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La nueva Ley de Territorio Fronterizo (Ley 1,258), que los diputados de la Asamblea Nacional, al servicio de la dictadura, aprobaron este martes de forma expedita, otorgará amplia discreción al régimen de los Ortega Murillo para asumir un mayor control de la zona, incluyendo la posible confiscación de propiedades, según especialistas consultados por LA PRENSA.
Aunque el diputado sandinista Edwin Castro aseveró que no habrá riesgos para las personas que habitan las zonas fronterizas que contemplan poblaciones medianas y ciudades, los abogados consultados tienen dudas sobre esto puesto que la nueva ley establece en su artículo 2 que desde el límite fronterizo convencional hasta los 15 kilómetros hacia el interior del territorio nacional «es propiedad del Estado nicaragüense».
«Deja varias dudas, como la situación jurídica de los propietarios de dichas tierras y si habrá o no indemnización por utilidad pública», dijo un abogado que prefirió omitir su nombre por temor a represalias.
«La ley está muy mal redactada, todo quedará para el reglamento, es de interpretación libre una absoluta irresponsabilidad. No regula los derechos de propiedad privada, comunal o cooperativa legítimamente adquiridos de previo», señaló otro especialista.
Confiscación
Para otro abogado consultado, la medida del régimen de los Ortega Murillo es una «confiscación», puesto que los pobladores de la zona no tendrán una base jurídica para acogerse y proteger sus propiedades.
«Pero realmente en los 15 km se está dando una confiscación de derechos de propiedad aunque digan que quienes están ubicados en la zona continuarán, pero lo harán por mera tolerancia del Estado sin ninguna garantía de que se les respete indefinidamente, no se crea en la ley ningún derecho para ellos al cual puedan acogerse», dijo el especialista.
Alta discrecionalidad sobre extranjeros
La ley anterior, Ley de Reglamento Jurídico de Fronteras de 2010 (Ley N 749), establecía restricciones claras para la adquisición de tierras por parte de extranjeros en la zona fronteriza. En su artículo 34, prohibía expresamente que personas naturales o jurídicas extranjeras adquirieran bienes inmuebles en la Zona de Seguridad Fronteriza que consiste en los primeros cinco kilómetros desde la línea limítrofe, salvo mediante concesión o arrendamiento otorgado por el Estado bajo justificación de interés público. Esta prohibición respondía al principio de resguardar la soberanía nacional, y se complementaba con otras disposiciones que evitaban la titulación de tierras a extranjeros en áreas protegidas o estratégicas.
«Aunque la presencia de extranjeros no estaba totalmente prohibida, el acceso a la tierra estaba rigurosamente regulado», señaló un especialista.
En contraste, la nueva Ley de Territorio Fronterizo, aprobada el martes, elimina toda mención a restricciones para extranjeros y simplemente declara que los 15 kilómetros desde la línea fronteriza hacia el interior del país son propiedad exclusiva del Estado nicaragüense.
Al borrar las categorías previas como “zona de seguridad” o “zonas especiales de protección”, donde se reconocían derechos diferenciados y limitaciones a la propiedad, la nueva legislación abre un vacío legal que podría facilitar la legalización de concesiones extractivas otorgadas a empresas extranjeras, incluso en territorios donde antes no se permitía ninguna forma de apropiación.
Esta omisión, según especialistas, representa un retroceso en materia de soberanía, protección ambiental y derechos territoriales.
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Beneficia concesiones mineras
El lunes, el régimen entregó una nueva concesión minera a la empresa china Thomas Metal Sociedad Anónima, representada por el empresario Xiangming Gu, en la Reserva Biológica Indio Maíz. Esta es una zona habitada por comunidades indígenas Rama-Kriol. Con esta última adjudicación, la empresa suma cuatro concesiones en esa región, abarcando un total de 108,464.30 hectáreas, dentro y alrededor de la reserva, cuya extensión total es de 2,639 kilómetros cuadrados.
La nueva concesión corresponde al lote El Castillo, con una extensión de 39,172.00 hectáreas, ubicado en los municipios de El Castillo y San Juan de Nicaragua, ambos del departamento de Río San Juan.
Se suma al patrón de temores del régimen
El 26 de noviembre del año pasado, la dictadura envió a la Asamblea Nacional la «Iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería; y de adición a la Ley 641, Código Penal de Nicaragua», con la que acentuó el control sobre las zonas fronterizas.
«Denota preocupación por la salida e ingreso de los nicaragüenses por puntos ciegos. ¿Será que quieren restringir el ingreso a esa amplia zona? Esto afectará importantes propiedades productoras de café en el norte y gran actividad turística en el sur, sin hablar de la afectación a las poblaciones indígenas al lado del río Coco», señaló el especialista.
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Se deberá esperar reglamento
La ley anterior contaba con su reglamento, mismo que fue derogado en la Ley de Territorio Fronterizo aprobada el martes y que deberá emitirlo la Presidencia. A criterio del ambientalista Amaru Ruiz, es necesario ver qué traerá el reglamento para conocer qué cosas se omitirán o se incorporarán en la práctica.
«Por eso hay que estar muy atentos al reglamento que emitan, para ver si no sólo declaran la zona como propiedad del Estado, sino también qué harán con la gente que vive ahí. La ley anterior exceptuaba a las ciudades ubicadas en la franja fronteriza. Imagino que ahora el régimen va a pasar el control de esas zonas al Ejército —eso seguramente lo mantendrán—, pero también intentarán justificar la expulsión de quienes habitan allí», manifestó Ruiz.
