El derrumbe de la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua

Que patrullas custodian su residencia. Rumoran que quiso huir y le decomisaron el pasaporte en el aeropuerto. O que agentes de la CIA le ayudaron a huir de Nicaragua y hoy anda exiliada.

Ramos, silenciada durante años dentro del aparato oficial, reapareció de forma inusual en los medios afines al régimen mediante una supuesta carta en la que niega las versiones sobre su situación, un movimiento que sigue el patrón observado en otros funcionarios que, tras caer en desgracia, son expuestos públicamente para “aclarar” hechos bajo una narrativa más orientada a reforzar el discurso oficial que a ofrecer una explicación independiente o verificable.

Su caso, lejos de confirmar los rumores en torno, ilustra uno de los últimos eslabones perdidos de la antigua estructura de la Corte, aquel Poder del Estado que recibió a Daniel Ortega en 2007 con 16 magistrados y un poder capaz de paralizar el Estado, del cual solo queda una magistrada en funciones: Juana Méndez.

Tres abogados que han venido documentando paso a paso el derrumbe de ese extinto Poder del Estado, desde diferentes trincheras, sirven como notarios de esta historia para dejar en actas el principio y fin de aquel poderoso clan de magistrados judiciales.

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Colapso paulatino

El colapso del Poder Judicial en Nicaragua no ocurrió de forma súbita ni empezó en 2023 como muchos creen.

Fue, como lo describe el abogado y exfuncionario judicial Yader Morazán, un proceso gradual, sistemático y cuidadosamente ejecutado desde 2018 que terminó por convertir a la CSJ en una dependencia subordinada al Ejecutivo.

Morazán identifica cuatro momentos clave en ese desmontaje. Cada uno representa un paso más en la erosión de la independencia judicial, hasta desembocar en las reformas constitucionales de enero de 2025, que sellaron el control total.

2018: Principio del fin

El primer punto de quiebre se sitúa en 2018, en el contexto de la represión estatal contra las protestas ciudadanas. Hasta ese momento, aunque cuestionado, el Poder Judicial mantenía una lógica de reparto político heredada del pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán en el año 2000: un equilibrio de facto entre ocho magistrados sandinistas y ocho liberales.

“Ese modelo, basado en cuotas partidarias, garantizaba ciertos márgenes de negociación interna. Pero la crisis de abril de 2018 cambió la naturaleza del sistema”, dice Morazán.

Según el abogado, a partir de entonces el Poder Judicial dejó de actuar como árbitro institucional y pasó a funcionar como instrumento directo de persecución política.

“Jueces y magistrados comenzaron a responder a directrices partidarias en casos sensibles. Procesos judiciales contra opositores, manifestantes y periodistas evidenciaron una justicia alineada con la estrategia represiva del régimen. Fue el inicio de la subordinación funcional del Poder Judicial”, dice.

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2023: subordinación financiera

El segundo momento clave ocurrió en noviembre de 2023, cuando la Asamblea Nacional reformó la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar el 4 % del Presupuesto General de la República asignado por ley a este poder del Estado.

Para Morazán, este fue un punto de inflexión determinante. La medida no solo afectó el financiamiento, sino que despojó al Poder Judicial de su independencia económica, convirtiéndolo en una institución dependiente del Ministerio de Hacienda.

“Al perder su presupuesto propio, dejó de ser un poder del Estado y pasó a ser un órgano adscrito al Ejecutivo”, explica el exfuncionario.

La consecuencia fue inmediata: la administración de justicia quedó condicionada a la voluntad política del Ejecutivo. Sin recursos propios, el sistema judicial perdió capacidad operativa y margen de decisión.

Asalto policial y purga institucional

Ese mismo año se produjo el tercer momento, quizá el más visible de todos: la intervención policial del Poder Judicial. A partir de octubre de 2023, la dictadura ejecutó una operación de control interno que Morazán describe como una “barrida general”.

Más de 1500 funcionarios —entre jueces, magistrados de apelaciones, secretarios, sindicalistas y personal administrativo— fueron destituidos. Algunos fueron detenidos, otros sometidos a investigaciones, y varios terminaron en el exilio o el destierro.

La intervención desarticuló la estructura institucional y alteró la lógica de funcionamiento.

Según Morazán, se produjo un cambio radical: las funciones sustantivas (juzgar) quedaron subordinadas a las funciones administrativas y políticas.

