La crisis política de Nicaragua no logró escalar a una reunión de cancilleres, a pesar de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció la gravedad del anuncio de Daniel Ortega sobre eliminar las elecciones. Una fuente cercana al organismo regional informó que se dejó pendiente la votación, después que Estados Unidos y sus aliados no lograron reunir los 18 votos para aprobar el proyecto de resolución.
La sesión celebrada en Washington duró dos horas. Al evento asistió el coordinador de Ciudadanos por La Libertad, Juan Sebastián Chamorro. Durante la reunión, Estados Unidos y sus aliados presionaron para que se tomara una decisión colectiva con argumentos claros sobre la decisión antidemocrática de Ortega. Pero los representantes de México y Brasil, ambos liderados por gobiernos de izquierda, discreparon con elevar el tema a los cancilleres. Apostaron por la vía del diálogo, que ha resultado ineficaz en los últimos años de radicalización del orteguismo.
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Como el proyecto no se votó, este podrá ser discutido en el futuro a petición de los estadounidenses o de los países copatrocinadores. «Diría que no es una derrota, pero sí un patinazo. Cuando uno hace la solicitud ante la OEA, uno sabe con cuántos votos puede contar. Uno no se lanza a ver si sale, uno hace la gestión diplomática previa», comentó la misma fuente a LA PRENSA.
Al menos 15 representantes de los países de la organización regional intervinieron. Lo hizo también el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y una delegada de la Unión Europea. Sin embargo, correspondió a Rosa María Payá, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicar al principio de la sesión lo que ocurre en Nicaragua.
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Payá denunció la situación las violaciones de derechos humanos, a partir del caso de una persona a la que el régimen le decretó la «muerte civil». Luego expuso una nación cruzada por el miedo, la falta de garantías y en el cual «uno de cada nueve nicaragüenses ha abandonado el país, una cifra superior a los años ochenta».
Según organismos de la sociedad civil, citados por Payá, hay al menos 40 presos políticos. «La muerte civil es uno de los riesgos extremos que pueden sufrir los nicaragüenses por decir lo que piensan. No es el único. La comisión ha venido documentando persistentes y graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua: Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la persecución religiosa, la violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes. La represión política de la dictadura Ortega-Murillo ha instaurado el miedo en la ciudadanía. Los nicaragüenses viven en un régimen sin garantías ni libertades que intenta silenciarlos sistemáticamente», lamentó Payá.
EE. UU. pide acción colectiva contra dictadura cruel
La delegación estadounidense estuvo representada por Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado. Llamó a una «acción colectiva contra el asalto de la dictadura Murillo-Ortega a las libertades del pueblo de Nicaragua». En algún momento de su discurso, cuestionó al resto de países afirmando que Estados Unidos no puede ser el único país en tomar medidas serias contra la dictadura. Se preguntó cuánto más debería sufrir la población antes que actuemos, dirigiéndose a los participantes en la reunión de la OEA. Le dijo a los nicaragüenses: «No nos hemos olvidado de ustedes».
Kozak denunció que los Ortega Murillo intentan reescribir por segunda vez la Constitución en dos años y explicó que, pese a todo, siguen gozando del beneficio de tener relaciones diplomáticas con el mundo, mientras repudian abiertamente los compromisos democráticos de la Carta Interamericana.
«Ahora, en 2026, Ortega, Murillo y su círculo cada vez más íntimo se han convertido en aquello contra lo que originalmente lucharon: una dictadura cruel y venal que teme a los periodistas independientes, a las comunidades religiosas, a la sociedad civil, a los partidos políticos y, sobre todo, a la voluntad del pueblo nicaragüense expresada en elecciones libres y justas», dijo.
¿Reunión de cancilleres antes de septiembre?
El alto funcionario estadounidense expresó que lo «que hagamos en las próximas semanas será de suma importancia». Afirmó que, en la opinión de su país, la reunión de cancilleres debería hacerse antes del primero septiembre, cuando se prevé que la Asamblea bajo control de Ortega y Murillo apruebe las reformas constitucionales para oficializar la eliminación de las elecciones.
«Se debería examinar toda la gama de medidas de seguridad diplomáticas, institucionales, económicas y colectivas que podrían ser medidas diplomáticas como limitar el acceso a otros foros regionales, restringir la asistencia no humanitaria y el financiamiento, exigir la liberación de los presos políticos. Estas medidas, entre otras, están dentro de nuestro alcance colectivo», propuso Kozak.
