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La derrota contundente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la Organización de Estados Americanos (OEA), con la decisión de que la crisis de Nicaragua será evaluada próximamente por los cancilleres del hemisferio, hace pensar que sanciones más severas son factibles, según Guillermo Belt, exasesor de este organismo internacional.
La resolución sobre Nicaragua contó con el respaldo de 29 votos, uno en contra, el de Brasil; la abstención de México y las ausencias de Haití y Venezuela, pero la OEA aprobó el 19 de agosto que la reunión de cancilleres se realice «tan pronto como sea posible”.
«Son factibles sanciones mucho más severas y específicas, tanto diplomáticas como comerciales: retiro de muchos embajadores, mayores restricciones al comercio (oro incluido por primera vez, fondo retiro militar)», avizoró Belt al analizar los últimos acontecimientos en el organismo regional sobre Nicaragua.
Desde el 5 de agosto, Estados Unidos pidió una respuesta colectiva a la decisión de Ortega de eliminar las elecciones. Haciendo caso omiso de las críticas, el régimen prepara una reforma constitucional para perpetuarse en el poder y eliminar la competencia electoral, impidiendo la participación de aquellos que considere «traidores a la patria». La dictadura tiene previsto que se apruebe a inicios de septiembre, por lo que los estadounidenses han pedido que la reunión de los cancilleres del hemisferio se realice antes de esa fecha.
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“No veo políticamente probable que se pida la renuncia de Ortega y Murillo. Pero veo a EE. UU. y sus aliados mucho más decididos que nunca a hacer caer la dictadura en Nicaragua”, declaró Belt ante las expectativas que han surgido y haciendo referencia a junio de 1979, cuando una reunión de cancilleres terminó con la solicitud de reemplazo inmediato de Anastasio Somoza Debayle.
Por eso Belt insiste en el tema de las sanciones severas. Explicó que el documento que rige es la Carta de la OEA en 1948 y afirma que los cancilleres pidieron la renuncia de Somoza Debayle «en la XVII sin disposición expresa al efecto en la Carta del 48». Aunque dijo que los cancilleres tienen «amplio margen para actuar», el abogado reconoció el peso de Canadá y los países de la Comunidad del Caribe (Caricom).
«Podemos esperar que la decisión que adopte la reunión de cancilleres sea con voto en contra de Brasil y al menos abstención de México. Difícil decir votos a favor y en contra sin saber qué aprobarán», sostuvo.
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Régimen Ortega Murillo está nervioso
El exembajador y analista político nicaragüense Óscar René Vargas dijo que hay que esperar la propuesta de resolución que piensan discutir los cancilleres para “determinar exactamente lo que viene”. Sin embargo, percibe nerviosismo por parte de la dictadura, mientras Estados Unidos elabora la “estrategia a seguir”.
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“Están nerviosos, ya que no controlan la siguiente movida política y eso los pone en desventaja estratégica. Posiblemente vayan a incrementar la represión y el control por temor. También hay que esperar su reacción. Pueden cometer otro error por soberbia. Ortega seguirá en su estrategia de ‘el poder o la muerte’”, reflexionó Vargas.
El analista considera un “error político garrafal” lo dicho por Ortega el 19 de julio sobre la abolición de las elecciones. Según Vargas, antes de esa noche, “Nicaragua no estaba en el radar de América”, pero luego de la declaración del dictador, se “abrió un nuevo escenario político”.
Precisamente, tras el anuncio del dictador, más de una decena de países expresaron su rechazo, al igual que la Unión Europea, Naciones Unidas y la misma OEA. Este último organismo ya había abordado el tema de Nicaragua el 5 de agosto a petición de Estados Unidos. El resultado fue una condena a la decisión antidemocrática de Ortega, pero no se logró aprobar la primera propuesta de resolución porque los proponentes no contaban con los 18 votos necesarios para hacerlo.
El régimen Ortega Murillo lleva 19 años en el poder y ha sido señalado desde 2018 de graves violaciones de derechos humanos, entre ellos asesinatos, privación de nacionalidad, represión trasnacional y mantiene en la actualidad al menos 60 presos políticos, según el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Mientras avanza el proceso en la OEA, Estados Unidos ha incrementado la presión. La administración Trump nominó para embajadora estadounidense en Managua a Natasha Franceschi, una profesional destacada por su amplia trayectoria en escenarios de alto riesgo, conflictos armados y negociaciones geopolíticas sensibles.
Los senadores estadounidenses Ted Cruz y Timothy Michael Kaine, republicano el primero y demócrata el segundo, han propuesto ante el Senado de EE. UU. incluir sanciones al oro nicaragüense y al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) del Ejército, a través de la reactivación y reforma a la Ley de Condicionalidad de las Inversiones en Nicaragua (Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como Nica Act).
Pero también la dictadura de Ortega es cuestionada con firmeza en el Congreso de Estados Unidos. El legislador republicano Carlos A. Giménez llamó «asesina» a la dictadura de Ortega y pidió que la expulsaran del acuerdo comercial de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta).
