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Cuando el miércoles 5 de agosto el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) no puso a votación el proyecto de resolución que permitiría que la crisis de Nicaragua escalara a una reunión de cancilleres, algunos opositores señalaron a México y Brasil, gobernados por dos de los rostros más conocidos de la izquierda latinoamericana, Claudia Sheinbaum y Lula da Silva.
En el centro de la atención internacional se ubicó Daniel Ortega, dictador de Nicaragua que anunció el 19 de julio que eliminaría las elecciones. A pesar de la decisión antidemocrática, de que las violaciones de derechos humanos han sido documentadas por la comunidad internacional, el principal alegato de los dos gigantes latinoamericanos fue la soberanía y autodeterminación de los pueblos.
LA PRENSA consultó a cuatro analistas para hablar del tema, uno de ellos es Uriel Pineda, un abogado especialista de derechos humanos refugiado en México, quien no tiene otra explicación que las afinidades ideológicas entre la gobernante mexicana, el presidente brasileño y los dictadores nicaragüenses.
«En el caso de Brasil ha querido mantener la postura independiente, pero finalmente hay una identidad ideológica entre Lula y Ortega, tal vez no la relación más próxima. Lula quiere mantener distancia de las posturas de Estados Unidos con independencia de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y en el caso de México ha sido una situación sostenida desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018 hasta la fecha sin un solo cambio, a pesar de que hoy el ejercicio del poder recae sobre Claudia Sheinbaum», expone Pineda.
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El experto en derechos humanos advierte que en el caso de México está en juego la «identidad ideológica entre el partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y Daniel Ortega».
Durante su conferencia matutina el 27 de julio de 2026, la presidenta de México defendió la postura de no injerencia frente a las declaraciones del dictador Ortega sobre la abolición de elecciones. «Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua, y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia en todos sus términos. Esa es mi respuesta», expresó ante la consulta de un periodista.
Por su parte, Lula, otrora amigo de Ortega, ha visto distanciada la relación en los últimos años. El dictador no ha querido atender el llamado del mandatario brasileño de liberar a los presos políticos, por el contrario ha llegado a llamarlo «arrastrado». Las tensiones escalaron a tal punto que las sedes diplómaticas se encuentran sin embajadores. Este sábado se cumplieron dos años de que el régimen expulsó al representate diplomático de Brasil, Breno de Souza Brasil Días da Costa, por no participar en el acto del 19 de julio en 2024. La decisión generó una reacción recíproca por parte del gobierno brasileño, quien expulsó a Fulvia Castro, que fungía como embajadora de Nicaragua en Brasilia.
El miedo de México y la postura antiestadounidense de Brasil
En mayo pasado, la administración de Donald Trump presentó un nuevo plan para el combate al narcotráfico en el que México aparece en la mira de Estados Unidos. Señalan que el gobieno mexicano debe ofrecer resultados en las incautaciones de drogas, especialmente sintéticas como el fentanilo, además en la destrucción de sitios de producción y eliminar la capacidad de los carteles. Esto mantedría atemorizada a Sheinbaum ante una posible intervención estadounidense, según el analista político y exembajador de Nicaragua en Francia, Óscar René Vargas.
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“México tiene temor de que toda la propaganda o diversos discursos, diversas declaraciones de parte de la administración de Trump de que ellos pueden llegar a intervenir en México para luchar contra el narcotráfico”, asevera el analista político. De acuerdo con Vargas, esta sería una razón por la que el gobierno de Sheinbaum está en “desacuerdo de cualquier carta blanca que le puedan dar a Estados Unidos en la OEA” frente a la situación de Nicaragua.
En el caso de Lula, el analista sostiene que «Brasil tiene que buscar tener una posición más independiente, porque primero pertenece a los Brics, lo cual significa que tiene una contradicción con la posición de la administración de Trump».
Los Brics son una asociación económica y política internacional que agrupa a varias de las principales economías emergentes del mundo. Inicialmente conformada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y a la que se han sumado Egipto, Irán, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos.
