La dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, autorizó nuevas operaciones de dragado en el río San Juan de Nicaragua, fronterizo con Costa Rica, a través de una resolución administrativa de la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) «Autoridad Marítima y Portuaria Nacional» del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
La Resolución Administrativa DGTA 017-2024 autoriza «las operaciones de dragado del Río San Juan, y las correspondientes exoneraciones a las tasas e impuestos que surjan de todas las actividades destinadas a la realización del Proyecto de Dragado del Río San Juan, en calidad de Ente Regulador conferidas según la Ley 319, Ley que Regula la Exploración y Rehabilitación de la Navegación Comercial en el Río San Juan».
En la resolución se detalla que la coordinadora del proyecto de dragado del río San Juan será Olympia Avellaneda Tórrez, quien funge como delegada de la Presidencia en la Comisión para el Desarrollo del río San Juan.
Avellaneda, según la resolución, presentó una carta en la que «solicita autorización basada en el deber del Estado de Nicaragua de garantizar la integridad territorial en el ejercicio de su soberanía, lo que incluye la administración, mantenimiento, y dragado del río San Juan y por ser proyecto del Estado, solicitó la exoneración de pagos de los aranceles correspondientes a nombre del Proyecto de Dragado de Río San Juan con RUC No. J083000452834».
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Se desconocen estudios de impacto ambiental
El biólogo e investigador Amaru Ruiz señaló que este nuevo proceso de dragado debería estar respaldado por estudios previos de impacto ambiental y de viabilidad económica y social que además justifiquen la necesidad de reactivar estas operaciones.
En el pasado, el dragado en el río San Juan quedó como un mal antecedente para el país.
En 2010, el dragado ordenado por Ortega en el río San Juan ocasionó un conflicto legal con Costa Rica debido a los daños ambientales que produjeron las operaciones nicaragüenses en humedales costarricenses. Costa Rica acusó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), lo que derivó en una sentencia que ordenó a Nicaragua pagar una indemnización.
La CIJ decidió que Nicaragua debía pagar 120,000 dólares por degradación o pérdida de bienes y servicios ambientales; 236,032.16 dólares por daños de las consecuencias directas de las actividades ilícitas que realizó Edén Pastora, encargado oficial del dragado, en territorio costarricense; 2,708.39 dólares por los gastos de restauración en los humedales bajo protección internacional y 20,150 dólares por intereses acumulados entre el 16 de diciembre de 2015 y el 2 de febrero de 2018. Finalmente el Estado de Nicaragua pagó un total de 378,890 dólares a Costa Rica.
Ruiz dijo que sin la planificación requerida, el dragado se convertirá en un gasto más sin transparencia administrativa, lo que ya es una marca del régimen de Ortega.
El biólogo explicó que el sedimento que afecta el caudal del río San Juan y por lo que se tiene que realizar el dragado para permitir mejor navegación tiene su origen tanto en factores ambientales como de la mano humana, por la deforestación que causan personas que llegan a ocupar esos territorios. Este sedimento, aunque tiene su origen en territorio nicaragüense, afecta la desembocadura hacia el río Colorado, que nace del río San Juan pero se adentra al territorio de Costa Rica, lo que explica las repercusiones que tienen las actividades nicaragüenses en territorio tico.
Potencial problema
El abogado y político opositor, Eliseo Núñez Morales, reconoció que el dragado es una operación necesaria para la limpieza del río, pero la falta de comunicación con Costa Rica para realizar estas obras en este territorio fronterizo es lo que ha traído problemas al país.
«Hay que ver si esto se va a hacer como parte de un proceso que se le consulte a Costa Rica. Si no se le consulta a Costa Rica casi estoy seguro de que va a haber problemas», dijo Núñez.
El opositor recordó que aunque el río San Juan es totalmente nicaragüense, una de las riberas del río es costarricense por disposición jurídica establecida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
«Definitivamente este es un potencial problema y hay que recordar que Costa Rica tiene otros problemas en la frontera, como los güiriseros que entran a Costa Rica a extraer ilegalmente oro y que se amparan en Nicaragua y que aparentemente están respaldados por paramilitares cercanos al régimen», agregó Núñez.
