El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, reveló que el Estado ha destinado 637.4 millones de córdobas —unos 17.4 millones de dólares— para las obras del dragado del río San Juan de Nicaragua que iniciaron en 2008.
«Para la ejecución de este proyecto, el gobierno de reconciliación y unidad nacional ha venido ejecutando, a través de la Empresa Portuaria de Nicaragua, un total de 637,432,999 de córdobas, asignados al rubro de otros gastos de capital, para financiar este proyecto», anunció el legislador.
Gutiérrez detalló que al menos en los últimos diez años, el promedio de ejecución ha sido del ciento por ciento. También dijo que para este año 2024, la Asamblea aprobó otros 64.7 millones de córdobas (1.7 millones de dólares) para las obras de dragado.
Nueva empresa para el dragado
Gutiérrez brindó estos datos en la sesión plenaria de este miércoles 28 de agosto, durante la aprobación de la Ley creadora de la Empresa Nicaragüense del dragado del río San Juan, que como es habitual fue aprobada por unanimidad por los 91 diputados de la Asamblea Nacional.
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La Ley establece que la Empresa Nicaragüense del dragado del río San Juan es creada como una «empresa pública descentralizada, con autonomía técnica, administrativa y financiera, de dominio del Estado de Nicaragua, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida y con plena capacidad para adquirir derechos y obligaciones, con domicilio en el departamento de Río San Juan, bajo rectoría sectorial del Ministerio de Transporte e Infraestructura».
La Empresa estará a cargo de dos codirectores, nombrados por el dictador Daniel Ortega.
La Ley establece que «los contratos de obras, bienes y servicios, suscritos por la Empresa Nicaragüense del dragado del río San Juan estarán exonerados de los impuestos, tasas y tributos establecidos en la Ley de Concertación Tributaria, Ley de Municipios y Leyes especiales».
La finalidad de la empresa es «garantizar la continuidad del dragado del río San Juan, el reforzamiento de los equipos de dragado, así como también organizar, administrar y ejecutar las operaciones de dragado: extracción de sedimentos, limpieza de islas, remoción de árboles y maleza, dunas móviles entre otros».
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Desde julio pasado, el régimen orteguista anunció oficialmente que se harán nuevas obras de dragado en el río San Juan, lo que revivió una pasada polémica con Costa Rica por daños ambientales en su territorio causados por las obras de dragado por parte de Nicaragua en algunas partes del recorrido del río, ya que la margen sur de este es territorio costarricense.
En 2010, Costa Rica denunció a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por esos daños ambientales que ocasionó el dragado nicaragüense en su territorio, lo que derivó en una sentencia a favor del Estado costarricense, que ordenó a Nicaragua pagar una indemnización.
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El pasado 30 de julio de 2024, el propio dictador Daniel Ortega reveló que el Gobierno de Costa Rica le pidió a través de una carta que les tome en cuenta para realizar estas nuevas obras de dragado, a lo que Ortega se negó.
En la misma línea que el dictador, el diputado Gutiérrez dijo este miércoles en su intervención que «no se necesita pedir ninguna autorización, ningún permiso, ni desarrollar ningún intercambio de comunicación para hacer lo que en derecho soberano le corresponde al Estado nicaragüense».
