Las recientes audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre casos de nicaragüenses son un mensaje al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de que, aunque pretenda ignorar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), este “no deja de documentar” lo que está ocurriendo en Nicaragua, según la abogada Claudia Pineda, directora ejecutiva de la Asociación Memoria y Justicia (AMJ).
El 19 de agosto la Corte IDH celebró dos audiencias de supervisión de medidas provisionales en el reciente Asunto Brooklyn Rivera Bryan, Nancy Elizabeth Henríquez y sus núcleos familiares respecto de Nicaragua. La otra es la del Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua y el Asunto cuatro indígenas mayangnas privados de libertad respecto de Nicaragua. Tres días antes también condenó al Estado nicaragüense por detención arbitraria y tratos crueles contra Jason Puracal.
Los cuatro casos se dan en medio de fuertes presiones internacionales contra el régimen por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), órgano rector del Sistema Interamericano conformado por la Corte IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La OEA prepara una reunión de cancilleres para abordar la crisis de Nicaragua “tan pronto como sea posible”. Esto luego de que Daniel Ortega anunciara el 19 de julio la abolición de elecciones.
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“Estas actuaciones vuelven a evidenciar la ruptura del régimen con el Sistema Interamericano. Pero también muestran algo importante: aunque el Estado pretenda ignorar al Sistema, el Sistema no deja de documentar, examinar y calificar jurídicamente lo que está ocurriendo”, expone la defensora de derechos humanos Claudia Pineda.
Régimen sigue obligado a respetar los derechos humanos
La abogada fue una de las que participó el pasado 19 de agosto en las audiencias de la Corte IDH junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Colectivo Nicaragua Nunca Más, Iniciativa Mesoamericana de Defensoras y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, en la que una vez más el régimen no se presentó, como lo ha hecho en otras ocasiones. La Corte IDH ha declarado a la dictadura en desacato.
El régimen salió de la OEA en 2023, pero sigue obligado a respetar los derechos humanos y cumplir con los tratados internacionales de los que el Estado es parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Durante la exposición en la Corte IDH, las organizaciones denunciaron que 16 personas con medidas provisionales siguen en prisión por motivos políticos y bajo desaparición forzada en Nicaragua.
“Cada audiencia, cada resolución y cada medida provisional va construyendo un registro jurídico de lo que está ocurriendo en Nicaragua y permite que la situación de las víctimas y de sus familias permanezca bajo escrutinio internacional”, agrega Claudia Pineda.
Sobre los casos en cuestión, Brooklyn Rivera falleció en custodia el 30 de mayo de ese año. Seis familiares de Rivera están detenidos y en condición de desaparición forzada desde ese día. Unos meses antes Nancy Henríquez fue excarcelada, pero continúan las denuncias de que el régimen la mantiene bajo vigilancia permanente. Juan Sebastián Chamorro fue expulsado del país a inicios de 2023 junto a otros 221 excarcelados políticos y despojados de su nacionalidad. Los ocho indígenas mayangnas siguen privados de libertad.
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Y en el caso de Jason Puracal, la condena al Estado de Nicaragua por parte de la Corte IDH vino 16 años después de su detención en 2010 y 14 años desde su deportación “ilegal” a Estados Unidos. Permaneció 21 meses detenido en condiciones de hacinamiento, con acceso limitado a agua potable y sin atención médica adecuada, según la resolución del órgano interamericano.
Para Claudia Pineda, estos casos le están diciendo al régimen que “estas personas no están completamente fuera del alcance de la protección internacional” y pese a la incomunicación, la falta de información sobre el paradero de una persona o la negativa a reconocer las medidas de protección “no hacen desaparecer las obligaciones internacionales del Estado”.
Casos “siguen siendo escuchados”
“Y a los familiares les está diciendo algo todavía más importante: que sus casos siguen siendo escuchados”, subraya la defensora de derechos humanos.
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Aunque dice que no se deben generar “falsas expectativas” porque una audiencia o una medida provisional no significa necesariamente que el régimen vaya a liberar inmediatamente a una persona, porque más bien se ha mostrado en desacato, sí cree que “estos mecanismos generan presión y obligan al Estado a dar explicaciones”.
Pineda ejemplifica con el caso de monseñor Juan Abelardo Mata Guevara. Fue detenido el 29 de junio de 2026 como represalia por una misa oficiada el 28 de junio en la iglesia Cruz del Calvario en Estelí, donde pidió oraciones por la Iglesia católica perseguida. Desde entonces estuvo en desaparición forzada hasta que el 12 de agosto el régimen lo presentó públicamente.
“El caso de monseñor Mata es ilustrativo. Pocos días antes de que se conociera públicamente que había sido mostrado, la Comisión Interamericana había solicitado a la Corte que adoptara medidas provisionales ante la preocupación por su desaparición y la falta de información sobre su paradero. No podemos afirmar que exista una relación causal entre ambas cosas, pero sí resulta significativo”, sostiene la defensora.
El régimen Ortega-Murillo lleva 19 años en el poder y ha sido señalado desde 2018 de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos, privación de nacionalidad, represión trasnacional y mantiene en la actualidad al menos 60 presos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
