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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la publicación en La Gaceta, diario oficial, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Ley 1259, el nuevo «superministerio» de la dictadura que absorbió al Ministerio Público (MP). Con esta publicación en el diario oficial, la dictadura forzó la vigencia de la ley, aunque su base constitucional, a raíz de una reforma constitucional, no está vigente puesto que debe ratificarse en una segunda legislatura el próximo año.
La Asamblea Nacional, bajo el control de la dictadura Ortega Murillo, aprobó el pasado 6 de agosto en primera legislatura una reforma constitucional —la segunda desde que impuso la nueva Constitución sandinista en febrero de este año— con la que se crea la PGJ, desapareciendo el Ministerio Público, cuyas funciones pasan a esta nueva entidad.
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El 26 de agosto, los diputados aprobaron la Ley Orgánica de la PGJ, con la que convierten a la entidad en un superministerio, dotado de amplias funciones, incluyendo la subordinación del Ministerio Público dentro del organigrama.
Incluso antes de siquiera aparecer en La Gaceta, el régimen de los Ortega Murillo echó a andar la PGJ para acusar al exasesor presidencial en inversiones Álvaro Baltodano y a su hijo Álvaro Baltodano Monroy de lavado de dinero el pasado 14 de agosto. Es decir, sin vigencia constitucional, la ley creadora de la PGJ y el reglamento emitido por la Presidencia.
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«No somos un superministerio»
Aunque la reforma constitucional no tiene vigencia aún, la vocera de la dictadura, Rosario Murillo, proclamó a Wendy Morales como procuradora general de Justicia. La funcionaria sandinista confirmó esta disposición en el estatal Canal 6.
En su intervención, aseguró que la instancia no es un «superministerio», pero a la vez se contradijo al señalar que en el transcurso de los últimos años se le han asignado más funciones, como la Procuraduría de Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Registros, entre otras.
«Es una continuidad de la PGR, para ilustrar a las familias nicaragüenses porque he estado escuchando mucha información que se tergiversa, que dice que ahora somos un superministerio. En realidad se nos han venido añadiendo algunas funciones propias de la representación que ya tenía la PGR», dijo Morales.
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Morales defiende acción penal
Morales defendió la incorporación de funciones a la PGJ, medida que críticos señalan que provocará que la acusación penal de cara a juicios ya no contará con imparcialidad, debido a que será la misma Presidencia, a través de la PGJ, la que acuse en juicios.
«Antes de 2000, el MP y la PGR eran una sola institución. Se hace el cambio por incorporaciones en materia penal estableciendo que una entidad representaría a la víctima y la otra al Estado. En eso sí habrá un cambio en el organigrama, pero será mínimo, porque ya tenemos nuestro organigrama con las otras dependencias que se han adscrito», dijo Morales.
Morales advirtió a los funcionarios públicos a la vez que reafirmó que el interés de estas medidas es perseguir a quienes «cometan actos de corrupción».
«Por si a alguien en algún momento se le olvidó cumplir la ley o que es funcionario público, que nuestros salarios se pagan con los impuestos de los nicaragüenses, este es un buen momento para recordar que está la PGJ», dijo Morales.
