Aunque el dictador nicaragüense Daniel Ortega Saavedra presenta como un «logro de la revolución sandinista» la autonomía de la Costa Caribe y, en consecuencia, de los pueblos indígenas, defensores de estas etnias consultados por LA PRENSA aseguran que fue hasta 1987 cuando los sandinistas incorporaron este reconocimiento en la Constitución, tras una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los graves crímenes cometidos en sus territorios.
El pasado 13de agosto, en su discurso por la celebración del 45 aniversario de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, Ortega hizo un repaso histórico de sus viajes a la Costa Caribe y afirmó que fue gracias a la revolución sandinista que se establecieron los derechos de los pueblos indígenas.
«Son regiones autónomas porque con el triunfo de la revolución se les dio derecho de posesión a los habitantes de estas comunidades que no tenían derecho de posesión, que los sacaban de sus tierras en cualquier momento. Y esto se forjó con la Ley de Autonomía, y ahí tienen su Asamblea, toman sus decisiones; en el Caribe Sur, igual, tienen su Asamblea, toman sus decisiones», dijo Ortega.
¿Cómo se logró el reconocimiento de estos territorios?
El 2 de septiembre de 1987, la Asamblea Nacional aprobó el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua (Ley 28), que reafirmó los derechos de propiedad comunal sobre las tierras, aguas y bosques. Según un especialista en derechos de los pueblos indígenas, que pidió omitir su nombre, esta medida respondió a la presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y buscaba apaciguar el conflicto bélico en el país, más que reflejar una verdadera voluntad política del gobierno sandinista.
«La ley quedó solo en papel porque los primeros Consejos Regionales se conformaron después del triunfo de la UNO (Unión Nacional Opositora) después de 1990, no durante el gobierno del FSLN», dijo el especialista.
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La denuncia ante la CIDH
En 1982, la organización indígena Misurasata denunció ante la CIDH que el gobierno sandinista había cometido graves violaciones a los derechos humanos contra la población miskita en la ribera del río Coco, a raíz de los operativos militares de diciembre de 1981 y enero de 1982.
La denuncia señalaba desplazamientos forzados de comunidades enteras, la destrucción de viviendas, cosechas y ganado, detenciones ilegales, torturas y la muerte de indígenas en hechos como la masacre de Leimus. También se denunciaban restricciones a la libertad religiosa y a la organización comunitaria, mediante la disolución de Misurasata.
La CIDH, tras su visita a Nicaragua en mayo de 1982 y la adopción de un Informe Especial el 26 de junio de ese mismo año, concluyó que las violaciones sufridas por la población miskita eran imputables al gobierno sandinista. El primer gobierno sandinista de los años 80 cumplió parcialmente algunas de las recomendaciones de la CIDH, como la revisión de sentencias irregulares, la destitución del juez responsable y la concesión de una amnistía en diciembre de 1983.
Sin embargo, quedaron pendientes otras de fondo, como la sanción a los responsables de las muertes en Leimus, la compensación por la destrucción de bienes y el reconocimiento de los derechos territoriales ancestrales de los miskitos.
«También en los acuerdos de paz en Centroamérica fue un compromiso reconocer a los pueblos indígenas», señaló el especialista.
Violaciones están vigentes
Tras el retorno de Ortega al poder en 2007, los avances en la protección de los pueblos indígenas han sido escasos, e incluso el Sistema Interamericano de Derechos Humanos debió intervenir nuevamente.
El 18 de noviembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Nicaragua por violar diversos derechos de los pueblos indígenas en el marco del proyecto del Canal Interoceánico, obra que finalmente no se concretó. El proyecto lo ejecutaría la empresa HK Nicaragua Canal Development Investment Co (HKND), liderada por el empresario chino Wang Jing.
En un informe publicado en septiembre de 2024, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN) señaló que el régimen de Ortega y Murillo ha cometido graves abusos contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, entre estos, asesinatos, desplazamientos forzados, invasión de tierras, destrucción de viviendas y cultivos, así como ataques de colonos armados que actúan con el aval o la complicidad de las autoridades.
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No es el único país con autonomía
Durante su discurso, Ortega también aseguró que Nicaragua «es el único país en toda la región y en toda América Latina que tiene ese régimen de autonomía que surgió con la Revolución».
Si bien la Ley de Autonomía de la Costa Caribe, aprobada en 1987, fue pionera en Centroamérica al crear dos regiones autónomas con sus propias asambleas regionales, otros países del continente cuentan con marcos similares que reconocen el autogobierno indígena en territorios específicos.
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En Colombia, la Constitución de 1991 reconoció los territorios indígenas como entidades con autonomía política y administrativa, dotadas de autoridades propias y capacidad para decidir sobre proyectos que afecten sus tierras.
En Panamá, las comarcas indígenas como Guna Yala o Ngäbe-Buglé poseen congresos internos y sistemas normativos propios, que funcionan como formas de autogobierno reconocidas por el Estado. El caso más avanzado es Bolivia, cuya Constitución de 2009 estableció la figura de la autonomía indígena originaria campesina, que otorga a estas comunidades facultades legislativas, ejecutivas y judiciales.
En México, tras la reforma constitucional de 2001, los pueblos indígenas también obtuvieron reconocimiento a la autonomía, y en estados como Oaxaca existen municipios regidos por usos y costumbres, sin intervención de partidos políticos.
