Dirigentes y defensores indígenas denuncian que, presuntamente, funcionarios del régimen de Daniel Ortega —entre los que también identifican a supuestos miembros del Ejército de Nicaragua— realizan visitas casa a casa, consultando, entre otras cosas, por las edades de los varones, sobre todo en territorios mayangnas y miskitos.
«Están visitando casa por casa para conocer las edades y si hay varones en las casas de 16 años a 35. Les dicen que necesitan saber sobre los varones. Ellos andan de civil, pero la gente ha identificado que algunos son soldados en las comunidades donde los conocen», dijo una fuente que prefirió omitir su nombre por temor a represalias.
Según una de las fuentes consultadas, se presentan como parte de las instituciones del Estado y andan recabando información que requiere el régimen, lo que levanta temores entre las comunidades indígenas, puesto que desconocen el objetivo de estas indagaciones y algunos comunitarios aseguran que ha habido arrestos.
«Así se presentan. Esto es paralelo al censo, cuando llegaban cada quince días. No es parte de algún censo que conozcamos», dijo un comunitario.
Lea además: No los dejan volver a su país: el dolor de los nicaragüenses obligados al destierro
En la zona de Bonanza
Mientras que en otras zonas, como en Bonanza, municipio en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, también se registran casos de visitas de algunos funcionarios públicos, aunque los motivos no están del todo claros.
“Dentro de las comunidades todavía no han hecho las visitas casa a casa, pero en Bonanza sí. Han pasado de casa en casa, preguntando por la cantidad de hombres, mujeres, la edad, cuántos están estudiando. Probablemente más adelante se internarán dentro de otros territorios indígenas”, dijo un comunitario.
Lea además: Nueva ley fronteriza abre la puerta a desalojos de comunidades indígenas

GHREN identificó violaciones a derechos humanos
En un informe publicado en septiembre del año pasado, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) documentó vigilancia, hostigamiento, amenazas, detenciones arbitrarias, entre otras violaciones, por parte de la Policía, el Ejército y personas vinculadas con el Frente Sandinista, incluyendo la Juventud Sandinista, los Consejos del Poder Ciudadano y los Comités de Liderazgo Sandinista.
«El GHREN concluye que, a partir de 2018, las autoridades del Gobierno de Nicaragua y grupos afines al Gobierno han cometido violaciones y abusos de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes en las dos regiones autónomas de la Costa Caribe de forma incrementada y sistemática», señala el informe.