Si bien con la entrada en vigor de la nueva Constitución sandinista se perdieron los derechos y garantías de un juicio justo —al degradar al poder judicial y someterlo a la Presidencia—, con la reciente reforma mediante la cual el régimen resucitó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para eliminar al Ministerio Público, la dictadura tiró por la borda el último resquicio que quedaba para que los ciudadanos pudieran acceder a procesos judiciales justos en el país.
El juicio justo es un derecho humano porque garantiza que toda persona, al ser acusada de un delito o al enfrentar un proceso judicial, sea tratada con igualdad, imparcialidad y respeto a su dignidad. Está reconocido en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Asamblea Nacional, bajo el control de la dictadura Ortega Murillo, aprobó el pasado 6 de agosto en primera legislatura una reforma constitucional —la segunda desde que impuso la nueva Constitución sandinista en febrero de este año— con la que se crea la PGJ, desapareciendo el Ministerio Público, cuyas funciones pasan a esta nueva entidad.
Y aunque la enmienda no está vigente al requerir la ratificación en segunda legislatura, el régimen de los Ortega Murillo echó a andar la PGJ para acusar al exasesor presidencial en inversiones Álvaro Baltodano y a su hijo Álvaro Baltodano Monroy de lavado de dinero el pasado 14 de agosto. Es decir, sin vigencia constitucional, ley creadora de la PGJ y reglamento emitido por la Presidencia.
Procuraduría no tiene imparcialidad
Esto, según abogados especialistas consultados, implica que la institución encargada de acusar e investigar será la misma Presidencia, bajo el control directo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, lo que elimina por completo las garantías procesales de los ciudadanos que enfrenten juicios.
«Continúa la destrucción de las garantías del debido proceso, porque ya no existen. Esas garantías dependen de la imparcialidad del juez y de quien te acusa o investiga. La centralización en el Poder Ejecutivo hace que quede claramente expreso que no existe derecho a un juicio justo», dijo el abogado Danny Ramírez, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh).
Había autonomía en papel
Ramírez explicó que la separación entre la representación del Estado —a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR)— y la acción penal —a cargo del Ministerio Público— tenía como propósito garantizar que las acusaciones fueran formuladas por un órgano autónomo e imparcial.
El Ministerio Público, al menos en la ley, gozaba de autonomía orgánica, funcional y administrativa, estando subordinado únicamente a la Constitución y las leyes. Ahora, con la nueva reforma, la PGJ no contempla independencia y su procurador general será designado directamente por la Presidencia, lo que convierte al sistema de justicia penal en una herramienta legalizada de persecución política.
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«Eso dejó de existir. En realidad, ya antes de 2018 no funcionaba, pero desde ese año la instrumentalización de estos órganos se volvió masiva y comprobable. El interés de separar a la PGJ del Ministerio Público tenía como objetivo garantizar que las acusaciones se realizaran por un órgano imparcial y autónomo», dijo Ramírez.
Procuraduría es símbolo de desconfianza
Ramírez añadió que la creación de la PGJ refleja desconfianza por parte del régimen Ortega Murillo, incluso hacia sus propios funcionarios más leales.
«El argumento de que se trata de una medida contra la corrupción es falso y contradictorio. Con el nivel absoluto de control que ejercen Daniel Ortega y Rosario Murillo no había necesidad de crear esta nueva instancia, porque la Fiscalía General de la República y la Contraloría ya están al servicio del régimen. Es decir, ni siquiera confían en las instituciones que ya tienen cooptadas», señaló Ramírez.
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Constitución sandinista sentó la base
El establecimiento de la PGJ consolida un proceso de años en que el régimen Ortega Murillo ha despojado a los nicaragüenses de derechos y garantías judiciales. El 28 de febrero, el representante adjunto de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Andrés Sánchez Thorin, advirtió que uno de los cambios más alarmantes en la nueva Constitución sandinista es la eliminación de los artículos 33 y 34, que establecían principios fundamentales del debido proceso y garantías judiciales mínimas.
La nueva Constitución sandinista, impuesta por la dictadura, entró en vigor el 19 de febrero. Aunque el régimen la presentó como una reforma parcial, modifica más de 100 artículos, transforma la estructura del Estado, elimina el equilibrio de poderes y otorga un control absoluto a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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“La eliminación de estas garantías fundamentales del debido proceso es motivo de profunda preocupación, especialmente en un contexto donde nuestra oficina sigue documentando patrones de detenciones arbitrarias y violaciones a los principios del debido proceso”, advirtió Sánchez durante el evento Nicaragua: nueva arquitectura constitucional, legislación represiva y su impacto para los derechos humanos, realizado en el marco del 58° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.
