La nueva Ley 1258, Ley de Territorio Fronterizo, aprobada el martes 5 de agosto de forma expedita en la Asamblea Nacional, al servicio del régimen Ortega Murillo, perjudicará a al menos 100 comunidades de las 304 que forman parte de los 23 territorios indígenas con titulación otorgada por el Estado de Nicaragua.
Especialistas consultados por LA PRENSA advierten que la nacionalización de los primeros 15 kilómetros desde la frontera hacia el interior, establecida en la nueva normativa, puede servirle a la dictadura como base legal para el despojo de tierras indígenas registradas mediante procesos de titulación, incluso en zonas protegidas. Algunos de estos territorios en el norte son Li Lamni Tasbaika Kum, con 26 comunidades; Wangki Li Aubra, con 18; Axas Tingni, con tres; y Wangki Maya, con 21. En el sur está el Rama y Kriol con nueve comunidades.
El artículo 6 de la Ley 749, Ley de Régimen Jurídico de Frontera aprobada en 2010, que la Asamblea derogó el martes para sustituirla por la 1258, reconocía los territorios indígenas y las comunidades étnicas dentro de la franja fronteriza y hacía referencia a la Ley 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas; esta ley establece que las tierras comunales no se pueden gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles.
Omisión de los derechos de pueblos indígenas
En cambio, la nueva Ley de Territorio Fronterizo elimina toda mención a pueblos indígenas, comunidades étnicas y regímenes especiales. Y es que la ley 749 tenía 49 artículos en los que establecía todas estas exclusiones y referencias, pero la nueva ley 1258 que la sustituyó solamente tiene cuatro artículos.
“El mayor impacto es el conflicto con la Ley 445, de régimen de propiedad comunal, porque la mayoría de las comunidades indígenas viven en la frontera. Son más de 304 comunidades indígenas y afrodescendientes en 23 territorios titulados. Casi la mitad de esas comunidades vive en las fronteras norte y sur, en río Coco, fronterizo con Honduras; y el río San Juan, fronterizo con Costa Rica. Están afectando donde las comunidades tienen sus parcelas y pueden hacer sus actividades de subsistencia”, dijo un especialista que prefirió omitir su nombre por temor a represalias.
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También advirtió que la nueva ley podría dar pie a que la dictadura Ortega Murillo desconozca los títulos ya otorgados a comunidades indígenas en la zona fronteriza. Además, entra en conflicto con el artículo 8 de la Ley 28, Estatutos de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe, que establece que las regiones autónomas deben participar en la elaboración de planes y programas de desarrollo.
Temor de desalojos de comunidades indígenas
Aunque la Presidencia aún no ha emitido el reglamento de la nueva ley, el especialista considera que predominará la discrecionalidad sobre la titularidad de las tierras, por lo que no descarta desalojos de comunidades indígenas.
“La nueva Ley de Territorio Fronterizo, al crear un conflicto con la Ley 445, otorga una discrecionalidad que en la práctica puede traducirse en desalojos. Ya lo veíamos venir, pero aun así estamos sorprendidos de esta nueva norma que les quita todos los derechos a los pueblos indígenas. El fin es claro: quieren arrebatarle sus tierras, lo cual se suma a la invasión de colonos que ha quedado en impunidad”, afirmó otro especialista en derechos de los pueblos indígenas que también pidió anonimato.
No obstante, el diputado sandinista Edwin Castro aseguró el martes, durante la sesión de aprobación de la Ley 1258, que “no habrá riesgos para las personas que habitan las zonas fronterizas”. Sin embargo, la ley establece la propiedad del Estado sobre esas áreas.
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Comunidades indígenas ya reducidas
Uno de los especialistas señaló además que las comunidades indígenas ya estaban afectadas y reducidas debido a la invasión de colonos, por lo que advierte, las que se encuentran en zonas fronterizas podrían perder aún más espacio o incluso desaparecer.
“Comunidades con apenas 10 kilómetros de territorio se ven reducidas por la invasión masiva de colonos, que desplazan parcelas y cultivos. Muchos líderes indígenas han sido encarcelados o amenazados de muerte por denunciar estos hechos”, comentó.
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En 2005 tras la aprobación y reglamentación de la Ley 445, se conformó la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti), encargada de coordinar los procesos de titulación. Según un informe de esa instancia, hasta 2013 estaban registrados 21 territorios indígenas: 14 en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y nueve en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
Consolida control
Si bien antes se contemplaban los 15 kilómetros como zona fronteriza, la ley anterior establecía que se dividía en tres subzonas, cada una con un régimen específico.
La Zona de Desarrollo e Integración Fronteriza abarcaba toda la franja y tenía como objetivo promover el desarrollo socioeconómico, cultural y turístico, e incluía zonas de interés para la inversión, que se aprobaban en consultas entre el Gobierno y el sector privado. Por su parte, la Zona de Seguridad Fronteriza correspondía a los primeros 5 kilómetros desde la frontera, era inalienable y estaba sujeta a un régimen especial de control estatal y militar, con restricciones a la propiedad privada, sobre todo para extranjeros.
La tercera clasificación era la Zona Especial de Protección Fronteriza, que también podía encontrarse dentro de los 15 kilómetros, e incluía áreas protegidas, territorios indígenas, comunidades afrodescendientes e instalaciones estratégicas del Estado. Esta zona se regía por leyes especiales, como la Ley 445 para pueblos indígenas, y reconocía modelos propios de desarrollo sostenible y conservación.
