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A raíz del nombramiento de Ana Julia Guido como magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (Fiscalía), donde anteriormente se desempeñó como fiscal general, queda prácticamente acéfalo. La dictadura Ortega-Murillo no ha nombrado oficialmente a su reemplazo, y tampoco se hizo pública la renuncia de Guido a su cargo anterior antes de ser juramentada como magistrada.
El pasado 25 de noviembre, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo propuso como nuevos magistrados de la CSJ a tres de sus fichas más destacadas dentro del engranaje judicial utilizado para perseguir a presos políticos en los últimos años: la fiscal general Ana Julia Guido y los exmagistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez.
«Ella no puede ejercer el cargo de fiscal. Debería renunciar —si no lo ha hecho— y deberían nombrar un nuevo fiscal, o asumirlo la procuradora, que es lo que siempre ha buscado», dijo un especialista consultado bajo condición de anonimato.
PGJ debe escoger sucesora de Guido
Con la entrada en vigor de la Ley 1259, Ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), surgida a partir de una reforma constitucional que subordinó a la Fiscalía a esta nueva instancia, Wendy Morales —como titular de la PGJ— es ahora la responsable de nombrar o destituir al fiscal general.
El especialista consultado consideró que al estar vacante el cargo Morales adquiere todavía más poder del que ya tenía otorgado por la dictadura.
«Ella ya tenía suficiente autoridad porque era la superior jerárquica y tenía la facultad de controlar y definir las políticas del Ministerio Público. Pero ahora, al quedar vacante, puede involucrarse más en la administración cotidiana, en la dirección del día a día y de todos los asuntos», señaló.
Añadió que, a su criterio, Morales —bajo órdenes de Ortega y Murillo— podría nombrar a alguien en cualquier momento, pero por ahora no existe prisa, pues no es prioritario para el régimen.
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Fiscalía seguirá operando de la misma manera
A juicio del especialista, aunque la Fiscalía se encuentra acéfala, esto no cambiará su funcionamiento ni su rol represivo, especialmente en la persecución judicial contra opositores.
«El Ministerio Público seguirá operando como un aparato de represión, tal como fue diseñado y como ha venido funcionando incluso bajo Ana Julia Guido, quien fue premiada por su disposición a inventar juicios, fabricar pruebas y perseguir opositores. Es un premio a su colaboración con la persecución, la represión y la comisión de crímenes de lesa humanidad», señaló.
Ana Julia Guido señalada de fabricar casos
Estados Unidos sancionó a Guido en 2020, acusándola de dirigir la institución que fabricó procesos contra opositores y de abusar de su cargo como fiscal general. Rothschuh y Rodríguez, por su parte, participaron en el despojo de nacionalidad a centenares de excarcelados políticos y críticos del régimen.
La propuesta de la pareja dictadora fue enviada a la Asamblea Nacional al mismo tiempo que oficializó las renuncias de los magistrados liberales José Manuel Martínez Sevilla, Virgilio Gurdián y del sandinista Armengol Cuadra López. En este proceso, además, surgieron otros nombres como posibles candidatos.
Junto a las sanciones de Estados Unidos, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU señaló a Guido Ochoa como una funcionaria clave en la persecución política mediante la fabricación de casos judiciales.
Según el GHREN, Guido Ochoa recibía órdenes directas de Ortega y Murillo —o instrucciones transmitidas por Néstor Moncada Lau, asesor en seguridad presidencial— y supervisaba investigaciones coordinadas entre policías y fiscales en Managua y otros departamentos. Además, enviaba instrucciones de carácter político a fiscales y jueces sobre a quiénes debían procesar.
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PGJ muere y revive a conveniencia del régimen
La Procuraduría General de Justicia existió en Nicaragua hasta 1999, cuando fue transformada en Procuraduría General de la República (PGR) y se separó de la Fiscalía. Este cambio buscaba, según el especialista, garantizar la independencia del ente acusador, mientras que la Procuraduría asumiría la representación legal del Estado.
Sin embargo, la reforma también respondió al pacto político entre el expresidente Arnoldo Alemán y Daniel Ortega en 1999, con el que ambos se repartieron cuotas de poder. En 2000 nació la Fiscalía como ente autónomo y en diciembre de 2001 se creó formalmente la PGR, desapareciendo la PGJ.
Si en 2001 la PGJ fue eliminada para permitir que Alemán y Ortega colocaran una ficha cada uno tanto en la PGR como en la Fiscalía, ahora —en 2025— Ortega desaparece la PGR y revive la PGJ porque ya no comparte el poder con nadie: él y Rosario Murillo lo controlan absolutamente todo, explicó el especialista.
