Tras conocerse la intervención por parte de la Procuraduría General de Justicia, la empresa Rocedes emitió anoche un comunicado en el que aseguró que está en negocaciones para solventar sus deudas y aseguró que va a pagar salarios y cumplir con sus proveedores.
Fuentes ligadas a la empresa aseguraron que la empresa está intervenida por la PGJ por deudas con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y facturas eléctricas con Disnorte-Dissur, lo que ocasionó que 1,800 trabajadores fueran enviados a sus casas sin el pago de sus salarios este viernes, cuando correspondía el desembolso de la planilla.
«Ayer (el jueves) y mandaron a los 1,800 trabajadores a sus casa y les dijeron que regresen el día martes 20 de octubre no fue la empresa fue los interventores de la PGJ», explicó la fuente a LA PRENSA.
LA PRENSA llamó al teléfono de Joaquín Cuadra para conocer su versión sobre la intervención, pero este no respondió a la llamada. La empresa emitió el comunicado en el que dijo que la información era un interpretación sin explicar qué negociaciones está sosteniendo y con quiénes está tratando de solventar deudas, que según la fuente es con el INSS, que recientemente estuvo involucrada en una toma de nueve viviendas situadas en Tolas y que son propiedades de jubilados de Estados Unidos. Estas fueron devueltas tras revelarse la confiscación, hecho que fue divulgado por Confidencial.
El problema es que hay otras empresas que le daban trabajo a Rocedes y las prendas quedarán en poder del interventor y se crearía un conflicto con las marcas en vista de que la Comisión de Zona Franca no dejó sacar las prendas que no son de Rocedes», explicaron trabajadores de la empresa a LA PRENSA.
Rocedes, que lleva años envuelta en escándalos por su negativa de pagar liquidaciones y salarios a los trabajadores, está vinculada al general en retiro Joaquín Cuadra Lacayo, exjefe del Ejército de Nicaragua y figura relevante de la cúpula militar del régimen sandinista hasta que apoyó públicamente las protestas sociales de 2018.
