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La codictadora Rosario Murillo corrigió este lunes al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, con la fecha de aprobación de la reforma constitucional que perpetuará a la dictadura en el poder. Será aprobada mañana en León. Porras aseguró el sábado que sería el 21 de septiembre.
Murillo precisó que mañana, «en la sesión de la Asamblea Nacional, orgullo de mi país, se presentará a aprobación en primera legislatura, cumpliendo con nuestras leyes, la reforma constitucional Nicaragua, Patria Bendita y Libre. La Segunda Legislatura se realizará, con Rubén, el próximo 18 de enero, allá en León».
«Primero de septiembre… por la tarde estaremos en la capital de la revolución en sesión solemne de nuestra Asamblea Nacional… Ahí dará lectura en la plaza Juan José Quezada a las conclusiones de la consulta nacional de nuestras expresión de democracia, de nuestros proceso irrevocable de democracia… estamos confirmando nuestros caminos electorales», celebró Murillo.
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El estira y encoge con la fecha se da en el momento en el que los cancilleres del hemisferio se preparan para abordar la crisis de Nicaragua.
Fuentes de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmaron el fin de semana a Confidencial que la sesión de los ministros de exteriores está propuesta para el 17 de septiembre, dos días después que la situación del país sea debatida en la Cámara de Representantes. La fecha todavía no ha sido confirmada oficialmente.
«Este estira y encoge (con la fecha) demuestra que no tienen una estrategia, sino que es táctico. Es decir, están en la lógica del poder a la muerte», afirmó el analista político Oscar René Vargas en declaraciones a LA PRENSA.
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Vargas también explicó que el régimen tiene miedo y que estos movimientos de fecha «más que una cuestión política es ver qué va a pasar con la OEA. Y cuál va a ser la resolución». La reunión de cancilleres del hemisferio fue aprobada por 29 países del Consejo Permanente el 19 de agosto en respuesta al anuncio del dictador de eliminar las elecciones, así como el proceso de reformas que persigue que se prolongue en el país al menos 14 años.
En medio de este contexto de presión internacional, Porras quiso proyectarse amenazante. “Se acerca ya la hora, ya está la hora, de irnos cobrando, se acerca ya la hora, estamos en la hora, de irnos cobrando tanto dolor y crímenes sin razón”, advirtió durante su intervención durante la sesión especial del Parlamento que juntó este sábado 29 de agosto a los diputados en Matagalpa.
Con ese tono, el operador político de Murillo en el Parlamento intentó sin éxito cobijar la maniobra legislativa que ellos justifican con conceptos como soberanía, cuando en realidad usan el término para justificar su campaña represiva y evitar que el régimen rinda cuentas por las violaciones de derechos humanos, documentadas por los organismos internacionales.
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Como sus jefes políticos, Porras defiende la tesis de que fue un intento de golpe de Estado el de 2018. Pero no hubo evidencia sobre eso, sino todo lo contrario: el Estado atacó a los manifestantes. Este sábado, Porras participó con sus colegas en la conmemoración de la llamada «Gesta Heroica de Pancasán», justo en el sitio donde ocurrió este hecho que terminó con la muerte de un grupo de guerrilleros sandinistas, producto de una emboscada el 27 de agosto de 1967.
El presidente de la Asamblea declaró que “por la orientación” de Daniel Ortega y Rosario Murillo “el 21 de septiembre, vamos a aprobar la reforma a la Constitución que hemos venido trabajando”. En realidad, ha sido una consulta entre allegados, encabezados por los hijos de los dictadores, la cúpula militar y policial, así como los poderes del Estado que están subordinados a los tiranos.
“No podrán participar los golpistas, no podrán participar los traidores, no podrán participar los que violen la Constitución, y no podrán participar los que reciban financiamiento del extranjero, los agentes del extranjero”, reiteró Porras antes de la corrección de este lunes realizada por Murillo.
¿Qué establece la reforma de los dictadores?
La reforma incluye la extensión de seis a siete años del período de los cargos de elección popular, jefaturas del Ejército, la Policía y los de designación ejecutiva y legislativa. Da potestad al Consejo Supremo Electoral (CSE) para quitar la personería jurídica a partidos políticos que ellos consideren financiados por Estados Unidos.
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También cambia la fecha de toma de posesión presidencial del 10 al 18 de enero. Es decir, ya no será el día de la conmemoración del asesinato del periodista nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director mártir de LA PRENSA; sino el día del nacimiento del gran poeta Rubén Darío.
Desde que Daniel Ortega declaró la abolición de las elecciones, la comunidad internacional empezó a presionar más a la dictadura. Estados Unidos nominó a una nueva embajadora en Managua, prepara más sanciones y fue el país que solicitó la reunión de cancilleres en la OEA para abordar el tema de Nicaragua. Con 29 votos a favor fue aprobada el pasado 19 de agosto. También más de una decena de países, las Naciones Unidas y la OEA condenaron la decisión del régimen.
Esa presión ha hecho que la dictadura cambie su postura. Pasaron del «no habrá elecciones» al «sí habrá, pero sin traidores a la patria”. Luego anunciaron una reforma en la que extienden los periodos de gobierno con la finalidad de perpetuarse en el poder.
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El régimen Ortega-Murillo lleva 19 años en el poder. Ha sido señalado desde 2018 de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas, asesinatos, privación de nacionalidad, represión transnacional y mantiene en la actualidad al menos 60 presos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
El 21 de septiembre, cuando Porras anunció que aprobarían la reforma constitucional, se cumplen 70 años del magnicidio contra Anastasio Somoza García, el arquitecto de la dinastía derrocada en 1979 y un político sin escrúpulos con el que los críticos del dictador sandinista suelen compararlo. Sin embargo, Murillo ordenó que la aprobación finalmente se realizara la tarde del martes.
