Crónica desde el río San Juan | Invasión de tierras destruye aceleradamente el refugio silvestre

Ismael atribuye el crecimiento poblacional en ese sector a que las tierras son más baratas. Según explica, una propiedad de 50 manzanas puede adquirirse entre 15 mil y 20 mil córdobas (entre 270 y 543 dólares al tipo de cambio actual), mientras que en territorio costarricense los precios pueden triplicarse.

También señala que “del otro lado del río” —en Nicaragua— “está llenito de gente, ahí no hay un campo vacío”, y que estas personas cuentan con paneles solares y obtienen agua de las montañas.

Convertido en zona agrícola

Desde 2022 se ha incrementado visiblemente la construcción de viviendas en la ribera norte del río San Juan, lo que sirve como frontera natural entre Nicaragua y Costa Rica. Donde termina el río por el sur, comienza territorio costarricense. Sin embargo, la zona que Ismael describe como “llenita de gente” forma parte del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, un área protegida de 430 kilómetros cuadrados, cuya conservación está a cargo del Estado de Nicaragua.

Según el estudio «Nuevo frente de invasión de la Reserva Indio Maíz» de Fundación del Río, basado en datos de Global Forest Watch, la cobertura del refugio ha disminuido en al menos 32 por ciento entre 2015 y 2024.

Este refugio, integrado a la Reserva de Biosfera del Río San Juan, también está reconocido internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y también como sitio Ramsar por su valor ecológico. Un sitio Ramsar es un humedal de importancia internacional, designado bajo la Convención Ramsar, firmada en Irán en 1971 y suscrita por Nicaragua en octubre de 1997.

El artículo 49 de la Ley 1,248, Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, prohíbe la titulación de tierras de dominio público dentro de las áreas de conservación ambiental y el artículo 32 prohíbe los asentamientos humanos, con excepciones vinculadas a las comunidades indígenas y afrodescendientes.

El objetivo del refugio es conservar hábitats y especies únicas o en peligro de extinción, promover la investigación científica, la educación ambiental y el desarrollo sostenible. Alberga una biodiversidad notable, con más de 800 especies registradas y ecosistemas clave que conectan el Caribe con el Pacífico.

Pese a ello, el área descrita por Ismael muestra cultivos de maíz, yuca, sandía y banano, además de actividades de ganadería no regulada.

A pocos kilómetros de la finca donde trabaja Ismael, “Joaquín”, un costarricense, comenta que ha notado un aumento de tránsito en el río por parte de personas que viven en la zona protegida. “Eso de ahí enfrente es una reserva, pero los nicas son muy trabajadores”, afirma.

Destrucción de la zona protegida

El ambientalista nicaragüense Amaru Ruiz advierte que, aunque Nicaragua tiene regulaciones específicas para proteger este refugio, estas no se actualizan ni se cumplen. En 2005 se elaboró un segundo Plan de Manejo de la Reserva del Río San Juan, que define zonas para conservación y turismo sostenible, sin permitir asentamientos humanos permanentes.

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“El Refugio servía como una zona de amortiguamiento previa a la Reserva Indio Maíz. Ahora observamos un deterioro sistemático que comenzó hace dos años, con el aumento de viviendas, extracción de recursos como minería, tráfico de fauna, madera y ganadería”, señaló Ruiz.

Según datos de Fundación del Río, hasta 2024 se registraron al menos 551 edificaciones entre el río Bartola y el delta del San Juan, que comprende el refugio. Actualmente se contabilizan 1,587 edificaciones en todo el refugio, incluyendo en el territorio Rama Kriol.

Destrucción acelerada

Jaime, un estudioso de estos territorios y quien habita en zonas cercanas al área protegida, pero en suelo costarricense, conoció la zona del refugio en 1979, cuando el FSLN llegó al poder tras la caída de Anastasio Somoza. En la última década ha presenciado una destrucción más acelerada del área.

“Antes se conservaba Indio Maíz y el que estaba más afectado era el lado costarricense. Hoy en día los dos lados están deteriorados, porque podemos observar que del lado tico hay casas a la orilla del río, lo que representa un impacto grande para las especies de animales”, dijo Jaime.

