A propósito de sendos planes de transición de la dictadura a la democracia que hay sobre Nicaragua, es pertinente analizar situaciones similares ocurridas en América Latina, como Argentina: transición con justicia y restablecimiento institucional (1983). Chile: transición mediante plebiscito, negociación y reformas constitucionales (1973-1990). Uruguay: transición mediante acuerdos políticos y movilización social (1980-1985). Y, Brasil: apertura gradual y constitución democrática (1974-1988).
Hay una diferencia fundamental entre los cuatro casos: Argentina recuperó la democracia después del colapso del régimen militar; Chile mediante un plebiscito y una negociación posterior; Uruguay mediante acuerdos políticos y militares; y Brasil por medio de una apertura gradual que culminó en una nueva Constitución, de acuerdo con una investigación realizada con apoyo de la inteligencia artificial.
El de Argentina es uno de los casos más importantes de justicia transicional en América Latina. La dictadura (1976-1983) se debilitó después de la derrota militar en la guerra de las Malvinas; la crisis económica; las denuncias nacionales e internacionales por desapariciones, torturas y asesinatos; y la movilización de organizaciones de derechos humanos.
Las medidas fundamentales fueron: elecciones presidenciales libres en octubre de 1983; restablecimiento de las instituciones constitucionales; creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep); publicación del informe Nunca Más; Juicio a los integrantes de las juntas militares en 1985; y reconstrucción de la independencia de las instituciones civiles.
Transición negociada con enclaves autoritarios
Como resultado se recuperó la democracia electoral y se estableció un precedente histórico en el juzgamiento de responsables de crímenes de Estado. Posteriormente se emitieron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y hubo los indultos, lo que limitó inicialmente la justicia. Los procesos judiciales se reabrieron años después.
El de Chile es uno de los ejemplos más conocidos de transición negociada, la cual pasó por las siguientes etapas esenciales: el plebiscito del 5 de octubre de 1988, que rechazó la continuidad del dictador Augusto Pinochet (1976-1983); se abrió un proceso de negociación política; se realizaron elecciones presidenciales y parlamentarias en diciembre de 1989; Patricio Aylwin asumió la Presidencia el 11 de marzo de 1990; y se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig.
Se recuperó la democracia mediante un proceso electoral y negociado, sin una nueva guerra ni un golpe militar, pero con limitaciones. Por ejemplo: Pinochet permaneció como comandante en jefe del Ejército hasta 1998, después de entregar la Presidencia en 1990; la Constitución de 1980 mantuvo importantes restricciones; existieron senadores designados y otros mecanismos de influencia militar; y la justicia por las violaciones de derechos humanos avanzó lentamente.
La de Chile fue una transición negociada con importantes enclaves autoritarios.
El proceso uruguayo tuvo una característica especial: la negociación entre partidos políticos, organizaciones sociales y fuerzas armadas, que contó con movilización social y sindical; acuerdos políticos para recuperar la institucionalidad; negociaciones entre dirigentes civiles y militares; elecciones nacionales en noviembre de 1984; y restablecimiento de las instituciones democráticas en marzo de 1985.
Transición controlada parcialmente por sectores del antiguo régimen
Los uruguayos recuperaron el sistema democrático con partidos políticos históricos, parlamento y elecciones competitivas, pero con limitaciones, como la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986, que dificultó durante años el juzgamiento de militares y policías responsables de violaciones de derechos humanos. Posteriormente se produjeron avances judiciales.
Brasil desarrolló una transición prolongada, iniciada durante el propio régimen militar. Se produjeron los siguientes hechos relevantes: apertura política gradual; recuperación de los partidos políticos; movilización popular por elecciones directas, conocida como Diretas Já; Elección presidencial indirecta de Tancredo Neves en enero de 1985; Asunción de José Sarney tras la enfermedad y muerte de Tancredo: Asamblea Nacional Constituyente; y Constitución democrática de 1988.
No obstante, hubo serias limitaciones como una transición controlada parcialmente por sectores del antiguo régimen; no hubo una depuración profunda de las instituciones militares; y la Ley de Amnistía de 1979 dificultó el juzgamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos.
En Argentina, Chile, Uruguay y Brasil no tuvieron un único documento denominado «Plan Nacional de Transición Democrática», como podría elaborarse actualmente para Nicaragua, sino que sus transiciones fueron procesos constituidos por diferentes instrumentos. También indican que hay que evitar tres errores: Entregar a los antiguos grupos de poder capacidad de veto permanente sobre el nuevo sistema democrático; Sacrificar la justicia y los derechos humanos en nombre de una reconciliación sin condiciones; y Concentrar nuevamente el poder en el Ejecutivo, aunque sea bajo un gobierno surgido de elecciones.
Contenido de la transición hacia la democracia en Nicaragua
La transición debe producir un sistema en el que ningún presidente, partido, institución militar o grupo económico pueda colocarse por encima de la Constitución.
Por otro lado, las transiciones en estos cuatro países enseñan que hay ocho componentes imprescindibles para elaborar un plan de transición democrática: Acuerdo político: Consenso sobre las reglas de transición y los objetivos democráticos. Elecciones libres: Autoridad electoral independiente y garantías para todos los partidos. Estado de derecho: Independencia del Poder Judicial y restablecimiento de la legalidad. Derechos humanos: Investigación de desapariciones, torturas y ejecuciones.
Así como: Libertad de expresión: Restitución de medios, periodistas y organizaciones independientes. Reforma institucional: Transformación de las instituciones utilizadas para la represión. Control civil: Fuerzas armadas y policiales subordinadas a autoridades civiles. Y Constitución: Garantías de separación de poderes, alternancia y límites al ejercicio del poder.
