Colombia y Canadá se sumaron a la docena de países que respalda un proyecto de resolución en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que decidirá este miércoles 19 de agosto si la crisis de Nicaragua pasará a una reunión de cancilleres para determinar «acciones apropiadas» contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras la decisión en julio de eliminar las elecciones.
La iniciativa diplomática es el segundo intento que hace Estados Unidos, después que el miércoles 5 de agosto no reunió los 18 votos para lograrlo. Esta vez, el gobierno estadounidense propuso una nueva sesión del Consejo Permanente con el respaldo inicialmente de Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago.
El cambio fundamental del documento de la resolución es que, en la primera propuesta estadounidense se describió las acciones del régimen como una amenaza a la seguridad regional, ahora lo vinculan a una preocupación democrática.
«Considerando que los acontecimientos recientes en Nicaragua constituyen un problema de carácter urgente y de interés común para los Estados Americanos, y que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, ya no existe en Nicaragua», dice el proyecto de resolución, disponible en la página de la OEA.
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La situación de crisis de Nicaragua
El techo de los 18 votos, necesarios para la aprobación del documento, representan la mitad más dos de los 34 Estados miembros activos de la OEA. Ese número es necesario para aprobar resoluciones ordinarias y decisiones claves en el Consejo Permanente. Esta instancia volverá a abordar la situación de Nicaragua, marcada por la decisión antidemocrática de Ortega, la represión, y la aprobación de una reforma constitucional que permitirá a los dictadores perpetuarse en el poder.
Una posible reunión de cancilleres ha generado expectativas no solo porque el Departamento de Estado la pidió, sino porque en la historia de Nicaragua fue precisamente una sesión de ese nivel la que demandó el reemplazo inmediato de Somoza Debayle en 1979, un mes antes de que fuera derrocado.
En este momento, el órgano regional enfrenta un desafío a su credibilidad, luego que se han aprobado 64 sesiones desde 2018, cuando el régimen reprimió a la población. El resultado de estas reuniones han sido comunicados que el régimen ha ignorado, mientras la demanda de la población y opositores ha sido que se den acciones más concretas.
En los últimos meses, Ortega y Murillo han recibido mayor presión de la comunidad internacional. Uno proviene de la OEA. Estados Unidos nominó también a una nueva embajadora de Estados Unidos en Managua. Desde el Senado, un proyecto de ley busca reactivar la Ley Nica Act y castigar sectores claves como el oro y el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el brazo financiero del Ejército de Nicaragua.
“Esta Misión Permanente desea expresar su decisión de copatrocinar el citado proyecto de resolución”, se lee en el documento en que Colombia se adhiere el 14 de agosto a la petición estadounidense. Colombia actualmente es gobernada por Abelardo de la Espriella, quien se identifica con el gobierno de Trump y otros de sus aliados en la región.
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“En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías”, dijo a finales de julio, por ejemplo. Su canciller Omar Bula Escobar declaró que cerrarán 15 consulados y 14 embajadas, incluidas las de Nicaragua y Cuba. .
La Misión Permanente de Canadá en la OEA también solicitó formalmente al Consejo Permanente que “sea incluida entre los copatrocinadores de la resolución” sobre Nicaragua. El ejecutivo canadiense es uno de los “amigos” que ha mantenido el tema de Nicaragua en la OEA junto a Chile, Argentina y Costa Rica, pese a que la dictadura decidió retirarse en noviembre de 2021 del organismo. La salida concluyó en 2023.
Pese al retiro del régimen, las misiones permanentes en la OEA han declarado que Nicaragua sigue obligada a cumplir los tratados internacionales de derechos fundamentales que firmó previamente, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Canadá ha sancionado también a 35 personas vinculadas al régimen de Ortega desde 2019, entre ellas: la dictadora Rosario Murillo, sus hijos Laureano y Camila Ortega Murillo, así como funcionarios estatales.
Dictadura desafía a comunidad internacional
Mientras Estados Unidos y los 13 copatrocinadores avanzan en lograr los votos para una reunión de cancilleres en la OEA, el régimen Ortega-Murillo continúa con el proceso de «consultas» de las reformas constitucionales que permitirán a la pareja dictatorial y su séquito perpetuarse en el poder, a través de períodos presidenciales, elección popular y designaciones ejecutivas y legislativas de siete años prorrogables.
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Hasta ahora, las altas jefaturas del Ejército y la Policía, así como el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de Justicia, gobiernos regionales de la Costa Caribe, ministerios e instituciones estatales, así como Daniel Edmundo y Camila Ortega Murillo, hijos de la pareja dictatorial que fungen como funcionarios estatales, han dado su respaldo a las reformas.
La decisión de Ortega de abolir las elecciones en Nicaragua despertó nuevamente el interés de la comunidad internacional por presionar al régimen. En la sesión del 5 de agosto, Estados Unidos el principal funcionario del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, pidió acciones colectivas contra Ortega.
«Se acabó el tiempo de las declaraciones sin acciones. Ahora es el momento de una respuesta formal, institucional y colectiva», declaró Kozak en su discurso ante los países miembros. Luego él agregó que «los ministros deberían reunirse antes del 1 de septiembre», coincidiendo con el plazo planteado por régimen para aprobar la reforma electoral.
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EE. UU. agradece a Kozak
Tras más de 18 meses de servicio como alto funcionario de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kozak se retira, anunció el gobierno de su país en una publicación en X.
«Hoy reconocemos al embajador Kozak al concluir sus más de 18 meses de servicio como alto funcionario de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental. El Departamento de Estado le agradece su dedicación y su liderazgo inquebrantable para hacer de nuestro hemisferio un lugar más seguro, más fuerte y más próspero», afirma la publicación.
El 5 de agosto, más de una decena de países se pronunciaron en rechazo a las acciones del régimen, como la decisión de Ortega de abolir las elecciones en Nicaragua. México y Brasil optaron ese día por el principio de no injerencia. El primero pidió un diálogo con la dictadura y el otro no considera que el tema de Nicaragua sea un tema de seguridad regional como planteó Estados Unidos inicialmente.