“Ahora es un administrador quien dicta a los jueces cómo deben actuar”, señala.

Paralelamente, la Procuraduría General de la República asumió el control de los registros públicos, propiedad inmueble y mercantil, despojando al Poder Judicial de la fiscalización de empresas y propiedades.

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2025: la eliminación de la Corte

El cuarto y último momento llegó con las reformas constitucionales aprobadas en 2024 y ratificadas en enero de 2025.

Estas consolidaron la subordinación total del Poder Judicial al Ejecutivo y eliminaron hasta el viejo nombre de “Corte Suprema de Justicia” por “Órgano Judicial”.

Las reformas redujeron el número de magistrados de 16 a 9 y establecieron un nuevo esquema de designación bajo control directo de la familia Ortega Murillo.

En la práctica, todos los nombramientos quedaron reducidos a la mano anillada de Rosario Murillo, señala Morazán.

Las salidas escalonadas de magistrados, presentadas como “renuncias”, fueron, según Morazán, el trámite final de un proceso previamente definido.

Solo Juana Méndez sobrevive

Cuando Daniel Ortega volvió al poder en 2007 encontró una Corte Suprema de Justicia de 16 magistrados, marcada por el reparto político nacido del pacto con Arnoldo Alemán en el año 2000.

No era una institución independiente en sentido pleno, pero todavía conservaba feudos, equilibrios internos y cuotas de poder entre sandinistas y liberales.

Para el abogado defensor de Derechos Humanos Braulio Abarca, ese pactó terminó en 2011, cuando la Sala Constitucional dictó la sentencia en que declaró como inconstitucional la Constitución Política, argumentando que violaba los derechos de Daniel Ortega a la reelección vitalicia.

“Para mí ese año comenzó la destrucción del Poder Judicial, que era la última barrera entre la democracia y la dictadura que es ahora”, dice Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

La sentencia en cuestión fue la 504, que inhabilitó la aplicación del artículo 147 de la Constitución, que prohibía la reelección.

Ya después lo que vino fue la coaptación del FSLN de la Corte: los magistrados liberales se alinearon al poder o renunciaron y la justicia quedó desde entonces en manos de los magistrados sandinistas.

Dieciocho años después, solo queda una magistrada en funciones: Juana Méndez, quien llegó a ese poder en 2007 después de absolver a Ortega de las acusaciones de abuso sexual de su hijastra Zoilamérica Nárvaez y condenar por corrupción a Alemán en 2003.

Méndez ya había sido obligada a renunciar a su cargo en marzo de 2025, pero fue “reintegrada” cuatro días después.

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Las purgadas

Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte durante décadas, representó uno de los rostros más visibles del viejo poder judicial sandinista. Fue reelecta en 2022, pero en octubre de 2023 terminó desalojada por oficiales del aparato policial que ejecutó la intervención interna. Desde entonces su suerte ha bregado entre rumores de todo tipo.

Yadira Centeno, magistrada sandinista de larga trayectoria y de más de 80 años, cayó un día después de Ramos. Centeno pertenecía a la generación de magistrados que habían sobrevivido a varios ciclos políticos dentro de la Corte, al servicio de los intereses del FSLN.

Ileana Pérez, magistrada sandinista nombrada en 2014, renunció en octubre de 2022 tras escándalos de corrupción y pugnas internas entre Ortega y Murillo. Había sido removida de la Circunscripción Sur, una zona sensible por litigios de propiedades costeras y casos vinculados al narcotráfico. También fue interrogada en El Chipote por un caso relacionado con una propiedad decomisada. Su renuncia, atribuida oficialmente a motivos de salud, mostró que las purgas internas ya habían empezado antes de la intervención abierta de 2023.

Ellen Joy Lewin Downs, magistrada sandinista desde 2014 y reelecta en 2022, provenía del Caribe nicaragüense. Fue jueza local y ascendió a la Corte pese a no haber pasado por tribunales de apelación, como exige la carrera judicial. Integró la Sala Penal y la Sala de lo Contencioso Administrativo, se le vinculó en la defensa de los intereses del FSLN en el Caribe nicaragüense.

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Liberales echados

Virgilio Gurdián, magistrado de tendencia liberal llegado bajo el paraguas del pacto del año 2000, terminó plegado durante años al Frente Sandinista. Integraba el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, órgano clave para formalizar nombramientos y destituciones. Según una exfiscal que trabajaba en el sistema judicial, fue presionado por Murillo para firmar acuerdos que legalizaran la barrida interna, pero se resistió. La represalia directa llegó de mano del agente Horacio Rocha, comisionado policial en retiro a quien le dieron la tarea sucia de purgar el poder judicial.

