En medio del fuerte silencio que la dictadura de Daniel Ortega mantiene sobre la situación de la maquila Rocedes, funcionarios de la Dirección General de Asuntos Aduaneros (DGA) finalizaron la semana pasada el proceso de inventario de los bienes de la compañía, los que estarían siendo preparados para ser traspasados a otro dueño, según dijeron a LA PRENSA fuentes conocedoras del tema.
Mientras tanto, los 1,800 trabajadores que tiene la empresa siguen esperando el pago de su salario equivalente a cuatro semanas, lo que refleja el nivel de desesperación de estos, que tampoco han recibido ninguna comunicación por parte del Gobierno o las autoridades de Rocedes.
Tras la toma de la empresa el pasado 16 de octubre, según la fuente, el Gobierno ordenó levantar un «inventario en todos los módulos de Rocedes», para proceder esta semana o en el corto plazo a tomar una decisión sobre el futuro de la maquila, que está vinculada al general en retiro Joaquín Cuadra Lacayo, exjefe del Ejército y figura relevante de la cúpula militar del régimen de Daniel Ortega hasta el 2018, cuando decidió apoyar públicamente las protestas sociales.
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Según la fuente, el Gobierno está presionando para que Rocedes honre la millonaria deuda que mantiene con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y las facturas eléctricas con Disnorte y Dissur, que se estima ronda los cinco millones de dólares, incluidas las liquidaciones de unos 400 extrabajadores.
Esperan una pronta decisión
La DGA «terminó su auditoría e inventario de Rocedes y me imagino que el Gobierno va a decidir qué ocurre o el destino de Rocedes se cierra o opera con otro dueño» esta semana, dijo la fuente.
La empresa tiene una capacidad de producción de 400 mil piezas mensuales y empleaba hasta ahora a 2,535 personas. La maquila se encuentra en el parque industrial Las Mercedes en el kilómetro 12.5 Carretera Norte.
La intervención de la maquila habría afectado a terceras empresas que contrataban el servicio de la maquila. «El problema es que hay otras empresas que le daban trabajo a Rocedes y las prendas quedarán en poder del interventor y se crearía un conflicto con las marcas en vista de que la Comisión de Zona Franca no dejó sacar las prendas que no son de Rocedes», explicaron trabajadores de la empresa. Hay más de 6,500 piezas retenidas, las que son propiedades de Sagsa y USLC Apparel.
No está claro si la dictadura va a devolver a las terceras empresas las prendas que retuvo y que no pertenecen a Rocedes. Hasta ahora la dictadura no se ha pronunciado sobre las tomas de las instalaciones de dicha empresa ni a cuánto asciende la deuda que esta tiene con el INSS, la empresa proveedora de electricidad y los trabajadores que tienen demandas laborales contra la misma.
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Esperanzados
Pese a la desesperación de los trabajadores de no recibir sus salarios por más de cuatro semanas, la fuente dijo que estos no pierden la esperanza de que sean llamados para hacer efectivo el mismo, además de que se les entregue sus aguinaldos en las próximas semanas.
«Se dice que la próxima (esta) semana se va a solucionar el problema de Rocedes, pero si Rocedes no cumple se mirarán otras alternativas, como por ejemplo que otro empresario asuma la empresa», dijo a este Diario una de las fuentes.
«Esos salarios caídos de cuatro semanas se les tiene que pagar y el treceavo mes se les tiene que pagar sea cualquiera sea la razón y con los extrabajadores igual se les tiene que pagar», enfatiza la fuente consultada por LA PRENSA.
La empresa llevaba meses bajo presión y demandas judiciales. En diciembre del año pasado, los trabajadores de Rocedes denunciaron retrasos en el pago de sus aguinaldos y varios de ellos habían procedido a meter demandas laborales, donde aparecía como apoderado general de administración, Carlos Joaquín Cuadra González, hijo mayor del exjefe del Ejército.
Las instalaciones de la empresa fueron tomadas sopresivamente por la Procuraduría General de la República y luego puestas bajo el control de la Comisión Nacional de Zona Franca, que instaló contrató su propia empresa proveedora de seguridad, para evitar que los propietarios ingresaran a la misma.
