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Más de 40 días después que la Organización de Estados Americanos (OEA) exigió el fin de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, el Consejo Permanente de este organismo regional valorará nuevamente la situación del país. Este miércoles 5 de agosto los embajadores decidirán si convocan a una reunión de cancilleres después que Daniel Ortega, de 80 años, anunció el fin de las elecciones y la dictadura puso en marcha una reforma constitucional para perpetuarlo en el poder, junto a su esposa Rosario Murillo.
Al expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, la declaración de Ortega le pareció abominable y sus reformas legislativas para llevarlas a cabo una fórmula de las que estilan las dictaduras para garantizar quedarse en el poder. Por eso, sintió indignación y repudio. «Eso fue llover sobre mojado», expresó a LA PRENSA reflejando el cansancio que provoca una crisis que desafía a la comunidad internacional desde hace años.
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Durante casi dos décadas, el régimen de Ortega y Murillo ha forjado una dinastía familiar, abolido la independencia de poderes, concentrado el poder en los dos dictadores, mientras fortalece el aparato represivo al que han incorporado los paramilitares al Estado bajo la figura de «policía voluntaria». Para Solís, la comunidad internacional no debería dejar pasar inadvertido este planteamiento del tirano y mucho menos hacer caso omiso, por lo que significa para el conjunto de sociedades latinoamericanas.
Solís es un académico que fue presidente en su país entre 2014 y 2018. Isabel de Saint Malo ejerció casi en esos mismos años como vicepresidenta y canciller de Panamá. Al oír a Ortega, ella sintió tristeza por Nicaragua y los nicaragüenses que han luchado por recuperar la democracia en su país. También dice que mucho pesar por la región y temor de que «no sepamos cuidar nuestras democracias».
«El gobierno Ortega Murillo es hace mucho una dictadura autoritaria. El anuncio reciente de eliminar la celebración de elecciones solo formaliza una realidad que existe hace mucho. En la reunión del Consejo, los países democráticos del hemisferio tienen la oportunidad de ser contundentes en su rechazo y sanción al régimen«, lamentó Isabel de Saint Malo.
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La reunión del Consejo Permanente de la OEA está programada para las 2:30 de la tarde en el Salón Libertador Simón Bolívar, en Washington, para conocer el proyecto de resolución en que se valorará si convocan a una reunión de cancilleres. El representante permanente adjunto de EE. UU., Andrew Stevenson, envió el 29 de julio la solicitud. Hasta ahora, este requerimiento cuenta con el copatrocinio de los gobiernos de Argentina, Panamá, Paraguay y Uruguay.
Belt explica lo que pasa a lo interno de la OEA
Horas antes del encuentro de este miércoles, hubo una reunión entre la oposición de Nicaragua con 15 embajadores de la OEA, en la que demandaron firmeza contra la dictadura. Adicionalmente, diez países firmaron un comunicado conjunto condenando que se limite la competencia electoral en Nicaragua. Los suscriptores del pronunciamiento son: Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay.
«Nunca he visto ese tipo de acción, porque la sesión del Consejo Permanente tiene por objeto considerar una propuesta muy concreta del gobierno de Estados Unidos que es convocar a una reunión de consulta de cancilleres, y esa propuesta va acompañada de un proyecto de resolución. Es la convocatoria en sí. Si se aprueba —tiene 18 o más votos— la reunión queda convocada. Pero el texto no es una simple convocatoria expone los motivos (…) No pretendemos acciones militares, pero sí condenar lo que acaba de anunciar la dictadura de Nicaragua», explicó el exasesor de la OEA, Guillermo Belt.
Belt calificó como extraño el pronunciamiento colectivo, porque no puede considerarse un proyecto de enmienda al de Estados Unidos y tampoco se puede discutir en la sesión de hoy, porque no figura en el orden del día. De acuerdo con el reglamento, sí se puede considerar el proyecto de resolución de Estados Unidos e incluirle modificaciones.
El exasesor de la OEA recordó que uno de los argumentos de Estados Unidos para considerar a la dictadura de Ortega como una amenaza para otros países radica en que este tipo de acción antidemocrática (eliminar las elecciones) puede producir mayores flujos migratorios. Pero parece que hay un grupo de países que considera que este tema debe seguir siendo manejado por el grupo de trabajo creado hace ya tiempo en el organismo.
«El documento tiene un valor político al afirmar que diez Estados miembros del Consejo Permanente tienen esa posición sobre Nicaragua, que es coincidente con el proyecto de Estados Unidos en algunos aspectos. Consideran que es antidemocrático lo que está haciendo Nicaragua, pero no llega a lo que plantea EE. UU. que es una situación tan urgente que requiere una reunión de los ministros (cancilleres) para examinar lo que se puede hacer. Creo que, entre líneas, está bien claro que lo que están indicando es que ellos no consideran necesaria una reunión de consulta, sino más bien se está refiriendo a la resolución de la Asamblea General en Panamá. Eso es básicamente continuar con el procedimiento que han tenido hasta ahora de vigilar y estar atentos a situación, mediante un grupo de trabajo«, afirmó Belt.
Esto dice oficialmente la convocatoria
Según la información oficial sobre la reunión, los embajadores de la OEA escucharán este miércoles una presentación de Rosa María Payá, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde 2018, esta institución ha sido clave en la investigación de los abusos de derechos humanos cometidos por el régimen de Ortega. De hecho, la CIDH pidió que se usara la Carta Interamericana para restablecer la institucionalidad en Nicaragua.
En la misiva de solicitud, el representante estadounidense Stevenson sostuvo que las decisiones de Ortega buscan impedir que cualquier persona que se presuma opositora acceda al poder por la vía electoral. El proyecto de resolución decidirá sobre convocar a una reunión de cancilleres para abordar el tema de Nicaragua.
«Al declarar abiertamente la eliminación permanente del cambio electoral pacífico, la dictadura de Murillo-Ortega ha agravado drásticamente la ya urgente situación en Nicaragua, lo que ha provocado la inmigración masiva ilegal y el exilio forzoso de cientos de miles de nicaragüenses en todo el Hemisferio. Esta intensificación supone una amenaza para el interés común de los Estados de las Américas, con graves consecuencias para el orden democrático, los derechos humanos, los desplazamientos forzados, la represión transnacional, y la paz y estabilidad regionales«, afirmó Stevenson.
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El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró días después del anuncio de Ortega que «no se quedarán con los brazos cruzados» ante estos hechos que socavan los principios del hemisferio. Existe un consenso entre las posiciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el mismo secretario general de la OEA, la Unión Europea y el Reino Unido sobre la preocupación que genera la declaración de Ortega. Los estadounidenses plantean que la exclusión permanente de la oposición es incompatible con la democracia representativa y contraviene la carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
La gran pregunta, mientras parece darse este debate a lo interno de la OEA, es si una dictadura que rompió el orden democrático y es acusada de cometer delitos de lesa humanidad seguirá impune desafiando al sistema interamericano.
