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Mientras la comunidad internacional mantiene la presión hacia el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la decisión de abolir las elecciones en Nicaragua, los codictadores se mantienen desafiantes. En los primeros días de septiembre se tiene previsto que la Asamblea Nacional apruebe las reformas electorales para consolidar su perpetuidad en el poder.
Desde que Ortega aseguró la noche del 19 de julio que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, la comunidad internacional reaccionó condenando la decisión. Fue entonces que el discurso oficialista pasó al “sí habrá elecciones”, pero sin “traidores a la patria”, como lo ha expuesto en entrevistas el presidente orteguista de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y como lo recalcó el dictador el viernes pasado.
“Estamos trabajando en reformas constitucionales, está trabajando la Asamblea Nacional para que en Nicaragua se puedan realizar elecciones con soberanía, y no como cuando en la época de las invasiones norteamericanas”, dijo Ortega el viernes durante el acto en conmemoración del 47 aniversario de la Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea del Ejército. Esa misma noche aseguró que estas maniobras no les darán espacio a los “terroristas” y “golpistas”, como llama a los opositores desterrados y exiliados.
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Las reformas que modificarán algunos artículos de la Constitución y otras leyes se encuentran en proceso de “consultas”. Para ello, el régimen ha hecho comparecer ante la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional al cuerpo diplomático acreditado en el país, los altos mandos del Ejército, la Policía, el Ministerio del Interior, así como el sector bancario y financiero y otros que faltan. Hasta ahora no han hecho público el documento, pero tanto Gustavo Porras como Daniel Ortega y Rosario Murillo han expuesto de qué se trata.
No hay cabida para opositores
Uno de los puntos de la propuesta es la eliminación de la competencia política a la dictadura. Con la modificación del artículo 47 de la reforma ponen una lápida a la posibilidad de que los opositores, ahora en el exterior, puedan participar en elecciones.
Con la reforma constitucional de 2025, el régimen estableció en el artículo 47 que los ciudadanos pueden elegir, ser electos y optar a cargos públicos, “salvo las limitaciones contempladas” en la misma Carta Magna. La nueva propuesta establece que los nicaragüenses no podrán optar a estos cargos si violentan la Constitución, han sido considerados “golpistas, traidores a la patria” o hayan atentado contra la independencia, la soberanía y la autodeterminación.
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“La reforma lleva cambios constitucionales que garanticen que todos aquellos que han sido golpistas… no pueden participar en los procesos electorales”, declaró Porras en una entrevista con Telesur el sábado 1 de agosto.
Elecciones cada siete años
Tal como lo ha dicho el trío (Ortega, Porras y Murillo) en sus distintas comparecencias, “sí habrá elecciones”, pero serán cada siete años. “Le estamos dando toda la potestad al Consejo Supremo Electoral (CSE) para que aplique estos conceptos de los que hemos hablado; que convoque a elecciones cada 7 años”, aseguró el presidente de la Asamblea.
El régimen también la tiene más fácil para eliminar de su camino a partidos políticos y candidatos que le puedan hacer contrapeso. La reforma incluye un apartado en que establece que el CSE tendrá la potestad de “quitar” la personería jurídica a aquellas fuerzas políticas que reciben “financiamiento extranjero” o porque sus miembros “llamen a la intervención extranjera”, militar o pidan sanciones.
Perpetuidad en el poder
El régimen sigue empeñado en su perpetuidad en el poder. Con la nueva reforma se recetará un año más como período presidencial. Desde el año pasado Ortega y Murillo se aseguraron seis años en la Presidencia, antes eran solo cinco. Pero no les bastó, ahora buscan extenderlo a siete años y podrían ser renovables.
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“La propuesta que está trabajándose y que estamos consultando al pueblo, es que, en Nicaragua, estabilidad significa tener periodos electorales de 7 años”, sostuvo Porras.
Siete años para el séquito del régimen
Las caras de Ortega y Murillo no son las únicas que el pueblo seguirá viendo por años. Los codictadores también premian la fidelidad de todo su séquito. Los jefes del Ejército y la Policía, quienes ya respaldaron la iniciativa y juraron lealtad, obediencia, disciplina y compromiso a sus amos, también aplican a períodos de siete años y, con ellos, los diputados, alcaldes, gobiernos regionales, ministros y otros.
“Siete años para todos los cargos de elección popular, pero también para los cargos de designación presidencial o de elección por la Asamblea Nacional”, declaró el presidente del Parlamento.
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Tanto la Policía como el Ejército, el Ministerio del Interior y 54 funcionarios públicos fueron identificados y señalados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de participar en la brutal represión desencadenada desde 2018. Incluso, varios de ellos recibieron sanciones de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suiza y la Unión Europea por la misma razón. A la cabeza de ese grupo está Murillo.
Desafían a Estados Unidos
El régimen enfrenta una fuerte condena internacional no solo por la decisión de abolir las elecciones y la reforma electoral. Distintos países del mundo conocen sobre los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos que el régimen ha venido cometiendo, principalmente desde abril de 2018.
Estados Unidos ha dicho, a través del Departamento de Estado, que Washington y la comunidad internacional no se quedarán “de brazos cruzados” tras el anuncio de Daniel Ortega de que no volverá a haber elecciones en Nicaragua. Reacciones similares hay de más de una decena de países que han condenado la decisión. Lo mismo han hecho Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que incluso evalúa una reunión de cancilleres.
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Esto último se suma al aislamiento que viven desde que su “aliado” Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa en Venezuela y que el régimen cubano enfrenta fuertes presiones por parte de Estados Unidos. En América Latina ya no tienen el apoyo de Brasil y Bolivia, mucho menos el de otros gobiernos que giraron hacia la derecha. Los únicos “hermanos” que le quedan son los extracontinentales Rusia, China e Irán, que no hicieron nada para salvar a Maduro. Sin embargo, la pareja dictatorial de Nicaragua y su séquito dicen no tener miedo.
Dictadura acostumbrada a presiones
“No nos asustamos en Nicaragua, no nos asustamos de cualquier presión que vaya a tener. Ya no estaban convocando, entiendo, a la payasada esa que le llaman OEA… no se va a quitar del corazón del pueblo nicaragüense, como no se quitó los avances que tuvimos en los primeros 10 años de Revolución, entre el 79 y el 90, a pesar de la guerra impuesta por los mismos yanquis”, dijo Porras.
El presidente de la Asamblea aseguró que ya están acostumbrados a estas presiones. “Combatimos 10 años a la Contra, que era la expresión militar de los yanquis en ese período, y tenías al demonio de presidente, que era Ronald Reagan”, continuó.
Desde que Ortega retornó a la Presidencia en 2007, allanó de manera paulatina su camino a la perpetuidad en el poder. En 2009, a través de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abrió paso a la reelección presidencial. Entre 2013-2014 reformó la Constitución y las leyes orgánicas para subordinar directamente el Ejército y la Policía a la Presidencia. Luego siguió la reforma de 2025 que aumentó de cinco a seis años los períodos de elección popular, de los que también fueron beneficiados los jefes de los cuerpos armados.
Ortega lleva más de 19 años en el poder a punta de fraudes electorales y represión, según denuncias de distintos organismos civiles, políticos y organismos internacionales. Sin embargo, para no rendir cuentas por los abusos, se apoya en la manipulación del concepto de soberanía, con lo que también ha perseguido a la oposición.