A juzgar por las experiencias latinoamericanas en transiciones, la de la dictadura de Nicaragua a la democracia debe contener: Acuerdo nacional de transición, Restablecimiento de las libertades públicas, Gobierno provisional o de transición, Reformas electoral, del sistema judicial y de la policía y las fuerzas armadas, comisión de verdad y justicia, cambio constitucional, recuperación de las instituciones educativas y culturales, así como económica y social.
El acuerdo nacional debería establecer: Compromiso de todas las fuerzas políticas con una salida institucional. Calendario de transición. Garantías de participación política. Reconocimiento del pluralismo. Compromiso de no recurrir a la violencia política. Y, mecanismos de resolución de controversias. El acuerdo debería contar con participación de organizaciones sociales, sindicatos, universidades, iglesias y sectores empresariales, además de los partidos políticos.
El gobierno provisional no debe perpetuarse en el poder
El restablecimiento de las libertades públicas requiere: Libertad de expresión. Libertad de prensa. Libertad de asociación. Libertad de reunión. Restablecimiento de organizaciones políticas. Fin de la persecución por motivos políticos. Y, Garantías para periodistas y defensores de derechos humanos.
Para formar un Gobierno provisional o de transición, es indispensable definir: ¿Cómo se integra? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cuánto tiempo permanecerá en funciones? ¿Qué facultades no podrá ejercer? ¿Qué instituciones estarán bajo su supervisión?, y ¿Cómo rendirá cuentas? Una regla fundamental sería impedir que el gobierno provisional utilice sus facultades para perpetuarse en el poder.
Para la reforma electoral se necesita tomar las siguientes medidas: Reorganización de la autoridad electoral. Revisión del registro de votantes. Garantías para la inscripción de partidos. Acceso equitativo a los medios de comunicación. Observación electoral nacional e internacional. Transparencia del escrutinio. Publicación desglosada de resultados. Y, Recursos judiciales independientes.
La reforma del sistema judicial demanda: Independencia de los jueces. Revisión de nombramientos realizados mediante procedimientos irregulares. Autonomía del Ministerio Público. Fortalecimiento de la defensa pública. Garantías de debido proceso. Y, Protección de magistrados frente a presiones políticas.
Comisión de verdad y justicia que investigue sin restricciones
En las transiciones latinoamericanas ha sido complicada la reforma a la Policía y las Fuerzas Armadas, para lo cual es necesario: Subordinación efectiva al poder civil. Prohibición de utilización partidaria de las instituciones armadas. Revisión de las estructuras de inteligencia. Formación en derechos humanos. Mecanismos independientes de supervisión. Y, control parlamentario del presupuesto y las actuaciones institucionales.
Una comisión de verdad y justicia debería investigar: Desapariciones forzadas. Muertes y ejecuciones. Torturas. Detenciones arbitrarias. Confiscaciones por persecución política. Persecución de periodistas. Violaciones de derechos humanos. Y, Responsabilidades institucionales. La comisión debería disponer de independencia, recursos, protección de testigos y acceso a archivos oficiales. Sus conclusiones deberían remitirse a las autoridades judiciales cuando correspondiera. Verdad, Justicia, Reparación a las víctimas y Garantías de no repetición, son ineludibles.
La reforma constitucional debería incluir: Separación efectiva de poderes. Límites al ejercicio presidencial. Independencia judicial. Autonomía electoral. Protección de derechos fundamentales. Libertad de prensa. Descentralización administrativa. Alternancia en el poder. Y, control constitucional.
Para la recuperación de las instituciones educativas y culturales, se requiere: Autonomía universitaria. Libertad académica. Restitución de instituciones educativas intervenidas. Protección del patrimonio cultural. Recuperación de la investigación científica. Y, Formación ciudadana en democracia y derechos humanos.
La unidad de las fuerzas democráticas facilita la construcción de acuerdos
La transición política debe acompañarse de medidas económicas, por lo que es indispensable la Recuperación económica y social, lo cual necesita: Seguridad jurídica. Protección de la propiedad. Recuperación de la confianza empresarial. Revisión de confiscaciones y expropiaciones ilegales. Transparencia presupuestaria. Protección de sectores vulnerables. Cooperación internacional. Y, Recuperación del empleo. La reconstrucción económica no debe quedar subordinada a los intereses de los grupos políticos que participen en la transición.
Como hemos visto, no existe un modelo único de transición democrática. Las circunstancias de cada país determinan los mecanismos políticos que pueden utilizarse. También, que la unidad de las fuerzas democráticas facilita la construcción de acuerdos y reduce las posibilidades de fragmentación durante el proceso.
Es evidente que las elecciones son indispensables, pero no suficientes. Sin independencia judicial, libertad de expresión y garantías constitucionales, la democracia puede quedar reducida a un procedimiento electoral.
Es fundamental la reforma de las instituciones de seguridad. Las fuerzas armadas y policiales deben responder a las autoridades constitucionales, no a un partido o dirigente. Y en cuanto a la justicia transicional, requiere verdad, investigación y reparación. Los acuerdos políticos no deben convertirse en mecanismos de impunidad.
Las reformas constitucionales deben impedir la concentración del poder y garantizar la alternancia; y la participación ciudadana debe mantenerse durante todo el proceso, no limitarse al momento de las elecciones. Y, la recuperación democrática debe incluir la reconstrucción económica, educativa y cultural.
A modo de conclusión, vale la pena reiterar tres ideas fundamentales: La transición debe conducir a una democracia institucional, no simplemente a un cambio de gobernantes. La reconciliación nacional no puede utilizarse para garantizar impunidad. Y, Las instituciones deben quedar protegidas contra cualquier intento futuro de concentración del poder.
El autor es exiliado político
