a crear una dictadura cobijada por el Estado de Derecho y, por cierto, mientras no se afecten sus intereses, aplaudida por el capital criollo”.