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En Colombia se podría repetir la experiencia nefasta de “gobernar desde abajo” que sufrió Nicaragua a partir del 25 de abril de 1990 cuando doña Violeta Barrios de Chamorro asumió el mando presidencial después de ganar las elecciones realizadas tres meses antes.
Doña Violeta y la Unión Nacional Opositora (UNO) ganaron de manera contundente aquellas elecciones históricas. Daniel Ortega y el FSLN, aunque de mala gana, aceptaron la decisión del voto popular. Sin embargo, tras alegar que el triunfo de doña Violeta había sido impuesto por el “imperialismo yanqui” Daniel Ortega convocó a sus seguidores organizados en el Frente Sandinista a “gobernar desde abajo”.
Gobernar desde abajo significó en la práctica una estrategia del FSLN para sabotear al gobierno democrático de doña Violeta y mantener el control sobre las instituciones del Estado, mediante la realización sistemática de huelgas, movilizaciones callejeras masivas, asesinatos políticos e incluso la toma armada de Estelí y el saqueo de todos los bancos de esa ciudad norteña.
Ahora, al parecer, la misma estrategia de “gobernar desde abajo” pero con el nombre de “desobediencia civil”, la pretende ejecutar la izquierda revolucionaria de Colombia que perdió las elecciones presidenciales del 21 de junio pasado. Las elecciones las ganó el líder derechista Abelardo de la Espriella, quien debe tomar posesión del cargo presidencial el próximo 7 de agosto.
Pero tanto el candidato presidencial de la izquierda revolucionaria que fue derrotado, Iván Cepeda, como el igualmente izquierdista presidente de la República saliente, Gustavo Petro, reconocieron inicialmente la victoria del candidato derechista. Pero después Cepeda declaró que llamará a la “desobediencia civil” de sus partidarios; en tanto que el todavía presidente Petro aseguró que De la Espriella ganó mediante fraude electoral y por lo tanto no reconoce su legitimidad.
El alegato de Petro, de que la voluntad popular fue alterada para arrebatarle el triunfo al candidato izquierdista Iván Cepeda, carece de sustento ante los informes de las diversas misiones internacionales de observación electoral, que validaron el resultado de la elección del 21 de junio y felicitaron a la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, por su independencia política, su profesionalismo y la excelente organización y transparencia de las elecciones.
Es importante señalar que la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella fue impugnada antes de las elecciones, porque además de la nacionalidad colombiana él tiene ciudadanía de Estados Unidos e Italia. Sin embargo, la Constitución de Colombia establece como único requisito para ser candidato presidencial ser colombiano por nacimiento. Y de allí que el órgano estatal correspondiente rechazara los recursos de impugnación de la candidatura de De la Espriella que fueron presentados por sus adversarios.
El ahora presidente electo que ganó con una diferencia de apenas 251.854 votos, entre el total de más de 25 millones emitidos, al ser declarado vencedor en la reñida elección presidencial se comprometió que gobernará para todos los colombianos independientemente de cómo hubieran votado. Pero es obvio que no aplacó a la izquierda revolucionaria que dice temer una represión derechista de gran envergadura.
En esta situación de extrema polarización ideológica e incertidumbre política, y a propósito de que en estos días se cumple el 35º aniversario de la promulgación de la Constitución de Colombia, el periódico El Tiempo, de Bogotá, ha recordado oportunamente en su editorial de este martes 7 de julio que “La Constitución pertenece a todos los colombianos. Eso implica asumir la responsabilidad de predicarla y protegerla. Salvaguardarla es garantizar el triunfo de la democracia sobre los intentos de autoritarismo”.
Y salvaguardar la Constitución significa que la izquierda colombiana no cumpla la amenaza de Iván Cepeda, de “gobernar desde abajo” mediante la desobediencia civil. Que sería precisamente atentar directamente contra la autoridad y la majestad constitucional.