«No hay explicación» sobre las declaraciones de Brasil y México
Durante su intervención en la OEA, el miércoles, el representante de México insistió en la posición de Claudia Sheinbaum de los principios de la “soberanía”, “no injerencia” y “autodeterminación de los pueblos”. Consideró que cualquier pronunciamiento o medida tomada por el organismo hemisférico “debe estar enfocada en los derechos humanos y buscar canales de diálogo”. Por su parte, la representante de Brasil expresó que “es erróneo abordar la situación de Nicaragua como una amenaza a la seguridad” y que una reunión de cancilleres es “prematura” y “podría crear tensiones adicionales”.
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La representación de Brasil hizo referencia a las exposiciones de Estados Unidos y Costa Rica sobre las amenazas que significan para la región la incursión de potencias extranjeras como China y Rusia, esta última con presencia militar en territorio nicaragüense, incluso reconocida por el mismo régimen de Vladímir Putin. Sin embargo, para el analista y catedrático costarricense Carlos Murillo no hay explicación para las posturas adoptadas por México y Brasil frente a la situación de Nicaragua.
«No hay explicación de lo que uno lee de las declaraciones de Brasil y México a no adoptar esas medidas fuertes, incluso aunque se queden en lo diplomático, pero con un lenguaje diplomático firme, contundente», explica Murillo. Para el catedrático, Sheinbaum busca “no verse comprometida” y le critica que “no es la mejor posición”, tomando en cuenta los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos que ha cometido el régimen nicaragüense desde el estallido social de abril de 2018, reprimido con brutalida por órdenes de Ortega-Murillo, según han documentado organismos internacionales de la OEA y las Naciones Unidas.
Según registros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, entre el 18 de abril y el 31 de julio de 2019, al menos 355 personas murieron durante la represión. Centeneras de manifestantes resultaron heridos y miles se vieron obligados a huir del país. En tanto, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU también ha documentado en una serie de informes la brutalidad estatal que ha llegado a extenderse fuera de las fronteras, incluso señalan directante a 54 funcionarios e instituciones del Estado como responsables de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, Brasil y México parecen voltearle la cara a estos hechos y dar prioridad a otros intereses.
«Uno entiende lo de Brasil en el sentido de que están en una campaña electoral, tienen una confrontación muy grande con Argentina y Estados Unidos y no le conviene al presidente Lula en campaña electoral abrir otro frente. A diferencia de México, yo creo que el presidente Lula sí es muy crítico… pero que considera que este no es el momento apropiado para ello», analiza Murillo.
Temen que EE. UU. tome medidas unilaterales
Un exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Nicaragua, que nos pide anonimato, critica que México, a pesar de conocer la crisis provocada por Ortega y Murillo, haga uso de los principios de no intervención y de autodeterminación ignorando “principios del derecho internacional”.
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“México, a diferencia de Brasil, no se opuso frontalmente a convocar la reunión de consulta… A ambos países les paraliza el temor que los EE. UU. utilice la convocatoria para obtener un respaldo político que les permita tomar medidas unilaterales qué fuercen la salida de los codictadores», explica el exfuncionario del Minrex, quien sostiene que el gobierno de Sheinbaum «conocen de primera mano la gravedad de la situación en Nicaragua» y que aún así «su defensa a ultranza del principio de no intervención y de autodeterminación les hace ignorar principios del derecho internacional que también están obligados a cumplir, como el principio de la responsabilidad colectiva de los derechos humanos».
La exguerrillera Dora María Téllez también criticó la tarde del jueves la postura del gobierno de Claudia Sheinbaum. «Es una posición que no se sostiene en la doctrina de la política exterior mexicana, ni en la práctica», sostuvo durante una conferencia denominada «Nicaragua: dictadura, resistencia y transición a la democracia», organizada por la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) en Costa Rica.
Téllez dijo que apelar a la no intervención es «equívoco porque los Ortega Murillo tienen una guerra contra el pueblo de Nicaragua». Reclamó que «el gobierno de México no debería quedarse en silencio». Agregó que la postura que tuvieron en la OEA, aunque abogaron por procesos electorales, «bloquean la posibilidad de acción».
¿Y Centroamérica, qué pasa?
