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Trece países de las Américas, entre ellos Estados Unidos (EE. UU.), han pedido al Consejo Permanente de la OEA que en su reunión ordinaria de este próximo miércoles 19 de agosto incluya otra vez el tema de Nicaragua.
Se trata de un nuevo intento de EE. UU. de lograr la convocatoria a una reunión extraordinaria de cancilleres, en la que se pueda aprobar medidas efectivas, colectivas, bilaterales o unilaterales, contra la dictadura de Nicaragua. Esta misma propuesta de EE. UU. fue debatida el miércoles 5 de agosto corriente, pero ni siquiera la pusieron a votación porque no había votos suficientes para aprobarla.
Para volver a intentarlo ahora con probabilidad de éxito, se ha modificado la parte del proyecto de resolución que declaraba a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo como una “amenaza a la seguridad regional” y mandataba el diseño de estrategias conjuntas para contrarrestarla.
En su lugar, y para tratar de hacerla aceptable para todos los países miembros de la OEA, ahora en la misma parte del proyecto de resolución se dice “que los acontecimientos recientes en Nicaragua constituyen un problema de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos”. Y que “la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, ya no existe en Nicaragua”.
En todo caso, según algunos expertos, para EE. UU. la dictadura de Nicaragua ha llegado o está llegando a ser intolerable. Sobre todo, a partir del desafiante y provocador anuncio —o amenaza— de Daniel Ortega de que el régimen totalitario sandinista es para siempre.
Según los expertos, que EE. UU. insista en la convocatoria a una reunión extraordinaria de cancilleres para tratar el caso de Nicaragua indica que ya tienen los votos necesarios para aprobarla. Y quizás también para aprobar las sanciones que se estime necesario imponer a la dictadura de Ortega y Murillo, por representar una grave amenaza a los fundamentos de la seguridad hemisférica y nacional estadounidense, que son la libertad y la democracia representativa.
Pero, ¿qué podrá hacer realmente la OEA contra la dictadura de Nicaragua, después de que —como informó LA PRENSA el pasado 11 de agosto—, desde que estalló la crisis política en 2018 ha abordado la situación en 64 ocasiones, y aprobado decenas de resoluciones y recomendaciones que en todos los casos han sido ineficaces.
Lo que pasa es que, como dicen los críticos de la OEA, esta no tiene dientes para morder a las dictaduras y obligarlas a por lo menos dejar de reprimir a sus víctimas, ya no se diga para sacarlas del poder y promover los necesarios cambios democráticos.
Sin embargo, otros expertos que tienen una apreciación más benigna de la OEA estiman que sus condenas a la dictadura de Nicaragua han sido importantes porque han mantenido la presión diplomática regional, han documentado las violaciones a los derechos humanos y mantienen la presión de que el Estado nicaragüense sigue obligado por los tratados internacionales, a pesar de haberse retirado de la OEA.
Agregan que, gracias a las resoluciones de la OEA sobre Nicaragua, el caso se ha mantenido en la agenda política del hemisferio y han servido de respaldo para el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Inclusive, aseguran, han proveído un marco de validación para la protección, refugio y defensa de miles de nicaragüenses desplazados y opositores exiliados por la represión de la dictadura.
Sin duda que todo eso ha sido positivo, pero no suficiente para cambiar la situación de Nicaragua, ni siquiera para disminuir el rigor represivo de la dictadura. No han alterado en nada la conducta del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que sigue navegando con sus velas desplegadas hacia la peor versión del totalitarismo político, que es la norcoreana.
Veremos si esta vez se logra que el Consejo Permanente de la OEA convoque a la reunión extraordinaria de cancilleres. Y mejor todavía, si es capaz de aprobar medidas prácticas eficaces contra la oprobiosa e insoportable dictadura de Nicaragua.