Tráfico de tierras

Una tarde de mayo, bajo la lluvia en la zona de Boca de San Carlos, “Matías”, navega por el río vendiendo lo que cultiva las 100 manzanas de su finca en la Reserva Biológica Indio Maíz, en las que siembra sandías, yuca y quiquisque.

Matías coincide con Ismael sobre el precio de la tierra, señalando que se puede conseguir entre 400 y 2 mil córdobas la manzana, dependiendo de las “ventajas” que ofrezca el terreno. Además, Matías afirma que el “Gobierno reparte las propiedades” y que él compró las suyas en Indio Maíz, pagando 20,000 córdobas por 50 manzanas, lo que implicaría que su terreno completo (100 manzanas) podría haberle costado unos 40,000 córdobas (unos 1,092 dólares), si el precio fue similar en ambas mitades.

“Yo vine y compré aquí porque es más favorable. Estos lugares son excelentes. Para uno estar seguro, lo conveniente es tener 50 manzanas. El Gobierno reparte casi 50 por cada uno, pero si tiene hijos, es mejor tener 100. Yo tengo tres hijos y con 100 me la estoy jugando”, aseguró.

También sostiene que la mayor parte de las viviendas están más alejadas de la ribera y que actualmente es más difícil encontrar tierra disponible.

Matías menciona que el 19 de julio del año pasado, a pocos meses de haber llegado, “hicimos nuestras primeras fiestas patronales” en honor a la Revolución sandinista. 

“Ese día querían (el Gobierno), entonces había que apoyarlo. El Gobierno está dándonos para que trabajemos, entonces hay que apoyarlo. Hay dos cosas: a favor del Gobierno o en contra y ahí no agarrás nada”, dice y añade que «su jefe» llevó un toro para comerlo con sus cercanos.

También afirma que hay personas que venden sus parcelas, pero que el régimen es quien debe hacer el registro. Asegura que el censo de la dictadura Ortega Murillo que lanzó el año pasado a través del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) y cuyos resultados aún se desconocen, también abarcó estas zonas y que una vez registrada la propiedad, se deben pagar impuestos a las alcaldías.

La Fundación del Río advierte que estas invasiones ocurren mediante ventas organizadas por secretarios políticos del FSLN dirigidos a excombatientes y militantes del partido. En actos políticos improvisados, los compradores agradecen a la pareja presidencial, mientras los coordinadores de la entrega de tierras prometen utilizar el dinero de la venta ilegal para gestiones con los puestos militares e instituciones para facilitar los asentamientos, aunque no entregan recibos. Sin embargo, se advierte que la única garantía de permanencia es la presencia física constante.

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Otra denuncia de la Fundación es que operadores del FSLN acaparan alrededor de 4,000 manzanas, ofreciendo a los compradores opciones de pago flexibles. También señala que la mayoría de los invasores provienen de Bluefields, El Castillo, Nueva Guinea y zonas más alejadas como el Triángulo Minero, atraídos por la minería artesanal ilegal tanto en el refugio como en la Reserva Indio Maíz.

“Ahí hay alrededor de mil personas sacando oro”, afirma Matías.

Algunos esperan títulos de propiedad

Otro colono relató que lleva tres años en la zona y que tuvo que escribir a la Alcaldía de San Carlos para acceder a su finca.

“Este año lo que pagué en impuesto son 2,000 córdobas. Yo tengo escrituras del terreno por medio del Gobierno, pero a través de la Alcaldía. Ahorita lo que nos van a dar supuestamente son títulos de propiedad”, refiere.

Según Fundación del Río, se identificó que las invasiones fueron promovidas por exfuncionarios de la alcaldía municipal del municipio de El Castillo y secretarios políticos, que trasladan familias de las comunidades de Sábalos, santa Rosa, San Antonio, la Bijagua, entre otros.

Asegura también que el proceso no es improvisado, ya que existe una lista elaborada por el Frente Sandinista.

“Esto pone en riesgo la biodiversidad del río San Juan. Si se permite la invasión, las futuras generaciones no conocerán estos ecosistemas. El régimen no tiene voluntad política de conservar, más bien promueve el saqueo. Vamos a acudir a instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y Ramsar para denunciar el deterioro ambiental. Pero sin voluntad estatal, estas acciones tienen poco efecto”, expresa Ruiz.

