Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
La semana pasada la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) publicó el Índice Global de Tortura 2026. Este Índice evalúa el riesgo y la práctica de la tortura en 39 países de diversas regiones del mundo.
Sobre Nicaragua, que figura entre esos 39 países, el informe advierte de una represión sistemática del régimen que incluye violencia sexual contra las personas presas, descargas eléctricas y desaparición forzada e incomunicación prolongada en las cárceles.
La dictadura de Nicaragua es evidentemente culpable de muchos crímenes de torturas contra los presos políticos y de conciencia. Todos, o casi todos los casos han sido documentados por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
La variedad de crímenes políticos de la dictadura de Nicaragua es muy amplia, van desde ultraje físico y moral a las personas hasta amenazas a la seguridad nacional de otros países por sus alianzas estratégicas con potencias extracontinentales expansionistas, concretamente Rusia, China e Irán.
Pero los peores de todos los crímenes de la dictadura son los que ha cometido y comete contras las personas humanas, o sea los maltratos físicos y sicológicos de toda clase y grado que inflige a sus víctimas. Y por las que Nicaragua ocupa un lugar destacado en el Índice Global de Tortura de la OMCT.
La tortura es un abominable acto de extrema cobardía y sevicia, porque se perpetra contra seres humanos que se encuentran en absoluta indefensión. De manera que está expresamente prohibida por el derecho internacional, y las personas y Estados o gobiernos que la practican en cualquier forma, deben o deberían ser rigurosamente castigados.
Hace más de cuarenta años, el 10 de diciembre de 1984, la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta Convención entró en vigencia con fuerza jurídica de tratado internacional el 26 de junio de 1987, cuando fue ratificada por la mayoría de los Estados, incluyendo al de Nicaragua que lo hizo el 5 de julio de 2005.
Dicha Convención de la ONU, que el régimen de Nicaragua está obligado a respetar (o sea, a no torturar), define en su primer artículo la tortura como: “Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores y sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
El Estado de Nicaragua ratificó la Convención de la ONU contra la tortura seis meses antes de que Daniel Ortega recuperara el poder presidencial para restaurar la dictadura sandinista. Pero, aunque el régimen de Ortega no fue el que ratificó dicha Convención, está obligado a respetarla porque Nicaragua es parte de ella y miembro activo de las Naciones Unidas. Sin embargo, la dictadura de Ortega y Murillo ha convertido a Nicaragua en un Estado forajido que viola impunemente todas las leyes internacionales que quiere.
Precisamente por eso es que en la comunidad internacional se oyen cada vez más fuerte las voces que piden llevar al régimen de Nicaragua ante la justicia internacional, para que rinda cuentas por todos sus crímenes y pague por ellos. Voces que deberían convertirse en hechos y proceder a acusar a la dictadura en los tribunales internacionales que corresponda.
Cabe recordar que en la Cumbre Mundial de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en 2005, se acordó el principio internacional de la responsabilidad de proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Y como es bien sabido, la dictadura de Nicaragua ha sido acusada con evidencias y pruebas suficientes, de cometer crímenes de lesa humanidad en los que se incluye la tortura en sus diversas crueles modalidades.
La población de Nicaragua no tiene los medios para defenderse a sí misma. Necesita que la comunidad internacional, al menos su parte democrática, aplique el principio de la responsabilidad de proteger y le ayude con acciones concretas a liberarse de la dictadura y a restablecer la democracia en Nicaragua.
