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La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó este 31 de julio al Consejo Permanente de la organización a una sesión extraordinaria para «considerar» la situación en Nicaragua, tras solicitud de Estados Unidos. La decisión ocurre luego de que el dictador Daniel Ortega anunció el 19 de julio la eliminación de las elecciones.
De acuerdo con la convocatoria, la sesión extraordinaria del Consejo Permanente se celebrará el miércoles 5 de agosto a las 2:30 de la tarde y evaluarán un proyecto de resolución “Convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Nicaragua”.
El Consejo Permanente de la OEA está conformado por un representante de cada Estado miembro, generalmente un embajador acreditado, y una mesa directiva compuesta por un presidente y un vicepresidente. Dicho Consejo tiene, incluso, la facultad de “no apoyar la convocatoria de la reunión de cancilleres y buscar cómo adoptar una resolución propia sobre la crisis en Nicaragua”, explicó a LA PRENSA un exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Nicaragua que nos pidió el anonimato.
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Antes de la solicitud estadounidense para la reunión del Consejo Permanente, el Departamento de Estado de EE. UU. aseguró que su país y la comunidad internacional «no se quedaría de brazos cruzados». El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró en una publicación en su cuenta de X que el anuncio de Ortega «demuestra su cobardía y miedo a la voluntad del pueblo».
El proyecto de resolución sobre Nicaragua
En el proyecto de resolución, en que el Consejo Permanente decidirá si habrá reunión de cancilleres, Estados Unidos solicita condenar “de manera inequívoca la declaración” de Ortega y cualquier intento de Rosario Murillo de “suprimir las elecciones, eliminar el pluralismo político, acabar con la transición pacífica del poder o impedir de forma permanente la participación pacífica en la vida política de aquellas personas que consideren que amenazan su control del poder”.
El documento oficial destaca que las acciones de la dictadura Ortega-Murillo “pretenden socavar la seguridad en toda la región, y la facilitación de la inmigración masiva ilegal” y que la “consolidación autoritaria y de dictadores que generan inestabilidad y la exportan más allá de sus fronteras, propician e impulsan la migración masiva al extranjero, atraen influencias malignas extrahemisféricas y, en última instancia, ponen en peligro la paz de las Américas”.
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Asimismo sostienen que la abolición de las elecciones en Nicaragua, la eliminación del pluralismo político y la exclusión de la oposición son “incompatibles con la democracia” y “contravienen los principios” establecidos en la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “de la que Nicaragua sigue siendo parte”.
Paulo Abrão: «Ruptura definitiva del orden democrático»
Para el exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, la declaración de Ortega es la confesión explícita de que en Nicaragua ha desaparecido cualquier «pretensión de legitimidad democrática». El experto recordó que, durante años, el régimen ha vaciado de contenido las elecciones, mediante la persecución de opositores, encarcelamiento de candidatos presidenciales, eliminación de partidos políticos, cierre de medios de comunicación y la captura absoluta de las instituciones del Estado.
«Ahora ha decidido eliminar incluso la ficción electoral. Desde la perspectiva del derecho internacional, Nicaragua deja de incumplir únicamente obligaciones en materia de derechos humanos para colocarse en abierta contradicción con los principios fundamentales de la democracia representativa consagrados en el sistema interamericano», afirmó Abrão a LA PRENSA.
Según este abogado brasileño, que presidió la comisión que visitó Nicaragua en mayo de 2018, en medio de la crisis provocada por la represión del Estado, se está consolidando un régimen dinástico y autoritario, que está negando a los ciudadanos el derecho a elegir y ser elegidos.
Para él, la reunión de la OEA es una prueba para la credibilidad del sistema interamericano, porque no puede limitarse a expresar preocupación, sino que se debe construir una respuesta colectiva, firme y jurídicamente consistente. «Es indispensable reafirmar que la eliminación de las elecciones constituye una ruptura definitiva del orden democrático. En segundo lugar, los Estados deben intensificar la coordinación diplomática para aumentar el aislamiento internacional del régimen, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos y ampliar la protección a las víctimas, a los presos políticos, a los periodistas, a la Iglesia, a la sociedad civil y a las personas exiliadas», sostuvo.
La CIDH denunció la muerte de 355 personas en el contexto de las protestas, entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2019. En ese sentido, Abrão afirmó que la comunidad internacional debe dejar claro que el pueblo nicaragüense no puede ser confundido con quienes hoy usurpan el Estado.
«La solidaridad internacional debe dirigirse a los ciudadanos que han sido privados de todos sus derechos políticos y civiles. Defender el derecho de los nicaragüenses a recuperar la democracia no constituye una injerencia indebida; es el cumplimiento de un compromiso asumido colectivamente por los Estados americanos con la democracia y los derechos humanos», agregó.
Orteguismo avanza con sus reformas
Junto a la eliminación de los comicios, los Ortega Murillo empujan reformas constitucionales que les permitirán fijar el período presidencial en siete años renovables, con lo que garantizarán perpetuarse en el poder. El dictador dirige el país desde hace 19 años, en los cuales ha instalado una dictadura totalitaria. Aspira a convertirla en una dinastía similar a la de la familia Somoza, según especialistas.
La Comisión Especial de la Asamblea Nacional lleva cuatro días en un proceso de «consultas» con distintos sectores del país e instituciones estatales, entre ellas el Ejército y la sancionada Policía. Ambas comparecieron el miércoles y jueves respectivamente. Antes de ellas fue convocado el cuerpo diplomático, y este viernes comparece el Ministerio del Interior. Por la parte privada han estado presentes representantes del sector bancario y financiero.
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Tanto el jefe del Ejército, Julio César Avilés, como el de la Policía y consuegro de los dictadores, Francisco Díaz, juraron lealtad a la pareja dictatorial de Nicaragua. La nueva reforma constitucional —en consulta— extenderá el período presidencial a siete años. Lo mismo ocurrirá con otros cargos públicos, así como de los mismos jefes de las fuerzas armadas y policiales.
Ortega logró repudio internacional
La comunidad internacional ha condenado con firmeza la intención de Ortega y Murillo, de 80 y 75 años respectivamente. Al menos diez países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Guatemala, Costa Rica y Panamá, lo hicieron de manera bilateral. Pero también expresaron su preocupación el secretario general de la OEA y el alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas.
También la Unión Europea, Reino Unido, y varios movimientos políticos de izquierda. A los gobiernos, la dictadura les respondió, a través de comunicados, alegando que sus decisiones son soberanas. Pero a las organizaciones de izquierda las ignoró.
En junio, la OEA celebró la reunión 56 de la Asamblea General. El organismo regional exigió poner fin a la violaciones de derechos humanos. El vicesecretario de Estado, Cristopher Landau, exigió «cero tolerancia» para los regímenes totalitarios en el hemisferio.
