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El 30 de junio participé en una reunión de líderes de la oposición democrática nicaragüense organizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, D.C.
Las luchas del pueblo nicaragüense me tocan de cerca. En 2016, la dictadura de Ortega y Murillo me expulsó de Nicaragua mientras realizaba un viaje de investigación por el país. También he colaborado con la oposición democrática venezolana en su lucha contra el régimen chavista. Esa experiencia me hace mostrarme escéptico respecto a las perspectivas a corto plazo de restablecer la democracia en cualquiera de los dos países.
Un historial de represión y riesgo estratégico
El argumento de la oposición es convincente tanto desde el punto de vista moral como estratégico. Las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y las organizaciones de derechos humanos han documentado las violaciones del régimen de Ortega-Murillo de los derechos humanos de los nicaragüenses y de su derecho democrático a la autodeterminación.
Entre ellas se incluyen el asesinato, el encarcelamiento y la tortura de cientos de personas tras las protestas de 2018, el secuestro de las elecciones de 2021, la criminalización de los partidos de la oposición y de más de 1,500 organizaciones no gubernamentales, la expulsión de disidentes y la privación de su ciudadanía y sus bienes.
El régimen también ha dado refugio a líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y ha concedido asilo a funcionarios de izquierda acusados de corrupción, entre ellos los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
Desde el punto de vista estratégico, Nicaragua se ha convertido en uno de los principales refugios de la región para los adversarios de Estados Unidos. Ha acogido en repetidas ocasiones a tropas rusas desde el regreso de Ortega al poder en 2007, junto con bombarderos rusos con capacidad nuclear e instalaciones de comunicaciones espaciales y de entrenamiento policial.
Las empresas chinas han llevado a cabo proyectos opacos de construcción y minería, entre ellos en el puerto de Corinto y el aeropuerto de Punta Huete, emplazamientos que podrían servir al ejército chino en caso de guerra. La ocupación por parte de Nicaragua en 2010 de territorio en disputa a lo largo del río San Juan y su acogida de fuerzas rusas han sido señaladas repetidamente como amenazas por parte de países vecinos, entre ellos Costa Rica.
Estos riesgos coinciden estrechamente con las prioridades que la Administración Trump ha establecido en su nueva Estrategia de Seguridad Nacional y su Estrategia de Defensa Nacional, que sitúan a Nicaragua dentro del enfoque de la “Gran América del Norte” defendido por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
Los supuestos vínculos del régimen con el crimen organizado y el hecho de que en el pasado haya dado cobijo a líderes terroristas lo convierten en un tema relevante para el enfoque de la Administración sobre el narcoterrorismo. Lo mismo ocurre con su papel a la hora de facilitar el tránsito de más de 700 mil migrantes hacia Estados Unidos, incluidos los ingresos que recaudó por los vuelos de migrantes haitianos.
Por qué aún no es el momento adecuado
A pesar de estos peligros, las condiciones en Nicaragua, al igual que en Venezuela, aún no son propicias para una transición democrática. Prácticamente toda la oposición organizada, desde la Iglesia católica hasta la sociedad civil y los líderes políticos, ha sido criminalizada, torturada, expulsada u obligada al exilio.
Las fuerzas de seguridad y el ejército, junto con las élites empresariales que aún sobreviven, están ellos mismos implicados en la corrupción y las violaciones de derechos del régimen. Para muchos miembros del régimen, una transición democrática que pudiera exponerlos a ser procesados parece más peligrosa que la continuación de la dictadura. Las próximas elecciones en Nicaragua están previstas para 2027, pero la oposición aún no se ha unificado ni ha construido la base institucional necesaria para presentar una alternativa creíble.
Una estrecha oportunidad
La posibilidad más interesante de cambio es la transición generacional en curso de Daniel Ortega y Rosario Murillo a sus hijos, en particular a Laureano Ortega, a medida que la salud de ambos líderes, ya de avanzada edad, se deteriora.
Algunas figuras de la oposición nicaragüense sostienen que los sandinistas marginados por esta sucesión podrían provocar una escisión dentro del sandinismo, que la oposición podría aprovechar si logra la unidad y cultiva vínculos con miembros descontentos del régimen.
Para ello, sostienen, sería necesario acordar un programa limitado de transición democrática, entablar contactos discretos con sandinistas descontentos y otras figuras del régimen, y ofrecer garantías de que los funcionarios que apoyen un traspaso pacífico del poder no sufrirán el mismo trato que los responsables de graves abusos contra los derechos humanos.
Por qué la presión exterior podría no ser suficiente
Sigue siendo poco probable que se produzca un apoyo exterior decisivo a corto plazo. Europa ha emitido declaraciones y aplicado sanciones, pero no está en condiciones de actuar de forma decisiva si se produce una apertura política tras las elecciones de 2027.
En Washington, otras prioridades —como Venezuela, Oriente Medio y Cuba— podrían retrasar la atención sostenida hacia Nicaragua, a pesar de que este país encaja perfectamente en las preocupaciones estratégicas declaradas por la Administración. Estados Unidos podría ampliar las sanciones existentes, posiblemente dirigiéndolas personalmente contra Ortega, o tomar medidas para expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica.
Un observador bien informado sugirió, en declaraciones extraoficiales, que Washington podría, en cambio, intentar cooptar a Laureano Ortega, tolerando su consolidación del poder y su enriquecimiento a cambio de cooperación y acceso a los negocios, una estrategia que seguiría la línea del enfoque estadounidense hacia Delcy Rodríguez en Venezuela.
Al igual que en Venezuela, un acuerdo tan pragmático probablemente dejaría sin resolver la ilegitimidad y la corrupción subyacentes del régimen, así como su acogida a actores extranjeros hostiles.
Es poco probable que Estados Unidos adopte medidas más decisivas antes de que Washington resuelva retos más apremiantes en Irán, Venezuela y Cuba. Las elecciones de mitad de mandato de noviembre añaden más incertidumbre: un Congreso más favorable y el interés de la Administración por lograr un éxito en política hemisférica podrían dar mayor protagonismo a Nicaragua, mientras que la reticencia a abrir un nuevo frente antes de unas elecciones podría, con la misma facilidad, relegar el tema a un segundo plano.
El sufrimiento del pueblo nicaragüense es inmediato. La amenaza que supone el régimen de Ortega-Murillo para sus vecinos y para los intereses estratégicos de EE. UU. es real.
Pero, por ahora, la mejor estrategia de la oposición es forjar la unidad con los desertores sandinistas actuales y futuros, profundizar en las coaliciones internacionales y la concienciación pública, y prepararse para el momento en que las condiciones nacionales e internacionales se alineen para una acción decisiva y unida que restaure la democracia nicaragüense y ponga fin al papel del país como punto de apoyo para los rivales de Estados Unidos en el hemisferio.
El autor es investigador asociado sénior no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Su último libro, “China Engages Latin America: Distorting Development and Democracy”, ha sido publicado por Palgrave Macmillan. Las opiniones expresadas son exclusivamente las del autor. Este artículo originalmente se publicó en inglés en UPI.
