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Un grupo de organizaciones de la oposición nicaragüense propone una transición política de un máximo de 24 meses para sustituir el actual modelo institucional en Nicaragua, mediante una junta temporal que asumiría funciones ejecutivas y legislativas, la elección de una Asamblea Constituyente y la celebración de elecciones generales en el mes 22 del proceso.
La iniciativa está contenida en el documento “Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia”, fechado en agosto de 2026 y puesto a consideración de otras organizaciones, la población nicaragüense y la comunidad internacional.
La propuesta se conoce en vísperas de que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) considere este miércoles 19 de agosto un proyecto de resolución para convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores sobre la situación en Nicaragua.
“Se propone una transición ordenada, pacífica y sin violencia, orientada a desmontar las estructuras autoritarias y restablecer la democracia en Nicaragua”, señala el documento, que plantea preservar durante ese proceso la estabilidad política y social, la actividad económica y la seguridad jurídica.
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El esquema descansa en cuatro componentes: una Junta o equipo técnico de Transición Nacional; una Asamblea Nacional Constituyente; reformas legales e institucionales; y elecciones generales con observación internacional para entregar el poder a autoridades electas.
Junta temporal y desmontaje de estructuras represivas
La Junta estaría integrada por un máximo de siete personas provenientes de la oposición democrática dentro y fuera del país y de distintos sectores de la sociedad civil.
El documento abre también la posibilidad de incorporar a nicaragüenses que anteriormente hayan tenido vínculos o desempeñado funciones dentro del régimen, siempre que no hayan sido acusados o condenados por delitos comunes ni estén vinculados con violaciones de derechos humanos o con cuerpos militares, policiales o paramilitares señalados por crímenes de lesa humanidad.
Entre las medidas iniciales, el plan establece “la liberación inmediata de los presos políticos, el restablecimiento de libertades y derechos, la reorganización de las instituciones electorales y judiciales y el desmontaje de las estructuras represivas”.
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La Junta tendría además que reestructurar los altos mandos del Ejército y la Policía y adoptar medidas para preservar el funcionamiento estatal y la estabilidad macroeconómica. Durante los primeros meses reorganizaría temporalmente instituciones como el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral, la Policía, el Ejército y las municipalidades.
En materia de derechos, el documento plantea la restitución de los derechos políticos, civiles y patrimoniales de las personas afectadas por el régimen, incluidos los nicaragüenses desnacionalizados.
“Se garantizará el retorno seguro de los exiliados y la restitución de los medios de comunicación confiscados o cerrados, así como el restablecimiento de la libertad de expresión, asociación y reunión”, indica la propuesta.
El plan contempla más de 24 leyes para modificar el marco institucional y jurídico, entre estas, reformas al Poder Judicial y al sistema electoral, mecanismos de protección a víctimas, prevención de la tortura y las desapariciones forzadas, preservación de archivos relacionados con la represión y recuperación de activos y bienes públicos.
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Durante el período transitorio, la Junta asumiría temporalmente las funciones de jefe de Estado, jefe de Gobierno y jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
El documento también propone que la autoridad transitoria “derogará la Constitución vigente y establecerá un Estatuto de Derechos y Garantías de los Nicaragüenses”, que funcionaría mientras una Asamblea Constituyente redacta una nueva Constitución y esta es sometida a ratificación popular.
Constituyente a los 180 días y elecciones en el mes 22
La propuesta apunta a que la Asamblea Nacional Constituyente sería elegida mediante voto popular a los 180 días del inicio de la transición y estaría integrada por 60 miembros. Su función principal sería redactar una Constitución basada, según el texto, en los principios de democracia, separación de poderes, Estado de derecho y respeto a los derechos humanos.
“La Asamblea Constituyente tendrá un plazo máximo de nueve meses para elaborar y aprobar la nueva Constitución”, señala el documento. El texto constitucional tendría posteriormente que ser sometido a referéndum nacional dentro de los 45 días siguientes a su aprobación por los constituyentes.
