El anuncio de Daniel Ortega de eliminar las elecciones confirmó el abandono definitivo de cualquier apariencia democrática en Nicaragua. Para Michael Shifter, expresidente e investigador principal de Diálogo Interamericano, el caso nicaragüense es la prueba de que los gobiernos autoritarios que violan sistemáticamente los derechos humanos prácticamente ya no pagan ningún precio por sus actos.
Ortega y su esposa Rosario Murillo, de 80 y 75 años respectivamente, dirigen el país centroamericano desde hace casi dos décadas. Lo hacen sin ningún contrapeso. En 2025, eliminaron la independencia de poderes de la Constitución, nombraron a Murillo «copresidenta» y fortalecieron un aparato represivo que ha sido denunciado por cometer delitos de lesa humanidad desde 2018. Esos señalamientos han sido documentados por la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Expertos en derechos humanos, conocido como GRHEN y formado por Naciones Unidas en 2022.
En esta entrevista con LA PRENSA, el académico estadounidense examina las implicaciones del giro totalitario de los Ortega Murillo. Cuestiona también la limitada capacidad de la comunidad internacional para responder a la escalada represiva y advierte que la impunidad del régimen nicaragüense puede incentivar nuevas tendencias autoritarias en la región.
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Además de su trabajo en Diálogo Interamericano, Shifter ha enseñado como profesor adjunto sobre políticas de América Latina en la Escuela de Asuntos Exteriores de la Universidad de Georgetown. La conversación con el académico ocurre días antes de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), convocada para el 5 de agosto, en la que los Estados miembros analizarán la situación de Nicaragua y discutirán un proyecto de resolución para convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.
Cabe señalar que Diálogo Interamericano es un centro de análisis y organización hemisférica con sede en Washington que promueve la democracia, la cooperación regional, la prosperidad compartida y el desarrollo sostenible en las Américas. Esta institución ha dado seguimiento desde hace años a la situación económica de Nicaragua y su deterioro democrático.
¿A usted le sorprendió que Daniel Ortega anunciara el fin de las elecciones en Nicaragua?
No había indicios de que los observadores esperaran que Ortega anunciara el fin de las elecciones en Nicaragua. Casi todos los que habían estado siguiendo la situación entendían que las elecciones llevaban tiempo siendo una auténtica farsa. ¿Qué sentido tenía anunciar lo que era obvio? Con su lenguaje directo y desafiante, Ortega abandonó cualquier pretensión de que Nicaragua fuera otra cosa que una dictadura familiar.
Hubo una condena internacional: Diez países lo hicieron de manera bilateral, también se pronunció el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Unión Europea, ¿por qué cree que hubo esta reacción cuando Ortega siempre ha despreciado la democracia?
¿Cuál era la alternativa a una condena internacional de este tipo? Aunque todas las organizaciones regionales e internacionales han comprendido que Ortega y (Rosario) Murillo no tienen ningún interés ni preocupación por las formas democráticas, no podían permanecer en silencio ni mostrarse pasivas ante un anuncio tan descarado. Si aún creen en los principios de sus propias cartas constitutivas, la OEA o la ONU no tenían más remedio que reaccionar con firmeza, al menos retóricamente, ante el anuncio de Ortega.
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Ortega, de 80 años, propuso reformar la Constitución para establecer períodos presidenciales renovables de siete años, eso significa que estaría en el poder hasta su muerte, ¿que una dictadura se eternice en el poder no debería ser motivo de vergüenza para la comunidad internacional?
El trágico descenso de Nicaragua hacia un Estado policial —la magnitud y la gravedad de la brutalidad parecen pertenecer a otra época y eran difíciles de imaginar hace menos de una década— ha justificado una respuesta regional e internacional seria y eficaz.
Lamentablemente, ha faltado la voluntad de adoptar medidas más contundentes. Ningún caso muestra con mayor claridad los límites de lo que la «comunidad internacional» está dispuesta a hacer ante una dictadura despiadada. El historial ha sido vergonzoso.
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¿Cómo valora la reacción de Estados Unidos? ¿Qué más se puede hacer, tomando en cuenta la radicalización de Ortega y Murillo?
Como era de esperar, la postura cada vez más radical de Ortega y Murillo provocó una enérgica condena por parte de la Administración Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, que desde hace tiempo mantiene una línea dura con respecto a Nicaragua (y Cuba), afirmó que el régimen nicaragüense había abandonado «incluso la apariencia de consentimiento popular». Sin embargo, a pesar del tono mordaz y la retórica contundente de Rubio, en la práctica la respuesta hasta ahora no difiere mucho de las respuestas anteriores ante el recrudecimiento de la represión. No está claro si Washington anunciará medidas económicas adicionales. No hay indicios de que Nicaragua se considere un desafío estratégico como Cuba o Venezuela.
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¿Cómo impacta en la región el ejemplo de Ortega, cuando parece que hay una proliferación de autoritarismos?
El ejemplo de Ortega y Murillo aporta una prueba de que cada vez más, los gobiernos autoritarios despiadados que violan sistemáticamente los derechos humanos no pagan prácticamente ningún precio por sus actos.
Otros líderes y gobiernos regionales con tendencias autoritarias podrían sentirse animados a adoptar políticas más represivas. Sin duda, cada país tiene su propia dinámica, y lo que ocurra en Nicaragua tendrá un impacto limitado en otros lugares. Pero una historia tan trágica de represión e impunidad contribuye inevitablemente a configurar el contexto político más amplio.