Manuel Martínez Sevilla, otro magistrado liberal alineado con el sandinismo, también fue apartado bajo órdenes policiales. Policías de civil le impidieron ingresar a su oficina junto a todo su personal, una escena que retrató el nuevo método de control: no le dejaron sacar ni los retratos personales. Martínez, de más de 80 años, pertenecía al bloque de magistrados liberales que habían dado apariencia plural a la Corte desde el pacto del año 2000.

Antonio Alemán Lacayo, hermano del expresidente Arnoldo Alemán, murió en funciones ya plegado al FSLN. Nombrado magistrado en 2008, representaba la cuota liberal surgida de aquel acuerdo que repartió instituciones entre Ortega y Alemán. Murió en agosto de 2016, cuando cumplía su segundo período. Su vacante quedó como una de las primeras señales de una Corte incompleta, administrada por el régimen según sus tiempos y conveniencias políticas.

Carlos Aguerri Hurtado renunció en agosto de 2018, pocos meses después del estallido social y la represión estatal. Alegó “razones personales”, aunque la Asamblea Nacional aceptó su renuncia hasta enero de 2019. “No quiso hundirse más en el lodo de la represión”, dice la exfiscal.

José Adán Guerra, exministro de Defensa y magistrado nombrado en 2014, entregó su cargo el 9 de abril de 2019, un día antes de que venciera su período constitucional. Su paso por la Corte fue más discreto que el de otros magistrados de larga trayectoria, pero su salida profundizó el vacío institucional que el régimen no llenó de inmediato.

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Sandinistas barridos, exiliados y renunciados

Rafael “Payo” Solís Cerda fue uno de los operadores judiciales más importantes del sandinismo. Padrino de bodas de Ortega y Murillo, impulsó la arquitectura jurídica que permitió la reelección inconstitucional de Ortega. Renunció el 11 de enero de 2019, rompió con el FSLN y se exilió en Costa Rica. Su salida tuvo un valor simbólico mayor: uno de los arquitectos del poder judicial orteguista denunció la represión de 2018 y abandonó el sistema que ayudó a construir.

Francisco “Chicón” Rosales Argüello fue una ficha histórica de Ortega en la Corte. Magistrado desde 1996, permaneció 25 años en el cargo y leyó la resolución de la Sala Constitucional que abrió la puerta a la reelección presidencial de Ortega. Murió en mayo de 2021, tras varios días hospitalizado con síntomas asociados a la covid-19. Su figura encarnó la etapa en que el Poder Judicial no solo acompañó al orteguismo, sino que le fabricó las bases legales para perpetuarse.

Marvin Aguilar García quedó como “magistrado presidente en funciones” tras el desalojo de Alba Luz Ramos. Viejo cuadro orteguista, con casi tres décadas en la Corte, secretario político de estructuras sandinistas y sancionado por Estados Unidos, aparece señalado como una de las figuras más poderosas del sistema judicial. Su permanencia fue temporal hasta que lo obligaron a salir en 2025.

Armengol Cuadra López, magistrado desde el año 2000, presidió la Sala Penal y formó parte de la Sala Civil. Militante sandinista desde los años ochenta, defendió desde la Corte las posiciones del FSLN, con mayor radicalidad tras el regreso de Ortega al poder en 2007. Apoyó la reelección presidencial y fue parte del bloque que convirtió la justicia penal en una herramienta política de condenas en 2018.

Armando José Juárez, magistrado desde 2014 y reelecto en 2022, presidió la Sala Constitucional. Antes fue fiscal electoral e inspector general de la Fiscalía. Reportes periodísticos lo vinculan con la Dirección General de Seguridad del Estado en el primer régimen sandinista. Desde la Fiscalía persiguió a organismos de sociedad civil y luego saltó a la Corte como magistrado del partido sandinista.

Gerardo Arce Castaño, magistrado desde 2014, integró la Sala Civil y la Sala de lo Contencioso Administrativo. Comisionado mayor en retiro de la Policía Nacional, es hermano de Bayardo Arce Castaño, histórico dirigente sandinista y asesor presidencial en temas económicos, hoy condenado por los tribunales de Ortega Murillo.