Todo comenzó con la ALN. El 20 febrero de 2008 el Consejo Supremo Electoral (CSE) anunció que le quitaba a Eduardo Montealegre la representación legal de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y se la otorgó a su antiguo aliado Eliseo Núñez Hernández.
Montealegre había sido el candidato presidencial de la ALN en las elecciones presidenciales de 2006, cuando quedó en segundo lugar, detrás del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Nueve años después a Montealegre le pasa lo mismo con la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI).
Desde que Daniel Ortega regresó al poder, en 2007, los poderes del Estado han actuado de acuerdo con los intereses políticos del hoy presidente inconstitucional.
En el transcurso de esos nueve años el orteguismo usó al CSE para suspender y cancelar personalidades jurídicas de partidos claramente opositores a su gobierno, pero este miércoles 8 de junio fueron los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quienes actuaron para quitarle a Montealegre la representación legal del PLI.
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CSE “MANOSEADO” POR CSJ
Debido a que el CSE había fallado la representación legal del PLI a favor de Montealegre en 2014, la expresidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, considera que el poder electoral “se está dejando manosear” por la CSJ al permitirle invadir facultades, que por Ley, solo el CSE tiene como rector de las elecciones.
“Estamos en un proceso electoral en marcha. Ya el Consejo Supremo Electoral en este momento se erige en el único poder del Estado que organiza, administra y dirige una elección y ya no puede haber interferencia de nadie”, afirmó Zelaya.
Insistió en que deben los magistrados electorales salir a lo inmediato para rechazar la sentencia de la CSJ.
“El Consejo Supremo Electoral se está dejando manosear, no está actuando como poder del Estado, porque tiene sus propias funciones, regulaciones y que no debería permitir ninguna intromisión ni del poder ejecutivo ni del poder judicial”, valoró Zelaya.
Los magistrados del CSE evidenciaron su sometimiento a los intereses del poder ejecutivo al acatar la primera resolución de la Sala Constitucional, en la que le ordenó no nombrar a los miembros del PLI en los Consejos Electorales Departamentales (CED) y Regionales (CER).
Zelaya valoró que si ahora acata el CSE el fallo sobre la representación legal del PLI, “faltará a sus obligaciones como poder del Estado independiente y afectará la institucionalidad democrática de Nicaragua, porque no cumpliría con su deber”.
La exfuncionaria consideró que si los magistrados del poder electoral no se hacen respetar en sus facultades, entonces deben desaparecer “y así nos ahorramos un montón de dinero los nicaragüenses” en el CSE.
Su apreciación es que la Sala Constitucional de la CSJ “no actuó conforme la obligación de atender en tiempo y forma los casos que se le presentan”, al tardarse más de cinco años en resolver sobre los amparos de tres facciones del PLI contra el CSE, que siempre reconoció la representación legal del partido en Indalecio Rodríguez y luego en Eduardo Montealegre.
Por ello, afirmó Zelaya, la intromisión de la Sala Constitucional, al desconocer lo actuado por el CSE, “es una violación al Estado de Derecho”.
NO HAY ESTADO DE DERECHO, AFIRMA
La exmagistrada electoral lamentó que el proceso de las elecciones generales de 2016 no ofrece las garantías ni un régimen de respeto al Estado de Derecho, a la Constitución Política y a la Ley Electoral.
Las garantías no se ofrecen, para Zelaya, desde el momento en que no se cambia a los magistrados del CSE, que son cuestionados por la oposición de favorecer con el fraude en los comicios al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se le suma la convocatoria tardía a las elecciones de 2016 hasta desembocar en la sentencia de la CSJ, que duró cinco años en resolver la litis por la representación legal del PLI.
Zelaya sostiene que con su sentencia la Sala Constitucional creó un conflicto de poderes con el CSE.
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ROSALES: NO HAY VACÍO CONSTITUCIONAL
Pero Francisco Rosales, magistrado presidente de la Sala Constitucional, defendió la competencia del poder judicial para fallar sobre el litigio entre los partidos políticos, al sostener que existe “jurisprudencia abundante” desde hace veinte años.