Aliados como Costa Rica manifestaron su compromiso porque haya elecciones libres en Nicaragua, pero también mostraron su preocupación por la presencia de tropas extranjeras en ese país. «Observamos con suma preocupación la presencia de fuerzas militares extranjeras en Nicaragua, así como la expansión de la minería ilegal transnacional en las zonas fronterizas. Esta actividad (está) estrechamente relacionada al crimen organizado trasnacional», expresó la delegada costarricense.
La representante de República Dominicana dijo que, frente a la gravedad de los acontecimientos, la comunidad internacional debía responder con los mecanismos establecidos.
Honduras y El Salvador se callaron
Mónica Palencia, embajadora de Ecuador, explicó que lo ocurrido en Nicaragua exige pronunciamientos claros y dijo que estaban con el pueblo. «La ausencia de procesos electorales libres compromete el ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía», dijo Guatemala.
Otros vecinos de Nicaragua como El Salvador y Honduras guardaron silencio. En cambio, Panamá hizo un llamado a que no hubiese indiferencia y denunció que la declaración de Ortega, de eliminar las elecciones, contradice los principios esenciales de la democracia representativa.
Días antes de la reunión de la OEA, expertos como el estadounidense Michael Shifter, expresidente de Diálogo Interamericano, expresaron que ha faltado voluntad a la comunidad internacional de adoptar medidas mas contundentes contra Ortega y Murillo.
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Durante sus palabras, la representante de Canadá hizo un llamado a que «sigamos defendiendo la democracia», mientras reconocía la gravedad de la situación de Nicaragua. Uruguay denunció también el problema y Argentina la describió como «una de las situaciones más graves de la región y tiende a profundizarse». Chile se mostró también preocupado y el secretario general de la OEA le dijo a las fuerzas democráticas nicaragüenses que podían seguir contando con esta organización.
México y Brasil prefieren el «diálogo»
Las delegaciones de México y Brasil introdujeron un matiz a la condena generalizada. Si bien dijeron que estaban de acuerdo con la preocupación sobre Nicaragua, su posición es que el caso se enrumbe al diálogo y no elevarlo a nivel de cancilleres. «En cuanto al proyecto de resolución, creemos que es erróneo abordar el tema como de seguridad, es una crisis política con grave repercusión en derechos humanos», dijo la representante del gobierno de Lula Da Silva.
El funcionario de México abogó por la autodeterminación de los pueblos, aunque dijo que la celebración de elecciones periódicas es una obligación del Estado. Una posición similar a la de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien fue incapaz en su momento de cuestionar a Ortega, a pesar de la oficialización de eliminar los comicios.
«México considera que cualquier pronunciamiento emanado de esta organización debe estar enfocado a subrayar los compromisos en materia de derechos humanos. que continúan vigentes en Nicaragua, particularmente las derivadas de la Convención Americana sobre derechos humanos y buscar canales de diálogo que permitan restablecer una cooperación con el sistema interamericano de derechos humanos, evitando acciones que puedan atentar contra el principio de no intervención, el mismo que todos los Estados miembros estamos obligados a respetar», afirmó el mexicano.
La posición de Brasil no sorprendió. Un día antes, suscribió con nueve países una declaración en que mostraban su preocupación sobre Nicaragua, pero evitaban asumir la posición de Estados Unidos de que las acciones de Ortega constituían una amenaza para la seguridad regional. Según un experto consultado, estos países prefieren que se siga el camino del diálogo, a través del grupo de naciones que han trabajado en la organización con el tema de Nicaragua.
Por eso, algunos de los diez firmantes del documento eran del Grupo de Trabajo: Antigua y Barbuda, Brasil (miembro) Chile (miembro), Colombia, Canadá (miembro), Costa Rica (miembro), Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay. La declaración que resumió mejor el drama de Nicaragua, ante la represión sistemática de derechos ejecutadas por el régimen de Ortega y Murillo, la expresó el Secretario General de la OEA, así como el efecto en la comunidad interamericana.
«La erosión de la democracia no es interno, los ataques traen consecuencias regionales. Afectan la estabilidad», afirmó Ramdin. Sin embargo, después de dos horas de declaraciones de los diplomáticos que permitieron visibilizar la situación de Nicaragua, la inquietud que quedó después del resultado de la sesión fue cuánto más debe pasar en el país para que exista un consenso regional para poner un freno a los Ortega Murillo.