Aunque México y Brasil tiene posturas contrarias a las de los demás países que respaldaron la propuesta de Estados Unidos en la OEA, incluido Costa Rica y Panamá, ambos miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), a los analistas les preocupa el silencio de El Salvador y Honduras, que también son parte del organismo regional y vecinos de Nicaragua.
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«Llama la atención poderosamente el silencio de Honduras y El Salvador. Sobre todo de Honduras considerando que es un régimen conservador del presidente (Nasry) Asfura y que ya no tiene, o por lo menos eso es lo que se supone, compromisos con Managua», expone Carlos Murillo. En el caso de El Salvador, gobernado por Nayib Bukele, el catedrático señala que podría haber negocios de por medio que influyen en ese silencio.
De los países miembros del SICA, Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana han criticado la decisión de Ortega de abolir las elecciones en Nicaragua, incluso los dos últimos han llamado a consultas a sus embajadores. Por el contrario, El Salvador y Honduras no se pronuncian. Lo mismo ha ocurrido con Belice, que según han explicado analistas a LA PRENSA se identifica más con la Comunidad del Caribe (Caricom) que con el SICA.
«Hay que recordar que hay un problema, un litigio en el Golfo de Fonseca entre El Salvador, Honduras y Nicaragua. Nicaragua se ha aliado con Bukele… Esa es la razón por la cual Bukele siempre está coqueteando con Ortega», según Óscar René Vargas.
Uriel Pineda ve intereses económicos de por medio entre Bukele y Ortega, y le suma la “incongruencia” que le puede generar al mandatario salvadoreño criticar al dictador nicaragüense. “Hay una vocación autoritaria, hay una disminución de la institucionalidad democrática sensible, hay persecución a periodistas en El Salvador y tratar de cuestionar por esas mismas razones al régimen de Daniel Ortega puede mostrarse como una inconsistencia”, agrega. A ello se suma el “ego”, que según Pineda tiene el gobernante salvadoreño. “Bukele en este momento del plano internacional se siente mucho más relevante que Daniel Ortega”, afirma.
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El régimen mantiene buenas relaciones diplomáticas con El Salvador, recientemente Rosario Murillo anunció que Guiselle Morales pasaría a ser la embajadora en ese país y que desde ahí fungiría como concurrente en Guatemala y Belice.
¿Por qué Honduras calla?
A los analistas les llama la atención el silencio del presidente hondureño Nasry Asfura, quien tiene una «estrecha colaboración» con el actual mandatario estadounidense, según lo ha expuesto el propio Donald Trump.
Óscar René Vargas, quien además es economista, señala que el silencio de Honduras tiene que ver con un asunto de intereses económicos. «Nicaragua con el dinero venezolano, ellos (régimen Ortega-Murillo) han invertido una serie de dinero importante y se han aliado con sectores importantes de los poderes fácticos empresariales hondureños. Es decir, que el peso de Nicaragua en la economía hondureña es un elemento por el cual Asfura mantiene cierto coqueteo con el gobierno de Nicaragua, porque el peso político que tiene el dinero de Ortega hace que Asfura esté presionado por los poderes fácticos empresariales hondureños», subraya.
En tanto, Uriel Pineda también ve intereses económicos de por medio. Recuerda que ese país comparte frontera con Nicaragua y que un cierre de los pasos fronterizos, que pudieran ordenar Ortega y Murillo, “sería catastrófica para la baja economía” hondureña.
Los problemas de El Salvador y Honduras tienen que ver con que ambos países “tienen sus propios pecados” en materia de derechos humanos y déficit democrático, de acuerdo con el exfuncionario del Minrex. Estas también serían razones por las que permanecen callados porque “no desean que en un futuro puedan verse condenados al igual que los Ortega Murillo”.
El exfuncionario recuerda que el régimen Ortega-Murillo ha protegido a corruptos hondureños y salvadoreños, y esto hace que Bukele y Asfura “no deseen confrontar al régimen”. Sin embargo, cree que si hay una posición firme de Estados Unidos, los dos gobernantes “podrían apoyar en el futuro” la aplicación de medidas coercitivas a la dictadura nicaragüense por los “grandes compromisos y grandes favores” que le deben al gobierno norteamericano.
