La emisión excesiva de córdobas para financiar enormes déficits fiscales, el alto endeudamiento público y la inestabilidad económica condujeron a una pérdida significativa del valor del córdoba, lo que llevó a los ciudadanos a buscar refugio en el dólar.
Ahora, al renacer del voraz incendio de 2019 que casi la destruye por completo, su elevada aguja ha sido coronada con un gallo dorado con alas de fuego, para representar que Notre Dame renace de sus cenizas como el Ave Fénix.
La declaración de la IS es una demostración más de que la dictadura de Nicaragua no solo es repudiada por partidos democráticos de derecha y centro, sino también por los que sustentan y proclaman un socialismo no revolucionario, moderado y reformista.
A pesar de las experiencias económicas y sociales catastróficas, sigue habiendo políticos extremistas que toman el poder y, dominados por el frenesí y los eslóganes de la ideología, hacen locuras económicas cuyas nefastas y dolorosas consecuencias siempre las tiene que pagar y sufrir la gente.
Las expectativas han sido alentadas sobre todo por el uso de la jurisdicción universal, a la que han recurrido abogados y activistas de derechos humanos para promover que se aplique y castigue de algún modo a los dictadores y sus cómplices.
El sumo pontífice romano no ha necesitado referirse explícitamente a la persecución contra la Iglesia católica en este país. Implícitamente lo ha dicho todo, al expresar que “en la intimidad de nuestro corazón… se cobija la libertad de las hijas y los hijos de Dios, que nadie nos puede arrebatar”.
El camino de la lucha armada o cualquier forma de violencia revolucionaria no conduce a la conquista de la democracia, sino a la imposición de otra clase de dictadura que casi siempre resulta peor que la anterior. Al menos eso es lo que ha enseñado la experiencia histórica en Nicaragua.
El secretario general tiene que ser una “persona de reconocida vocación integracionista, con alto grado de imparcialidad, independencia de criterio e integridad”. Y el artículo siguiente agrega que el secretario general del SICA y su personal “actuarán tomando únicamente en cuenta su servicio exclusivo al Sistema de Integración Centroamericana y no solicitarán ni recibirán instrucciones de Gobierno alguno”.
Los nicaragüenses tienen derecho a vivir en libertad, democracia y Estado de derecho, lo cual está consagrado en los tratados internacionales. Y que los gobernantes tienen la obligación de respetar ese derecho, garantizarlo y velar por su cumplimiento real y efectivo.
El abultamiento del aparato de altos cargos en el Estado fue por el pacto que hicieron Daniel Ortega y el FSLN con Arnoldo Alemán y el PLC para repartirse el botín estatal y, supuestamente, con el fin de alternarse en el poder por tiempo indefinido.
