En febrero de 2023, 222 nicaragüenses abordaron un avión en Managua con rumbo a Estados Unidos, inmersos en la incertidumbre sobre lo que les depararía el futuro. Eran presos políticos cuyo único delito fue oponerse al régimen autoritario de Daniel Ortega, una postura por la que pagaron con su libertad.
No se trataba de viajeros comunes. Entre ellos se encontraban precandidatos presidenciales, periodistas, líderes religiosos y del sector privado, estudiantes y defensores de derechos humanos encarcelados por desafiar el poder de Ortega. Tras despegar la aeronave, el régimen los tildó de «traidores a la patria», los despojó arbitrariamente de su nacionalidad, les confiscó sus bienes y los condenó al destierro.
El Gobierno de Estados Unidos coordinó el vuelo de rescate humanitario que los trasladó al Aeropuerto Internacional Dulles, en las afueras de Washington. Fue una operación diplomática y humanitaria extraordinaria que ofreció a algunos de los defensores de la democracia más valientes de Nicaragua la oportunidad de reconstruir sus vidas en libertad.
A varios de ellos los conocí hace más de tres décadas, cuando trabajaba en la Embajada de EE. UU. en Managua y residía junto a mi familia en Masaya, la ciudad natal de quien era mi esposo en ese entonces. A otros los he ido conociendo tras su llegada al país. Varios de estos exiliados han participado activamente en los debates del grupo de trabajo sobre América Latina y el Caribe que codirijo en Washington, donde han compartido sus desgarradores testimonios de encarcelamiento, persecución y despojo de su patria.
Sus relatos y el diálogo continuo que mantengo con ellos conectan de forma dolorosa la Nicaragua que conocí hace más de treinta años con el Estado represivo en el que se ha convertido hoy.
Actualmente, algunos miembros de este mismo grupo de 222 ex presos políticos han sido detenidos por las autoridades de inmigración estadounidenses, y al menos uno ya ha sido deportado. Otros se encuentran bajo la amenaza inminente de ser expulsados del país que inicialmente les abrió las puertas.
Human Rights Watch documentó el pasado 2 de octubre que siete integrantes del grupo original permanecían bajo custodia migratoria, algunos de ellos con solicitudes de asilo formalmente en trámite. Uno de ellos fue deportado a Honduras, a pesar del evidente riesgo que representa el alcance operativo de las redes de inteligencia del régimen nicaragüense en los países vecinos.
Cuando llegué a Nicaragua en 1991, la nación apenas intentaba emerger de los estragos de la revolución, la guerra civil y la devastación económica. Violeta Barrios de Chamorro había derrotado a Ortega en unas elecciones históricas. Los exiliados retornaban a la patria y antiguos adversarios aprendían a sentar las bases del consenso político. El país respiraba un profundo optimismo.
Trabajé codo a codo con profesionales nicaragüenses para fortalecer las instituciones democráticas, modernizar los gobiernos locales, respaldar a la sociedad civil y promover oportunidades educativas y económicas. Estábamos convencidos de que la democracia echa raíces y perdura.
Treinta y cinco años después, gran parte de la institucionalidad que tanto esfuerzo costó construir ha sido completamente desmantelada.
Ortega y su esposa, Rosario Murillo, han consolidado un control absoluto sobre el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el resto de los poderes del Estado. El periodismo independiente ha sido acallado o forzado al exilio. Las organizaciones civiles y las universidades han sido clausuradas de forma masiva, mientras que los opositores políticos sufren cárcel, expulsión o el despojo de su ciudadanía.
La represión no da tregua. Reuters informó el 14 de octubre que decenas de familias buscan desesperadamente a familiares desaparecidos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Expertos de las Naciones Unidas han documentado al menos 161 casos de desaparición forzada desde que inició la acometida estatal en 2018.
Y la persecución del régimen ya no se detiene en las fronteras nacionales. Tanto el Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han documentado labores de espionaje, amenazas, hostigamiento y violencia dirigida contra opositores en el exilio y sus familias. Incluso quienes lograron salir de las mazmorras de Ortega siguen estando al alcance del aparato represivo estatal. Esta situación resulta alarmante para la comunidad del sur de la Florida, donde residen miles de nicaragüenses que huyeron de la persecución para rehacer sus vidas.
Existe una paradoja preocupante en la política exterior y migratoria de Estados Unidos. Mientras la administración Trump aplica sanciones a funcionarios del régimen nicaragüense por violaciones a los derechos humanos, las autoridades migratorias del mismo país detienen a quienes arriesgaron todo por enfrentarse a esa misma represión.
Estados Unidos debe velar por el cumplimiento de sus leyes de migración. Sin embargo, dicha aplicación debe ser coherente con sus compromisos internacionales de protección frente a la persecución y la tortura, asegurando que ninguna deportación a terceros países exponga a las víctimas a represalias o a una devolución forzosa a territorio nicaragüense.
Mi paso por Nicaragua me dejó una lección amarga: contribuimos a edificar instituciones, consolidar tribunales y empoderar a la ciudadanía. Aquellos logros fueron reales, pero cometimos el error fundamental de confundir el avance democrático con la permanencia institucional.
Mientras la atención internacional se desviaba hacia otros conflictos, Ortega ejecutó una estrategia calculada durante décadas para acaparar el poder político. La estructura formal de las instituciones se mantuvo, pero su independencia fue anulada progresivamente.
La democracia no tiene un punto final de llegada; exige instituciones independientes, un Estado de derecho sólido y ciudadanos dispuestos a defenderlos, a menudo pagando un costo personal sumamente alto.
Los 222 nicaragüenses que abordaron aquel avión en 2023 ya pagaron ese precio. Hoy, algunos corren el riesgo de perder nuevamente su libertad, ya no a manos de la dictadura de Ortega, sino por las acciones del mismo país que les ofreció refugio.
Estados Unidos no puede restituir por sí solo la democracia en Nicaragua, pero sí tiene en sus manos decidir cómo trata a quienes sacrificaron su libertad para intentar defenderla.
La autora es diplomática de carrera jubilada del Servicio Exterior de EE. UU., integrante de las organizaciones National Security Leaders for America y The Steady State, y especialista en asuntos internacionales y desarrollo con sede en Springfield, Virginia. Codirige el Grupo de Discusión sobre América Latina y el Caribe en la casa histórica DACOR Bacon House en Washington, D.C.
Este artículo de opinión fue publicado originalmente en el diario South Florida Sun Sentinel.
