Los más de 1,800 trabajadores de Rocedes, que fueron enviados de vacaciones forzadas de manera abrupta, siguen esperando que los dueños de la maquila les paguen su salario, el cual lleva un retraso de 15 días y hasta ahora ni el Gobierno ni los propietarios de la empresa han dado una explicación sobre qué pasará con el pago de la planilla y los puestos de trabajo.
En el interior la empresa permanece casi en abandono. Las autoridades de la Comisión Nacional de Zona Franca (CNZF) mantienen el control de las instalaciones de la empresa, la que según fuentes, tiene deudas con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), así como facturas de electricidad pendientes con Disnorte-Dissur.
«No hay nadie dentro de la empresa, a ningún funcionario de la gerencia han dejado entrar a la empresa desde que suspendieron operaciones, lo único es que hay y puso la czf (Comisión de Zona Franca) es una nueva empresa de seguridad C y B», dice una fuente que conoce a fondo la situación de la empresa.
La fuente dijo: «Estamos a la espera de una decisión que se tomará con Rocedes, esa incertidumbre siempre recae sobre los y las trabajadoras sin salarios. Aquí se vive al diario y 15 días sin devengar salarios los trabajadoras están desesperados y sin salarios no hay comida».
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Indicó que el Ministerio del Trabajo (Mitrab) no ha intervenido para proteger a los trabajadores y sus demandas salariales en medio del conflico, porque además la empresa se encuentra cerrada.
El pasado 16 de octubre LA PRENSA conoció que Rocedes fue intervenida por autoridades de la Procuraduría General de Justicia por razones aún no han sido aclaradas ni por el Gobierno ni por los dueños de la maquila, que sacaron un escueto comunicado donde aseguraron que estaban en negociaciones para solventar deudas, sin brindar mayores detalles.
«Nuestro objetivo es cumplir con nuestros compromisos y reanudar operaciones a la brevedad posible, para continuar atendiendo a nuestros clientes y continuar contribuyendo a la generación de empleo en Nicaragua», dijo la empresa en un comunicado.
La intervención de la maquila habría afectado a terceras empresas que contrataban el servicio de la maquila. «El problema es que hay otras empresas que le daban trabajo a Rocedes y las prendas quedarán en poder del interventor y se crearía un conflicto con las marcas en vista de que la Comisión de Zona Franca no dejó sacar las prendas que no son de Rocedes», explicaron trabajadores de la empresa. Hay más de 6,500 piezas retenidas, las que son propiedades de Sagsa y USLC Apparel.
Rocedes, que lleva años envuelta en escándalos por su negativa de pagar salarios y liquidaciones a sus trabajadores, está vinculada al general en retiro Joaquín Cuadra Lacayo, exjefe del Ejército y figura relevante de la cúpula militar del régimen de Daniel Ortega hasta el 2018, cuando decidió apoyar públicamente las protestas sociales.
Además de estar pendiente el salario de los 1,800 trabajadores también hay otros 400 que están esperando que se les entreguen sus liquidaciones, lo que refleja el estrago que está ocasionando la toma abrupta de la empresa y el silencio por parte de la dictadura.
Y aunque en escuetos comunicados Rocedes ha negado la intervención de la empresa, el pasado viernes circularon videos donde se mostraba a agentes policiales dentro de la maquila. En uno de ellos se mira a un oficial vestido con chaleco antibalas, detrás del portón enmallado, diciéndole a los trabajadores que se fueran, porque los dueños de la empresa ya no estaban en el país.
«Las orientaciones que tenemos es que esa empresa, los dueños ya se fueron. Lo que les vamos a decir nosotros es que se retiren de manera pacífica», afirmó el oficial con dos policías a sus espaldas. La maquila se encuentra en el parque industrial Las Mercedes en el kilómetro 12.5 Carretera Norte.
Datos publicados por LA PRENSA indican que la empresa tiene una capacidad de producción de 400 mil piezas mensuales y empleaba hasta ahora a 2,535 personas.
¿Se toman otra empresa de Cuadra?
En medio de la intervención de Rocedes, este martes Confidencial informó que el régimen de Daniel Ortega también se tomó las instalaciones de la Corporación Eléctrica Nicaragüense, S.A. (Censa), ubicada en el kilómetro 68 de la carretera a El Velero, en Puerto Sandino, León.
Al igual que con Rocedes, las fuentes dijeron a dicho medio que el régimen estaría aduciendo para la intervención incumplimiento en el suministro de electricidad, así como de una supuesta mora con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y la Dirección General de Ingresos (DGI).
Tras conocerse la toma de la generadora, una fuente dijo: «Creo que esa manera de presionar a Rocedes, con esa generadora se va destrabar el caso de Rocedes y se aseguraría el pago para los trabajadores. Mientras no paguen no hay empresa». La fuente muy conocedora de la situación dijo que la deuda de Rocedes con el Estado más los pasivos laborales anda en alrededor de cinco millones de dólares.
