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Con la acusación de supuesto lavado de dinero, contra el exasesor presidencial para las inversiones y exmilitar Álvaro Baltodano Cantarero y su hijo Álvaro Antonio Baltodano Monroy, la dictadura de los Ortega Murillo puso en marcha de facto la Procuraduría General de Justicia (PGJ), surgida a raíz de una reforma constitucional aprobada en primera legislatura el 6 de agosto de 2025.
La reforma elimina el Ministerio Público y debe ser ratificada en una segunda legislatura, por lo que aún no está vigente. En consecuencia, la nueva PGJ carece de ley creadora y de reglamento emitido por la Presidencia.
A través de un comunicado, la PGJ acusó a los Baltodano de utilizar 20 empresas de maletín para lavar dinero y evadir impuestos, anunciando que procederá a enjuiciar a los involucrados. A criterio de un especialista en derecho constitucional consultado por LA PRENSA, estas acciones demuestran que la dictadura no respeta ni su propia Constitución sandinista, con tal de purgar a quienes ahora considera una amenaza.
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Dictadura aplica retroactividad
«Esto no es la primera vez que lo hacen, que una reforma constitucional esté aprobada en solamente una legislatura y se aplique como si está vigente. Entonces aplican una vigencia retroactiva e inconstitucional, porque estarían aplicando normas que no han nacido al mundo del derecho», dijo un especialista en derecho constitucional.
El 5 de agosto, tras conocerse el arresto de Bayardo Arce, la vocera de la dictadura, Rosario Murillo, anunció la reforma para instalar la PGJ, la cual fue aprobada en primera legislatura en menos de 24 horas.
«En un Estado de derecho eso es impensable. Si la reforma constitucional no se ha aprobado en segunda legislatura y no se ha publicado en La Gaceta, son normas que no son de aplicación jurídica porque para integrarlas al marco jurídico del país se requiere de un procedimiento que está incompleto», señaló el especialista.
LA PRENSA/ARCHIVO
Dos reformas constitucionales a la nueva Constitución sandinista
Desde que la dictadura puso en vigencia la nueva Constitución sandinista, el 19 de febrero de este año, hasta la fecha ha impulsado dos reformas que sólo cuentan con aprobación en primera legislatura.
El 16 de mayo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reformó los artículos 23 y 25 de la nueva Constitución sandinista, a cuatro meses de su entrada en vigor, estableciendo que “la nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad”. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, reiteró que la reforma no se aplicará de forma retroactiva, es decir, que entrará en vigencia únicamente cuando se apruebe en segunda legislatura, en enero de 2026.
La segunda enmienda a la Constitución sandinista fue para crear la PGJ y eliminar el Ministerio Público.
«Es un récord mundial que la Constitución ‘chamuca’ se reforme dos veces en siete meses. Ese es el resultado de imponerla a la ligera, sin hacer consultas, respetando los procedimientos o consultar a especialistas. Como la aspiración es imponer el modelo totalitario, después necesitan hacer reformas para acomodarse», opinó el especialista.
Reformas regresivas
La gravedad de la última reforma, sumada a su aplicación inconstitucional, radica en que también eliminó al Ministerio Público que, aunque estaba bajo el control de la dictadura, tenía al menos en el papel independencia de todos los poderes del Estado.
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Ahora que la PGJ asume las funciones del Ministerio Público, la acusación estará siempre en manos de la Presidencia, ya que la PGJ es una instancia dependiente de la pareja dictatorial, según lo establece la nueva Constitución sandinista, al igual que las anteriores cartas magnas.
«Antes el Ministerio Público gozaba de autonomía orgánica, funcional y administrativa, y estaba subordinado únicamente a la Constitución y las leyes. Ahora la Procuraduría no menciona independencia y su Procurador General será designado directamente por la Presidencia, lo que genera una subordinación política y dependencia presupuestaria del Ejecutivo», afirmó otro especialista consultado por LA PRENSA.
