Después de conocerse que el régimen de Daniel Ortega ordenó la devolución de al menos nueve casas de playa a jubilados de Estados Unidos, a los que se las había confiscado, en zona franca se ha generado incertidumbre luego que la dictadura dio un zarpazo a la maquila Rocedes, cuyas instalaciones fueron tomadas esta semana, según confirmaron fuentes a LA PRENSA.
Según una de las fuentes consultadas por este Diario, la maquila fue intervenida a través de la Procuraduría General de Justicia que tomó control de las instalaciones de la misma, ubicada en el parque industrial Las Mercedes, en el kilómetro 12.5 Carretera Norte.
Tras la toma de las instalaciones por supuestas deudas millonarias de Rocedes con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y facturas eléctricas con Disnorte y Dissur, los 1,800 trabajadores fueron enviados de vacaciones sin ninguna claridad de si recibirán sus liquidaciones correspondientes.
«El problema es que hay otras empresas que le daban trabajo a Rocedes y las prendas quedarán en poder del interventor y se crearía un conflicto con las marcas en vista de que la Comisión de Zona Franca no dejó sacar las prendas que no son de Rocedes», explicaron trabajadores de la empresa.
Rocedes, que lleva años envuelta en escándalos por su negativa de pagar liquidaciones y salarios a los trabajadores, está vinculada al general en retiro Joaquín Cuadra Lacayo, exjefe del Ejército de Nicaragua y figura relevante de la cúpula militar del régimen sandinista hasta que apoyó públicamente las protestas sociales de 2018.
LA PRENSA llamó al teléfono de Joaquín Cuadra para conocer su versión sobre la intervención, pero este no respondió a la llamada.
Según fuentes vinculadas a la empresa, la intervención de la Procuraduría General de las instalaciones de Rocedes no solo dejó en el aire el pago salarial este fin de semana de 1,800 trabajadores sino también las liquidaciones de 400 extrabajadores que estaban esperando sus indemnizaciones.
Además de Cuadra y su familia, Rocedes tendría capital estadounidense. De hecho, las agencias de empleos definían a Rocedes como una «empresa estadounidense de propiedad y gestión con los gerentes de habla inglesa en todos los aspectos del proceso de fabricación, tales como: servicio al cliente, calidad de corte, la producción, el cumplimiento y la importación / exportación. Rocedes es un miembro activo de organizaciones de reconocido prestigio como American Apparel Producers Network y la Asociación de prendas de vestir de Nicaragua».
La empresa llevaba meses bajo presión y demandas judiciales. En diciembre del año pasado, los trabajadores de Rocedes denunciaron retrasos en el pago de sus aguinaldos y varios de ellos habían procedido a meter demandas laborales, donde aparecía como apoderado general de administración, Carlos Joaquín Cuadra González, hijo mayor del exjefe del Ejército.
Hasta ahora la dictadura no se ha pronunciado sobre las tomas de las instalaciones de dicha empresa ni a cuánto asciende la deuda que esta tiene con el INSS, la empresa proveedora de electricidad y los trabajadores que tienen demandas laborales contra la misma.
En mayo del año pasado, autoridades del Ministerio del Trabajo habían llegado a las instalaciones de Rocedes para conocer «la restitución de los Derechos Laborales, garantizar la armonía, la paz laboral, compartir con ellos los avances en materia de Higiene, Seguridad laboral y de prevención de accidentes laborales de nuestros trabajadores».
Rocedes hasta ese momento tenía capacidad de producción de 400 mil piezas mensuales y empleaba a 2,535 personas de forma permanente, de estas 1,304 mujeres y 1,231 hombres.