Control territorial del Ejército

La invasión no pasa desapercibida para las autoridades. En el delta del San Juan —donde nace el río Colorado costarricense y el San Juan toma rumbo norte para desembocar en el Caribe— hay un puesto de control del Ejército y del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), que deberían impedir daños a la reserva. Sin embargo, a pocos metros de estos puestos hay al menos tres construcciones ilegales levantadas sin oposición por parte de las autoridades.

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En todo el recorrido del río San Juan existen al menos cinco puestos de control. Al respecto, Ruiz sostiene que estos asentamientos permiten al Ejército reforzar el control territorial. 

“Nuestra evaluación concluye que la invasión forma parte de una estrategia de control territorial del Ejército. La presencia de familias invasoras permite al Ejército obtener información en zonas donde antes no tenía capacidad de vigilancia. Es un uso político-militar de la invasión”, explica.

A escasos metros del puesto de control del Ejército y el Marena en el delta del San Juan (foto izquierda) se levantan construcciones ilegales de tomatierras a vista y paciencia de las autoridades. Foto: LA PRENSA.

Acuden a la otra orilla por servicios

En territorio costarricense, a escasos metros de la Isla la Tigra, dos mujeres bajan de un bote con sus hijos al Equipo Básico de Atención Integral en Salud de salud (Ebais) Fátima, un puesto de salud que administra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)

“Vivimos al otro lado y venimos a que le pongan la vacuna a los niños. Aquí no piden nada, sólo que tiene que andar su cédula y atienden a los niños”, señala una de las mujeres.

Ambas mujeres explican que en el lado nicaragüense no hay centros de salud. Sin embargo, Matías, el vendedor de sandías que habita en la Reserva Indio Maíz, afirmó que pronto se inaugurarán una escuela y un centro médico autorizado por el Minsa, y que los trámites se realizan en la Alcaldía de San Carlos, Río San Juan.

Dos madres que viven en el lado nicaragüense llevan a sus hijos al puesto de salud Fátima en territorio costarricense. Fotos: LA PRENSA.

Colonos provocan más incendios forestales

En Boca de San Carlos se observan casas en la ribera norte con signos evidentes de quemas para cultivo. Una vivienda con cocina de leña deja escapar el humo al atardecer.

Según Fundación del Río, en 2022 —cuando inició la invasión masiva— se registraron 10 incendios forestales, frente a sólo 3 en 2021. En 2024, la cifra se disparó a 90. La mayoría ocurrieron en zonas destinadas exclusivamente a la conservación, investigación y ecoturismo.

Es relevante recordar que en abril de 2018, un incendio provocado por el colono Miguel Ángel Díaz Sevilla arrasó con al menos 2,373 hectáreas dentro del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan. Desde entonces, y hasta el año pasado, se estima que otras 1,493 hectáreas han sido consumidas por el fuego, principalmente para habilitar tierras con fines agrícolas. En total, el refugio ha perdido unas 3,866 hectáreas en ese período.

“Es importante resaltar que las prácticas culturales que realizan las comunidades del territorio Rama Kriol, los únicos habitantes con el derecho de habitar en el Refugio, no incluyen las quemas agrícolas. Por lo antes expuesto, podemos afirmar que existe una relación directa entre el incremento del 291.30 por ciento de los incendios forestales en el refugio entre el año 2023 al 2024, y el alarmante proceso de invasión”, sostiene Ruiz.

Actualmente, el 2.15 por ciento del territorio demarcado Rama Kriol está directamente afectado por el proceso de invasión.

Se deben tomar medidas urgentes

Frente a este escenario, la Fundación del Río evalúa acudir a organismos internacionales como la Unesco, aunque reconoce que sin voluntad política del Estado, el impacto será limitado.

“La Unesco está en el derecho de decir: ‘Bueno, si el Estado nicaragüense permite actividad económica, no supervisa ni conserva las áreas protegidas’, puede incluso decidir quitar la categoría (Ramsar)”, explicó Amaru Ruiz.

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Y aunque reconoce que esta medida tendría consecuencias negativas, debilitamiento del respaldo internacional a la protección del Refugio y la pérdida de reconocimiento global, también considera que pondría en evidencia el abandono institucional. 

Según Ruiz, de no tomarse medidas pronto, “las nuevas generaciones no van a conocer este ecosistema”.