“La competencia de la Sala Constitucional es amplia y suficiente en todo lo que se refiere al ámbito administrativo de lo que realiza el Consejo Supremo Electoral”, dijo Rosales, magistrado sandinista.
Rosales sostuvo que el fallo sobre la litis del PLI no causa “un vacío constitucional” o permite interpretar que la orden al CSE desconozca todo lo actuado con ese partido desde 2010, tampoco deslegitima las elecciones del 2011, 2012 y 2013.
“Aquí no se trata de decir si la elección tal o cual es válida, se trata de decir lo que la Dirección de Partidos (Políticos) del Consejo tenía que resolver una litis del Partido Liberal Independiente, litis que no resolvió”, respondió Rosales a LA PRENSA.
El magistrado presidente de la Sala Constitucional incluso responsabilizó a Montealegre por negarse a negociar el litigio por el PLI, fuera de la CSJ.
Insistió en que el CSE solo le toca cumplir el fallo de la Corte.
“De tal manera que ese vacío que se está queriendo invocar, también se hubiese invocado desde 2011. ¿Por qué no se hizo? Porque sencillamente le beneficiaba a determinadas personas (Montealegre)”, expresó.
PARTIDOS CANCELADOS
En junio de 2008 el CSE suspendió la personalidad jurídica del MRS y del PC. Con esta acción el orteguismo evitó que el MRS participara en las elecciones municipales que se realizarían en noviembre del 2008.
Dos años antes, el MRS, partido formado por disidentes del FSLN, que ha gobernado el país los últimos nueve años, había obtenido seis por ciento de los votos en las elecciones presidenciales de 2006.
El CSE argumentó el retiro de la personalidad jurídica al MRS por no completar sus órganos nacionales, departamentales y municipales.
Sin embargo, la Dirección de Atención a Partidos Políticos, con base en la lista de candidatos que cada partido presentó ante el CSE, el 12 de abril de 2008, publicó en los medios de comunicación escritos la lista definitiva de candidatos de cada partido político, incluyendo el MRS, que llevaba como candidato a alcalde por Managua a Enrique Sáenz.
En el caso del PC el CSE le suspendió la personalidad jurídica por no cumplir con el 80 por ciento de las inscripciones de candidatos para las elecciones municipales. Aunque, se la regresó en 2010.
En abril de 2013 el CSE canceló la personalidad jurídica de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), partido que había sido aliado del FSLN, pero que luego el presidente de la UDC, Agustín Jarquín, hizo ver su oposición y crítica al partido gobernante, retirándose de la alianza con el FSLN.
El CSE explicó que la resolución se basa en el comportamiento de estos partidos en las elecciones municipales de 2012, porque “desistieron de participar en el proceso electoral y no presentaron candidaturas; ambas acciones se establecen como requisitos para los partidos políticos en los artículos 63, 74 y 82 de la Ley Electoral”.
Sin embargo, la UDC presentó su intención de participar de manera independiente en las elecciones municipales, pero el CSE dijo que únicamente presentó 1,951 candidatos, equivalentes al 31.2 por ciento, incumpliendo lo impuesto en el artículo 82 de la Ley Electoral, que establece que los partidos nacionales deberán inscribir un mínimo de 80 por ciento de las candidaturas a nivel nacional.
DIPUTADOS DEL PLI SE MANTIENEN
Francisco Rosales, magistrado presidente de la Sala Constitucional de la CSJ, refirió que la sentencia que quita la representación legal del PLI a Eduardo Montealegre no afecta la continuidad de los 26 diputados que fueron electos en la casilla 13 en las elecciones de 2011.“En la sentencia hay un considerando específico que dice que aquellas personas que fueron electas por sufragio universal, libre y secreto se mantienen en sus cargos. Y retomamos incluso la famosa frase ‘que los nombrados, nombrados están’”, respondió Rosales.
