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Jaime Aparicio Otero, exasesor de la Organización de Estados Americanos (OEA) y expresidente del Comité Jurídico Interamericano del organismo regional, consideró que ha llegado el momento de pasar a una «estrategia colectiva de presión» en el caso de Nicaragua. Sugirió este 24 de agosto a los cancilleres del hemisferio que den un ultimátum diplomático al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en que quede sujeto al cumplimiento de condiciones y mecanismos de verificación.
La fecha de la reunión de ministros de Exteriores del hemisferio aún no ha sido fijada, pero la resolución sobre el país planteó que la sesión debería desarrollarse «tan pronto como sea posible». La decisión de elevar el tema a nivel de cancilleres la tomaron 29 países el 19 de agosto, durante una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.
La propuesta la lideró Estados Unidos. Brasil se opuso y México se abstuvo, pero casi la totalidad de los países pusieron la lupa sobre la dictadura Ortega Murillo. La representación estadounidense insistió desde el 5 de agosto —cuando todavía no tenía los votos para aprobar la resolución— en la necesidad de una respuesta de la organización al anuncio del fin de las elecciones realizado en julio por Ortega.
Además, la Asamblea bajo control de los dictadores nicaragüenses inició un proceso de reformas constitucionales que busca perpetuarlo a sus 80 años en el poder, así como a su esposa Rosario Murillo, de 75. Desde 2025, gracias a otro cambio a la norma constitucional, la pareja se autonombró «copresidentes», fortaleció su aparato represivo y oficializó la abolición de los poderes del Estado.
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Aparicio Otero recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado el progresivo desmantelamiento del espacio cívico y de las instituciones democráticas en Nicaragua. Por eso, explica el abogado boliviano, la consideración de los cancilleres en el continente ocurre frente a un deterioro sostenido de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en Nicaragua.
Meta: lograr la restauración democrática
«Los cancilleres deberían dejar claro que, agotado el diálogo como instrumento de cambio, la comunidad interamericana está dispuesta a pasar a una política de consecuencias concretas, coordinadas y crecientes, hasta que existan condiciones para la restauración democrática», planteó Aparicio a LA PRENSA.
Ortega y Murillo están a la cabeza de un Estado, donde sus leales han sido señalados de cometer delitos de lesa humanidad. Durante las protestas de 2018, policías, paramilitares e integrantes del FSLN reprimieron brutalmente a la población. Según la CIDH, al menos 355 personas murieron en el contexto de las protestas, entre el 18 de abril de 2018 y 31 de julio de 2019.
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La iniciativa de reformas de Ortega y Murillo eliminará la posibilidad de participación en el proceso de votaciones de quienes consideren «traidores a la patria». Este fin de semana, los legisladores del FSLN aprobaron que se desconozcan resoluciones internacionales o leyes extranjeras, según el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, allegado de la dictadora. Esto es tomado por los críticos de Ortega como una acción que busca adelantarse a la decisión de los cancilleres de la OEA.
LA PRENSA/CORTESÍA
Aparicio es el segundo exasesor de la OEA que se ha pronunciado sobre Nicaragua. El otro en hacerlo es el cubano Guillermo Belt. El fin de semana, este último aseguró a LA PRENSA que avizora «sanciones más severas«. Añadió que, durante la sesión del Consejo Permanente vio a Estados Unidos y sus aliados «mucho más decididos que nunca a hacer caer la dictadura (Ortega-Murillo)».
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El ultimátum exige avances y pone plazos
De acuerdo con Aparicio, la reunión de cancilleres —o si las circunstancias políticas lo aconsejan una Asamblea General Extraordinaria— debería asumir una posición colectiva con «un último ofrecimiento de diálogo, pero con condiciones, plazos y mecanismos de verificación claramente definidos».
«No se trataría de otro llamado abierto e indefinido, sino de una especie de ultimátum diplomático: avances concretos en la liberación de presos políticos, restitución de libertades fundamentales, apertura del espacio cívico, retorno seguro de exiliados y creación de condiciones para una verdadera competencia democrática», explicó.
Según el Mecanismo de Seguimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua en la actualidad hay al menos 60 presos políticos, de los cuales 23 se encuentran en situación de desaparición forzada. Eso significa que sus familiares no tienen información de su paradero ni de su condición de salud.
Aparicio agregó que el rechazo o incumplimiento de ese compromiso del régimen de Nicaragua debería producir consecuencias previamente acordadas por los cancilleres. «Estas podrían incluir una estrategia coordinada de presión política y diplomática, el aislamiento de los responsables del régimen, restricciones económicas y financieras selectivas y otras medidas nacionales o concertadas compatibles con el derecho internacional, procurando que no recaigan sobre la población nicaragüense», afirmó.
El exasesor de la OEA planteó también que la eficacia de la estrategia dependería de que las medidas sean graduales, colectivas, e insistió en que sean «condicionadas a resultados verificables».
Exembajador: «Veremos si los países tienen voluntad»
Un exembajador de Nicaragua dijo, desde el anonimato, que la credibilidad de la OEA está en juego. «Veremos si los países tienen voluntad», añadió. Desde 2018, el organismo regional ha abordado el tema de Nicaragua en 64 ocasiones y ha aprobado decenas de resoluciones y comunicados.
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El exdiplomático coincidió en que los ministros de exteriores saben de la gravedad de la situación de Nicaragua, porque el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas ha documentado las graves violaciones de derechos humanos.
«Una reunión extraordinaria de cancilleres es de por sí una señal de que hay algo grave en el sistema hemisférico. Es la oportunidad de las más altas autoridades de la política exterior de los Estados miembro de la OEA de hacer que la Carta Constitutiva y la Carta Democrática Interamericana adquieran fuerza y validez ante la transgresión de sus principios fundamentales por uno de sus Estado parte, aunque se haya retirado, pues está obligado a cumplir con sus compromisos, particularmente en materia del respeto a los derechos humanos», comentó el exembajador.