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Antes de las elecciones generales, el plan contempla reconstruir el sistema electoral mediante la rehabilitación de personerías jurídicas canceladas, el registro de nuevas organizaciones políticas, la actualización del padrón electoral, la entrega de documentos de identidad y la inscripción de candidatos. “Las elecciones deberán realizarse bajo la nueva Constitución, con participación de todos los sectores políticos en igualdad de condiciones y con observación electoral internacional”, establece la propuesta.
El cronograma propone la celebración de las elecciones generales en el mes 22 y la transferencia del poder en el mes 24. El mandato de la Junta no podría prorrogarse.
Para impedir que quienes conduzcan el proceso utilicen sus posiciones para competir por el poder, los integrantes de la Junta tendrían que renunciar desde su incorporación a presentarse como candidatos en las elecciones inmediatas. La misma prohibición alcanzaría a los miembros de la Constituyente.
El documento dedica además un apartado a justificar la necesidad de un período transitorio y sostiene que durante los últimos años se produjo un desmantelamiento de las instituciones democráticas y una reducción de los espacios cívicos.
Señala que las reformas a la Constitución se han convertido en una “lápida sobre la institucionalidad democrática». Es indispensable refundar esa institucionalidad”, afirma el documento.
En materia de justicia, la hoja de ruta propone una reestructuración temporal del Poder Judicial, nuevas autoridades judiciales independientes, una Comisión de la Verdad y la preservación y desclasificación de archivos relacionados con la represión. También contempla mecanismos para investigar violaciones de derechos humanos y recuperar activos de origen ilícito.
La propuesta garantiza, por otra parte, la continuidad laboral de los empleados públicos que no hayan sido acusados de delitos y establece que no deberán sufrir persecución, discriminación o represalias por razones políticas. Los cambios se concentrarían en cargos de dirección y funcionarios cuya sustitución sea necesaria para modificar las estructuras institucionales existentes.
Iniciativa no está cerrada y puede recibir modificaciones
“Es un documento vivo, abierto a los aportes de las organizaciones de oposición y de otros sectores de la sociedad nicaragüense, y sujeto a ajustes conforme evolucionen las circunstancias políticas nacionales e internacionales”, señala.
La propuesta tampoco se presenta como un programa ideológico o partidario y sostiene que la participación internacional sería complementaria a una hoja de ruta impulsada desde Nicaragua.“La presión y el acompañamiento internacional son elementos complementarios y necesarios para favorecer las condiciones que permitan implementar la transición”, afirma el documento.
Finalmente, sus promotores descartan que la Junta esté concebida como un gobierno permanente o como un reparto de cargos políticos. El organismo tendría un mandato específico, temporal y no prorrogable, destacan. “Tampoco está pensado para ser un gobierno en el exilio”, concluye el documento.
Organizaciones opositoras aseguran estar listas para un “cambio ordenado”
Mediante un comunicado fechado el 16 de agosto, 12 organizaciones de oposición nicaragüense informaron que la propuesta es resultado de dos meses y medio de trabajo técnico y político para consolidar en una sola iniciativa diferentes planteamientos sobre una eventual transición en Nicaragua.
El comunicado está respaldado por Ciudadanos por la Libertad en el Exilio, Liberales Nicaragua, Ruta del Cambio, Avanza, Comunidad Nicaragüense en el Exterior (CONIC), INANA, ML, Mesa de Concertación Democrática, Movimiento Autónomo 18 de Abril (MA18A), Movimiento Liberal, Movimiento Patriótico Nacional (MPN) y Nicaragüenses en el Exilio.
“La propuesta es una hoja de ruta política, con medidas y acciones técnicas y económicas destinadas a lograr una transición pacífica, ordenada y democrática para transitar desde la dictadura hacia la libertad en Nicaragua”, señalaron las organizaciones.
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Los grupos opositores informaron que el plan ya fue entregado a varios gobiernos del hemisferio y a personalidades políticas y aseguraron que están preparados para un eventual proceso de cambio. “Desde la oposición política democrática de Nicaragua estamos listos para el cambio ordenado en nuestro país”, afirmaron.
En el comunicado también consideraron indispensable el respaldo de los países de las Américas para alcanzar la transición propuesta y señalaron que el proceso debe ofrecer garantías en materia de orden social y seguridad ciudadana, además de permitir la continuidad de las actividades económicas.
